Exsecretario de Salud de Durango, debe ser encarcelado
Fernando Miranda Servín.
La cadena de responsables del genocidio de meningitis por corrupción en Durango, que hasta el momento ha matado a 35 personas que por diversas causas se atendieron en cuatro hospitales privados de esta entidad, llega hasta el más alto nivel del anterior gobierno panista y de la actual administración priista, encabezada por Esteban Villegas Villarreal, el falso “Medico Especialista C”, que se otorgó a sí mismo esta categoría laboral cuando fue titular de la secretaría de Salud durante el sexenio de Jorge Herrera Caldera (2010-2016).
Sin lugar a dudas, un hecho crucial que fue uno de los principales detonantes de esta tragedia fue la imposición del expolicía de vialidad y falso licenciado, Joaquín Gardeazábal, como titular de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COPRISED), institución que fiscaliza, vigila, inspecciona y regula el funcionamiento de los hospitales públicos y privados de Durango.
Hoy, Joaquín Gardeazábal está preso en el CERESO de Durango acusado de los delitos de Ejercicio indebido del servicio público y Homicidio, por sus acciones y omisiones relacionadas con el genocidio de meningitis por corrupción perpetrado en esta entidad.
Fue el exgobernador saqueador panista, José Rosas Aispuro Torres, quien cometió la imprudencia criminal de imponer a su amigo cercano en semejante puesto, pues en los cargos que había desempeñado Gardeazábal como policía y luego como “candidato independiente” a la alcaldía de Durango, había fracasado rotundamente.
Sin embargo, quien le otorgó a Joaquín Gardeazábal oficialmente el cargo de titular de la COPRISED fue el exsecretario de Salud, Dr. Sergio González Romero, un tipo servil que desde el día que tomó posesión, el 11 de julio de 2018, sustituyendo al Dr. César Franco Mariscal (también corrupto), permitió que un pequeño grupo de vivales incondicionales del exmandatario José Rosas Aispuro, hiciera y deshiciera en esta dependencia, sobre todo en el aspecto administrativo, perjudicando totalmente el buen funcionamiento de esta importante institución.
El 16 de junio de 2020, por órdenes del sátrapa José Rosas Aispuro Torres, el Dr. Sergio González Romero nombró “legalmente” al expolicía de vialidad y falso licenciado, Joaquín Gardeazábal, como Comisionado Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios en Durango, a sabiendas de que este sujeto no cumplía con ninguno de los requisitos de ley para ocupar dicho cargo, violando la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios de Durango.
Ahora, Sergio González Romero, por obligación, debe ser consignado ante un juez por la Fiscalía General de esta entidad por los delitos de Ejercicio indebido del servicio público, Comisión por omisión y Homicidio, pues es más que evidente que su abyecta actuación de cumplirle sus caprichos al exgobernador José Rosas Aispuro de nombrar a su amigo expolicía, Joaquín Gardeazábal, como titular de la COPRISED fue un factor relevante que trajo como consecuencia la mayor tragedia sanitaria por actos de corrupción que ha sufrido Durango en toda su historia.
A esto se suma también el deleznable papel que está desempeñando el gobierno del priista Esteban Villegas Villarreal y su Fiscalía carnala, que a toda costa pretenden fabricar al anestesiólogo Omar “N” como el único responsable del genocidio de meningitis, culpándolo de haber introducido medicamentos y aplicarlos a los pacientes en los cuatro hospitales privados en los que se originó el brote de esta enfermedad; esto, para deslindar de responsabilidades a los propietarios de estos hospitales, que son poderosos empresarios locales ligados a la clase política duranguense, y que son quienes podrían haber adquirido de manera ilegal la Bupivacaína caducada o mal manejada que desató la meningitis mortal. Como se sabe, a estos empresarios se les facilitó la huida y se encuentran prófugos.
Al respecto, el Colegio Médico de Durango ya manifestó públicamente que los médicos “están alejados del proceso de adquisición y manejo de los medicamentos en los hospitales públicos y privados”.
Mientras esto sucede, cada día crece más la indignación al interior de la secretaría de Salud por el encubrimiento que el gobierno del priista Esteban Villegas continúa ofreciendo a quienes se considera son los verdaderos autores de esta tragedia.
“Aquí dentro de la secretaría de Salud todos sabemos quiénes eran los funcionarios que sustraían cantidades enormes de medicamentos a punto de caducar y los vendían a algunos hospitales privados de Durango. En algún momento las cosas les tenían que salir mal. Se trata de un médico anestesiólogo, que por supuesto no es Omar “N”, y de una exfuncionaria muy cercana a Elvira Barrantes, la esposa del exgobernador Aispuro”, comenta un médico directivo de esta dependencia, solicitando el anonimato.
Ahora, la detención ilegal del médico anestesiólogo Omar “N”, quien estaba amparado, lejos de calmar la presión social en Durango sobre este tema la ha aumentado, pues a la marcha convocada por ciudadanos y familiares de las víctimas (35 fallecidos) para este viernes 10 de febrero a las 4:30 p.m., que partirá de la Av. 20 de Noviembre esquina con Heroico Colegio Militar y culminará en el centro de la capital duranguense, se sumará un amplio sector del gremio médico apoyando a su compañero, el anestesiólogo Omar “N”, y exigiendo que las investigaciones de este genocidio se lleven a cabo de manera seria y profesional, para que los verdaderos responsables de este genocidio sean castigados conforme a derecho.
Esto, por supuesto, deja muy mal parado al incipiente y pésimo gobierno que está ejerciendo el priista Esteban Villegas Villarreal, quien ha formado parte activa de la clase política que ha hundido a Durango en la pobreza, corrupción e impunidad.