El genocidio por meningitis y la responsabilidad de Aispuro
Fernando Miranda Servín.
La detención del extitular de la Comisión para la Protección Contra Riesgos Sanitarios del Estado de Durango (COPRISED), Joaquín Gardeazábal, realizada ayer por la Fiscalía General de esta entidad, deberá ser el detonante para esclarecer de una vez por todas el criminal entramado de corrupción que provocó el genocidio terrible por meningitis, que por desgracia ha cobrado la vida de 35 personas, en su mayoría mujeres jóvenes.
Joaquín Gardeazábal es esposo de María Antonia Durán, la exsecretaria privada del exgobernador saqueador panista José Rosas Aispuro Torres y, por lo tanto, era parte del círculo cercano de amistades de este.
En los hechos, fue José Rosas Aispuro quien impuso a este exjefe policíaco y pseudolicenciado al frente de la COPRISED, sin contar con los requisitos más elementales como por ejemplo tener un título profesional y experiencia para desempeñar un cargo de esa naturaleza.
La COPRISED entre las funciones que tiene están las de regular, vigilar e inspeccionar el buen funcionamiento de los hospitales públicos y privados del estado de Durango.
A Joaquín Gardeazábal se le acusa de cometer los delitos de Ejercicio indebido del servicio público y Homicidio, pues no cumplía con los requisitos legales para ocupar tal cargo y durante el tiempo que estuvo al frente de la COPRISED incurrió en omisiones graves que derivaron en el brote de meningitis que ya ha matado a 35 personas.
Aparte del quebranto económico, esta fue otra herencia fatídica que nos dejó “El Hombrecito de Tamazula”, José Rosas Aispuro, un demagogo improvisado que llegó al poder rodeado de delincuentes y de su parentela corrupta.
Hoy, el pueblo de Durango sufre las consecuencias de haber sido gobernado por un exmandatario bribón, que “gobernó” con amigos, cuñadas, compadres y hermanos putativos.
El costo del sexenio corrupto de Aispuro fue terrible, pues trascendió de los saqueos financieros a la pérdida de vidas humanas. Vidas de ciudadanos, en su mayoría mujeres jóvenes.
Esta debería ser una razón más para que el gobierno que encabeza el priista Esteban Villegas llame a cuentas ante la justicia al oriundo de Tamazula, que ya anda en busca de una senaduría.
Desde septiembre del año pasado, el panista sátrapa tiene pendiente una denuncia en su contra ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción por haber robado a la Universidad Juárez del estado de Durango recursos federales que le debió haber entregado y que ascienden a 304 millones de pesos. Es inaudito que el titular de esta Fiscalía Anticorrupción no esté haciendo lo conducente para consignar al exmandatario saqueador ante un juez.
Esta terrible lección nos pone en alerta sobre los inconvenientes de dejar hacer a nuestros gobernantes lo que se les pega la gana con el poder que les conferimos.
Y en este esquema también ya encaja el gobierno del priista Esteban Villegas, quien ha impuesto en cargos relevantes a personajes incompetentes, expresidiarios y a otros relacionados con la delincuencia organizada.
En Durango, quizá el consuelo que nos quede es que nuestros políticos voraces nos sigan robando, pero que ya no nos maten.