Capturaron a Alberto “N”, faltan Aispuro y Elvira | La captura de Ovidio, Biden ordena y AMLO obedece
- La captura de Alberto “N” y la impunidad de Aispuro y Elvira.
- La trágica y patética detención de Ovidio.
En los registros del INEGI, realizados en los años 2017 y 2019, Durango ocupó consecutivamente el primer lugar a nivel nacional con mayor tasa de prevalencia de corrupción por 100,000 habitantes; hoy, en su último ejercicio elaborado en 2021, el INEGI coloca a esta entidad norteña en el cuarto sitio, solo después de Quintana Roo, Puebla y Baja California.
Sin embargo, Durango no ocupa el cuarto lugar en corrupción a nivel nacional porque haya disminuído esta práctica en esta entidad, sino porque fue superado por los estados arriba señalados.
El ambiente de corrupción que se respira en la tierra de Francisco Villa es quizá mucho más intenso con la llegada del nuevo gobierno priista encabezado por Esteban Villegas Villarreal.
Como se sabe, con el exporro de la UJED llegaron a gobernar personajes verdaderamente siniestros, ya más que conocidos por la ciudadanía duranguense. Personajes que durante los sexenios de los priistas Ismael Hernández Deras y Jorge Herrera Caldera causaron severos daños al erario y a quienes se atravesaran en sus caminos.
Hoy, el cantante desafinado de San Juan del Río, que por más intentos que hace por convencernos de que él es realmente el gobernador de Durango no logra su objetivo, pretende darnos otro gato por liebre, atole con el dedo o circo romano patito con la detención del ex subsecretario de Egresos del gobierno pasado, José Alberto Bustamante, realizada el pasado fin de semana.
José Alberto Bustamante está acusado de sustraer mil quinientos millones de pesos junto con el exsecretario de Finanzas, Arturo Díaz Medina; cifra por demás exorbitante tomando en cuenta que José Alberto Bustamante era un funcionario de tercer o cuarto nivel, y más cuando todos sabemos que el exgobernador saqueador José Rosas Aispuro y su esposa ladrona Elvira Barrantes durante todo el sexenio controlaron cada peso que entraba y salía de las arcas del gobierno estatal.
Sí que está metido en un lío el falso “médico especialista C”, pues cualquier camino que tome en el combate a la corrupción en Durango lo lleva irremediablemente hacia la pareja de bribones conformada por “El Hombrecito de Tamazula”, José Rosas Aispuro, y su depredadora esposa, Elvira Barrantes.
Mientras este par de transgresores de la ley y sus más cercanos esbirros disfruten de total impunidad y los miles de millones de pesos que sustrajeron del erario no sean recuperados, cualquier intento que haga el gobernador de marras Esteban Villegas para hacernos creer que realmente está haciendo justicia, será en vano. Ya vimos esta misma obra de teatro, pero montada por José Aispuro cuando encarceló al principal mafioso del sexenio herreracalderista, que salió en libertad muy campante sin haber devuelto un solo peso de los cientos de millones que se robó de la “miscelánea” estatal.
Trágica y patética fue la detención del narcotraficante sinaloense Ovidio Guzmán, hijo del tristemente célebre Chapo Guzmán, abiertamente protegido por el gobierno lopezobradorista.
Fue obvio que la captura de este personaje se debió a fuertes presiones del gobierno estadounidense, previas a la visita del presidente Joe Biden.
En redes sociales se menciona que representantes del gobierno gringo habrían advertido al presidente “izquierdista” Andrés Manuel López Obrador que de no realizar esa detención procederían a dar a conocer sus nexos y los de su familia con grupos de la delincuencia organizada que habrían financiado sus largas campañas electorales que lo llevaron a la presidencia de la República. Por lo demás, los estadounidenses ya traían en la mira a Ovidio Guzmán, por ser el principal introductor de fentanilo a los Estados Unidos.
Lo que sea, deja muy mal parada a la administración “izquierdista” de López Obrador que en sus cuatro años de gobierno no integró ninguna carpeta de investigación contra este narcotraficante que ahora podría ser extraditado a Estados Unidos pues es reclamado por la justicia de este país.
Este numerito, “planeado durante seis meses” por el gobierno lopezobrasorista, causó la muerte de 29 personas: 10 militares y 19 integrantes del Cartel de Sinaloa; una cantidad incierta de heridos y pérdidas económicas millonarias entre la población civil, que sufrió la quema de sus vehículos y negocios por los “narcobloqueos” que llevaron a cabo los grupos delictivos pertenecientes a este cartel.
Hasta aquí nuestra Tarde de perros…