Sandra Amaya y los resultados de 5 años de corrupción.
De la redacción de razacero.
La encuesta de la empresa Massive Caller, elaborada el 19 de octubre de este año 2023, sin lugar a dudas refleja la verdadera posición política y social de la diputada morenista Sandra Amaya, actual presidenta de la JUCOPO del Congreso de Durango.
Este ejercicio, basado en la pregunta: “De las siguientes personas, ¿quién le gustaría que fuera el candidato a senador?”, de entre los aspirantes del partido Morena, coloca a la diputada Sandra Amaya en cuarto lugar, con 5.3% de preferencias, muy por debajo de la senadora morenista Margarita Valdéz, quien obtuvo el tercer lugar con un resultado del 10.3%.
Ser dobleteada por la senadora Margarita Valdéz, quien ha desempeñado un pésimo papel en el Senado de la República, es un mensaje claro para la diputada Sandra Amaya de que no tiene la simpatía ni de su partido ni de la ciudadanía, y que lo mejor para ella es que deje a un lado sus costosas aspiraciones (pagadas con el erario duranguense) y se dedique a trabajar a favor del pueblo de Durango, por lo menos estos últimos meses que le quedan de diputada.
Sí, porque desde septiembre de 2018, fecha en que llegó al Congreso de Durango gracias al voto en cascada a favor de López Obrador y luego de ser militante de los partidos PAN y Encuentro Social, solo se ha dedicado a agredir a sus electores haciendo componendas con los gobernadores en turno, como el panista José Aispuro Torres y el priista Esteban Villegas Villarreal.
Es difícil que la ciudadanía olvide que Sandra Amaya como presidenta de la JUCOPO en la LXVIII Legislatura (2018-2021) y como líder de la oposición mayoritaria conformada por los partidos de izquierda, Morena y PT, solapó los saqueos, latrocinios y violaciones a los derechos humanos contra la ciudadanía duranguense perpetrados por el exmandatario panista José Aispuro Torres, en cuyo sexenio avaló todas las Cuentas públicas corrompidas de los secretarios de despacho aispuristas.
Aparte de la aprobación de créditos que endeudaron más a Durango, con Sandra Amaya al frente de la JUCOPO y como lideresa de la fracción mayoritaria izquierdista, el Congreso de Durango alcanzó su climax histórico en cuanto a opacidad y bajo rendimiento legislativo, convirtiéndolo en uno de los congresos más corruptos del país (ver reportaje Congreso de Durango, de los más corruptos de México).
Ahora, en la LXIX Legislatura Sandra Amaya repitió como diputada pero por la vía plurinominal, pues evitó contender por mayoría relativa precisamente por el pésimo desempeño que tuvo en la LXVIII Legislatura.
Sin embargo, esta diputada de marras ha seguido actuando de la misma manera que lo ha hecho desde el año 2018; es decir, ha seguido sirviendo fielmente a los intereses del gobernador en turno, en este caso del priista Esteban Villegas Villarreal, ignorando por completo los intereses del electorado que votó por Morena pensando que realmente este partido sería un verdadero contrapeso en el Poder Legislativo de esta entidad norteña.
Hoy, como diputada de izquierda, supuestamente opositora al gobierno priista que ostenta el poder en Durango, Sandra Amaya tiene ya muchas cuentas pendientes con el electorado morenista por sus actitudes pusilánimes y serviles, como su tibio papel ante la tragedia de las 38 muertes por meningitis, provocadas por la corrupción en el sector salud, tanto en el sexenio de Aispuro Torres como en la administración de Esteban Villegas.
Otras actitudes de esta diputada, dignas de reclamo social, son sus críticas tardías al exmandatario panista Aispuro, contra quien jamás actuó por la vía legal por los graves descalabros que provocó al erario duranguense; su apoyo incondicional al gobernador priista Esteban Villegas para imponerle al pueblo de Durango el replaqueo vehicular ilegal; la aprobación del endeudamiento, que a un año de gobierno villeguista ya alcanzó la cifra de 4 mil 500 millones de pesos; su nulo compromiso en la defensa de las mujeres duranguenses, violentadas por funcionarios e instituciones del gobierno estatal (ella solo defiende a periodistas traficantes de influencias) y su lastimoso papel como comparsa del gobernador priista Esteban Villegas avalando la imposición de su auditora carnala, Gabriela Gaitán, como titular de la Entidad de Auditoría Superior del Estado.
Su ambición y enriquecimiento ilícito (comprobable por la colección de propiedades millonarias y lujosos automóviles que ha adquirido junto con su cónyuge), su ineficacia para servirle a sus electores y sus traiciones a quienes la ayudaron a empoderarse, complementan el “capital político” que durante los últimos cinco años Sandra Amaya ha acumulado y con el cual ella cree que puede aspirar a obtener un escaño en el Senado de la República.
La reveladora encuesta de Massive Caller, respecto al partido Morena, pone a la cabeza de las preferencias electorales de los duranguenses para que los represente en el Senado al conocido Dr. José Ramón Enríquez Herrera, que actualmente es senador morenista, aunque este legislador no se ha caracterizado por asumir un papel activo en la defensa de los derechos de los duranguenses, ni en el anterior sexenio del panista José Aispuro Torres ni en la actual administración abusiva del priista Esteban Villegas Villarreal.
El segundo lugar lo ocupa la lagunense Marina Vitela, excandidata a la gubernatura y actual Presidenta del Consejo Estatal del partido Morena en Durango.
Marina Vitela tiene a su favor el haber obtenido en la contienda electoral de 2022 más de 250 mil votos y al parecer el gobernador de marras, Esteban Villegas, la tiene catalogada como la enemiga a vencer, al grado de que en el círculo político duranguense ha trascendido el abierto patrocinio y apoyo que el mandatario sanjuanero le está dando a su amiga incondicional, la diputada morenista Sandra Amaya, para que sea esta la que llegue al Senado de la República y no Marina Vitela; este hecho, lejos de beneficiar a la legisladora guinda acomodaticia, termina por hundirla completamente junto con sus costosos espectaculares que ya se ven en las principales avenidas de la capital duranguense, pagados, obviamente, con recursos provenientes del Congreso y del gobierno estatal priista.