Un matrimonio de rufianes
Fernando Miranda Servín.
De nueva cuenta, el portal noticioso duranguense Durango21 exhibió las andanzas de la diputada más corrupta en la historia de Durango, la morenista Sandra Amaya, actual presidenta de la JUCOPO del Congreso del estado de Durango. Esta vez, dando a conocer la primicia de la denuncia interpuesta por un ciudadano ante la Fiscalía Anticorrupción del estado de Durango, en contra de la “legisladora” de marras, por el delito de enriquecimiento ilícito.
Y es que las cifras no le cuadran a este personaje que ha hecho de la política un modus vivendi muy productivo, pero a costa de los contribuyentes.
La denuncia no tiene vuelta de hoja ni resquicios para justificar lo que evidentemente es injustificable. En ella resalta como parte medular la reciente adquisición al contado de una lujosa mansión cuyo precio catastral es de 3 millones 500 mil pesos (obviamente el inmueble costó mucho más) y una camioneta con un valor de 885 mil pesos, sin contar los costosísimos viajes a Europa, a los Estados Unidos y al Caribe que esta misma diputada y su cónyuge presumen con frecuencia en sus redes sociales.
La diputada morenista, de acuerdo a la denuncia fincada en la FECCED, durante los últimos cinco años ha tenido ingresos que ascienden a los 3 millones 287 mil 700 pesos, por lo que las cuentas no le salen aún suponiendo que no haya gastado ni un centavo en la manutención de su familia: ropa, comida, servicios, colegiaturas de los hijos, etcétera.
Por otra parte, el cónyuge de esta “legisladora” morenista también está involucrado en estos hechos, pues de acuerdo a la declaración patrimonial de la diputada corrupta Sandra Amaya, realizada cuando concluyó su periodo legislativo en el Congreso de Durango, de 2018 a 2021, esta reportó que su esposo adquirió dos propiedades, una en 2018 y otra en 2021.
Estas propiedades ascienden a más de dos millones 412 mil pesos.
De acuerdo a las investigaciones del portal Durango21, el esposo de la diputada corrupta Sandra Amaya, que se ostenta como “periodista”, resultó ser un pájaro de cuenta, pues aparece en la Plataforma Nacional de Transparencia como “director de una primaria en el sector educativo duranguense”, con un ingreso mensual bruto de 12 mil 764.06 pesos.
Al respecto, el portal noticioso Durango 21 detalla en su reportaje: “Mediante una solicitud de información, la Secretaría de Educación del Estado de Durango reveló que dicha persona no labora en alguna institución educativa, pues está adscrito a la Dirección de Formación Continua y Superación Profesional, cuya titular, María del Consuelo Macías Castro, precisó en un oficio que el trabajador está exento de registro de asistencia”.
En pocas palabras, el “periodista” David Mendívil, esposo de la diputada morenista Sandra Amaya, es un vil aviador de la secretaría de Educación duranguense, cuyo titular es el expresidiario Guillermo Adame, quien ha declarado reiteradamente que en esta dependencia no hay aviadores.
Cabe recordar que en esta misma situación está otro conocido “periodista” duranguense: el director y “conductor de noticieros” del canal 12, Heber García Cuellar, quien también cobra en esta misma secretaría un sueldo con ese mismo privilegio de no registrar asistencia. Por cierto, ambos personajes, David Mendívil y Heber García Cuellar, son compañeros en un espacio “noticioso” de este canal televisivo, en el que se dedican a atacar con infundios a periodistas críticos y a políticos que son adversarios del gobernador priista Esteban Villegas Villarreal.
Así las cosas, el ingreso anual que el “periodista” David Mendívil tiene como aviador de la secretaría de Educación es de 153 mil 168.72 pesos, pero como este pillo es muy “ahorrador”, en 2018 adquirió una propiedad al contado con un valor catastral de un millón 750 mil pesos y en 2021 compró otra casa, también al contado, por 662 mil pesos, valor catastral, por lo que es obvio que dichos inmuebles tuvieron un costo muy superior.
El auge económico de este matrimonio de rufianes comenzó en 2018, año en que Sandra Amaya gana una diputación local y llega al Congreso de Durango por el efecto cascada que provocó la popularidad de Andrés Manuel López Obrador. Una vez en el Congreso, la diputada morenista corrupta es designada presidenta de la JUCOPO de la LXVIII Legislatura y comienza a facilitar los saqueos y latrocinios del exgobernador panista José Aispuro Torres.
Es preciso mencionar que en esta misma legislatura (2018-2021), quien fuera séptimo regidor de Lerdo, Héctor González Salas, denunció públicamente que algunos diputados del Congreso “le pidieron” hasta 300 mil pesos al alcalde Homero Martínez, a cambio de autorizarle un crédito de 30 millones de pesos.
Como se sabe, este tipo de “autorizaciones” y las “revisiones” de las Cuentas públicas de los municipios, dependencias estatales y organismos autónomos representan un jugoso negocio para los diputados.
También, durante esta LXVIII Legislatura, la diputada Sandra Amaya benefició a su cónyuge con fuertes cantidades de recursos económicos provenientes de la dirección de Comunicación Social del Congreso, cuyo titular era Víctor Hugo Hernández Fuentes, actual director de Comunicación Social del gobierno del estado de Durango, cargo que ha aprovechado para darle contratos publicitarios a su papá, el “periodista” Víctor Hernández.
Como se ve, este pequeño grupo de pillos están hermanados por la corrupción y el saqueo a las arcas públicas duranguenses, y operan cobijados por el gobernador en turno, en este caso el priista Esteban Villegas Villarreal. Los delitos que este cartel de delincuentes están cometiendo difícilmente serán sancionados, pues las principales instituciones controladoras, fiscalizadoras e impartidoras de justicia en esta entidad son sobornadas y están sometidas al gobernador priista Esteban Villegas, como la Fiscalía General, la Entidad de Auditoría Superior del Estado, la secretaría de la Contraloría y todo el Sistema Local Anticorrupción.
Esta marcada ingobernabilidad por supuesto que ya ha provocado un alto malestar social, al grado de que amplios sectores ya manejan la idea de comenzar a organizar la revocación de mandato para el gobernador priista Esteban Villegas Villarreal, por el altísimo grado de impunidad que se vive en esta entidad norteña.
La denuncia en la FECCED contra la diputada morenista Sandra Amaya y su cónyuge por enriquecimiento ilícito, es una denuncia más que no solamente pone a prueba a todo el Sistema Local Anticorrupción, sino a todo el aparato de gobierno del estado de Durango, pues se trata de aplicar la ley hasta sus últimas consecuencias o aceptar que vivimos bajo un Estado de derecho totalmente fallido.