Congreso de Durango, el más opaco de México
De acuerdo a información del Instituto Mexicano para la Competitividad A.C., entre los Poderes Legislativos de todo el país, el Congreso de Durango es el que menos presupuesto destina para auditorías y fiscalización del gobierno estatal, municipios y organismos autónomos.
Informe Legislativo 2023
¿Contrapeso o desequilibrio de poder?
- Para 2023, el presupuesto aprobado de los Poderes Legislativos estatales suma 21 mil 196.5 millones de pesos: 74% para los Congresos y 26% para los órganos de fiscalización.
- Solo en San Luis Potosí, Coahuila y Puebla, el presupuesto se distribuye equitativamente entre Congresos y órganos de fiscalización. Por el contrario, en Durango y Morelos el órgano de fiscalización solo recibe siete y nueve centavos de cada peso gastado por el Poder Legislativo, respectivamente.
- El presupuesto promedio de los Congresos estatales por diputado es de 13.4 millones de pesos. Sin embargo, varía entre 4.8 mdp en Colima y 31.3 mdp en Baja California.
El Poder Legislativo a nivel estatal está compuesto por un Congreso -unicameral- y por un órgano de fiscalización. Los Congresos son organismos representativos compuestos por diputados y diputadas que están encargados de representar a la ciudadanía, emitir y reformar leyes y aprobar los ingresos y presupuestos estatales. Los órganos de fiscalización son las instituciones encargadas de auditar el uso del gasto público, así como recomendar mejoras en la gestión, sancionar a servidores públicos y recuperar recursos públicos.
Analizar su estructura y presupuesto es fundamental para monitorear su función de contrapeso y control presupuestario. Tanto los Congresos como los órganos de fiscalización -o auditorías- desempeñan un papel clave a lo largo del ciclo presupuestario y en el equilibrio de la división de poderes. Por ello, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) analizó la estructura y asignación presupuestal de los congresos y órganos de fiscalización de las entidades federativas e identificó tres principales riesgos:
- La asimetría en los presupuestos de los Poderes Legislativos plantea un desequilibrio. La Ciudad de México, el Estado de México y Michoacán cuentan con los mayores presupuestos, mientras que Colima, Yucatán y Campeche tienen los más bajos. Esta situación refleja la asimetría en la asignación presupuestal a pesar de cumplir con funciones legislativas similares. La asimetría también se refleja en el presupuesto aprobado de las entidades federativas. De los 2.7 billones de pesos aprobados para 2023, los Poderes Legislativos recibirán menos de 1%, equivalente a 21 mil 196.5 millones de pesos (mdp). La mayor parte del presupuesto de los Poderes Legislativos estatales se destina a los Congresos, 74% del total equivalente a 15 mil 715 mdp. El 26% restante, que representa un monto de 5 mil 482 mdp, es el presupuesto total para los órganos de fiscalización.
Para dimensionarlo, la Cámara de Diputados Federal (con 8 mil 572 mdp) recibe 56% más que la suma de todas las auditorías locales. La asignación desproporcionada entre los entes legislativos plantea un riesgo para el funcionamiento de los órganos de fiscalización. Solo en San Luis Potosí, Coahuila y Puebla, el presupuesto se distribuye equitativamente entre Congresos y órganos de fiscalización. Por el contrario, en Durango y Morelos el órgano de fiscalización solo recibe siete y nueve centavos de cada peso gastado por el Poder Legislativo, respectivamente.
- La falta de criterios para determinar el costo “ideal” de un Congreso. La poca claridad en la determinación del número de legisladores por estado y la complejidad para evaluar el trabajo legislativo dificultan calcular el presupuesto idóneo para los Congresos. Sin embargo, al comparar la Cámara de Diputados de Chile con un presupuesto aprobado de 1,856.5 millones de pesos para 2023 y dividirlo entre el número de legisladores (155 diputados), se encuentra que el presupuesto promedio por diputado chileno (11.98 mdp) es menor que el promedio de los diputados de varios estados mexicanos (13.43 mdp).
En cuanto al costo del trabajo legislativo en el Congreso, Baja California es el estado con mayor presupuesto por número de diputados (31.3 millones de pesos), seguido por la Ciudad de México (25 millones de pesos). En el lado opuesto están Colima y Campeche, con 4.8 y 5.8 millones de pesos, respectivamente. La disparidad en los costos del trabajo legislativo entre estados genera interrogantes sobre su justificación.
- Pocos recursos para vigilar el presupuesto público. Cuando no existe vigilancia y fiscalización, los Congresos estatales descuidan sus obligaciones y son cómplices de las inadecuadas prácticas de gobierno. Respecto al año anterior, el presupuesto de las auditorías aumentó, en términos reales, 4.1%. No obstante, es importante destacar que en las 32 entidades federativas existen diferencias significativas. En términos absolutos, la auditoría con más recursos es la del Estado de México (421.3 mdp). Por otra parte, Durango (29.3 mdp) y Baja California Sur (33 mdp) son los que menos recursos destinarán.
En diez estados se destina menos del 20% del presupuesto del Poder Legislativo a sus auditorías estatales. Destacan Morelos que destina 8.8% y Durango 6.6%. En términos relativos, hay diferencias en los presupuestos asignados a las auditorías cuando se comparan en proporción a la población de cada estado. El presupuesto de la auditoría por habitante en Quintana Roo será de 113.9 pesos en 2023, en San Luis Potosí de 103 pesos y en Zacatecas de 81.4 pesos. En contraste, en Durango únicamente se destinarán 15.4 pesos por habitante a la auditoría, seguido por Morelos (22.4 pesos) y Veracruz (22.5 pesos).
En conjunto, estos riesgos afectan la gobernanza, la confianza ciudadana y el desarrollo democrático de las entidades federativas. Por ello, el IMCO Propone:
- Incluir reglas para sancionar a los diputados y funcionarios que no cumplan con la obligación de convocar o presentarse ante el Congreso local. Las leyes estatales contemplan comparecencias obligatorias de funcionarios públicos, pero sin consecuencias reales, por lo que se tienen que establecer sanciones para reforzar la supervisión y la rendición de cuentas efectiva.
- Crear apartados en las páginas de los Congresos locales en donde se pueda consultar toda la información relativa a la función de control presupuestario. Al hacer públicos los informes de finanzas públicas, se genera un mecanismo de control ciudadano sobre el manejo de los recursos. Así, pueden identificarse posibles irregularidades y exigir a los diputados un correcto ejercicio de sus facultades de vigilancia y contrapeso.
- Asegurar que los informes de las finanzas públicas sean revisados de manera transparente y obligatoria por los diputados. Los diputados deberán ayudarse de los centros de estudios y comisiones para verificar informes y prevenir malos manejos de recursos públicos, además de mejorar los mecanismos para alertar a los órganos de fiscalización para auditorías y sanciones si es necesario.
(IMCO)