AMLO y Esteban Villegas, destructores del Poder Judicial de Durango
De la redacción de razacero.
Fue a finales de septiembre de 2022 cuando el dedo flamígero del presidente Andrés Manuel López Obrador señaló a la diputada federal priista Yolanda de la Torre y de inmediato el obediente gobernador priista Esteban Villegas Villarreal y el Pleno del Tribunal Superior de Justicia de Durango realizaron los preparativos para designar a esta diputada como Presidenta del Poder Judicial duranguense.
Y así, de prisa y sin importar que con este nombramiento se violara el artículo 110 de la Constitución local, que establece que para ser magistrado del Tribunal Superior de Justicia es obligatorio no haber ocupado un cargo de elección popular durante el año previo al día de la elección, se cumplió la orden del principal inquilino del Palacio Nacional.
Como ya todo México lo sabe y recientemente lo machacó el senador hidalguense Miguel Ángel Osorio Chong, esta designación fue producto del arreglo político al que llegaron el dirigente nacional priista Alejandro Moreno (Alito Moreno) y el presidente de la República para que la diputada federal Yolanda de la Torre presentara en la Cámara de Diputados la iniciativa para militarizar la Guardia Nacional hasta el año 2028. A cambio de esto, López Obrador ordenó al gobernador priista Esteban Villegas entregarle de inmediato la presidencia del Poder Judicial a Yolanda de la Torre.
Sin embargo, el gobernador de marras y exporro estudiantil también solicitó su tajada e impuso en el Consejo de la Judicatura a su exsecretaria particular, Irma Selene Soto Rodríguez, como Consejera Presidenta de la Comisión de Administración.
Hoy, esta dupla de “servidoras públicas” está causando graves estragos en la impartición de justicia en el estado de Durango, daños que indudablemente están contribuyendo a aumentar el grado de ingobernabilidad que se vive en esta entidad.
Así, de acuerdo a testimonios de trabajadores del Poder Judicial duranguense, que por razones obvias solicitan el anonimato, es común ver a la presidenta del Poder Judicial recorrer en su silla de ruedas, empujada por sus asistentes, los juzgados y las salas de los magistrados amenazando al personal con correrlos y tratando despóticamente a quien ose dirigirle la palabra para consultarle algún asunto.
“Los despidos arbitrarios han ocasionado mayor carga de trabajo para quienes permanecemos en el Poder Judicial y el hostigamiento laboral por parte de Yolanda de la Torre es constante”, denuncian los trabajadores del Tribunal Superior de Justicia duranguense.
Sin embargo, agregan los quejosos, algunos magistrados y jueces que han sido señalados por su ineptitud y actos de corrupción no son molestados por esta servidora pública.
Este acoso laboral y excesiva carga de trabajo perjudica directamente a los abogados y a los ciudadanos que llevan sus casos en este Tribunal, apuntan los trabajadores.
Y lo mismo sucede en el Consejo de la Judicatura, en donde el gobernador Esteban Villegas impuso a su exsecretaria particular, Irma Selene Soto, quien, de acuerdo a los trabajadores del Poder Judicial, no cumple con el perfil para ocupar este cargo.
“Las antesalas para entrevistarse con la Lic. Irma Selene Soto duran horas y generalmente es tiempo perdido pues la mayoría de las veces, cuando se encuentra en su oficina, no resuelve los problemas que le plantean los trabajadores del Poder Judicial, y con frecuencia se ausenta para asistir a eventos sociales, abandonando su lugar de trabajo. El trato que da también es despótico”, refieren los denunciantes.
Mientras esto sucede, los saqueos millonarios que se perpetraron en el Fondo Auxiliar de este Poder Judicial en el sexenio pasado, durante la presidencia del magistrado Ramón Guzmán Benavente, permanecen impunes, sin que la titular de esta institución, Yolanda de la Torre, haga nada por recuperar esas enormes cantidades de dinero sustraídas, por cuyos hechos inclusive existen denuncias interpuestas ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del estado de Durango.
A grandes rasgos, este es el estado caótico y frustrante que los trabajadores del Poder Judicial de Durango viven todos los días, una situación que por desgracia afecta directamente a la ciudadanía.