La isla anárquica del empleado del Mayo Zambada
Fernando Miranda Servín.
En los meses previos a las elecciones de 2022, el gobernador sátrapa priista y represor de periodistas, Esteban Villegas Villarreal, se jactaba y presumía con algunos políticos duranguenses sus encuentros con “el señor del sombrero”.
Hoy, para nadie es un secreto en Durango que el exporro estudiantil obtuvo la gubernatura de esta entidad apoyado y patrocinado por el capo Ismael “El Mayo” Zambada, con el aval del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Este pacto delictivo significó una auténtica patente de corso para el mafioso sanjuanero, quien en el trienio 2013-2016 como alcalde saqueó las arcas del municipio de Durango, a tal grado que el proceso de entrega-recepción de su administración fue declarado nulo por su sucesor, José Ramón Enríquez Herrera.
Ahora como mandatario estatal, este sirviente de los poderes fácticos y sus secuaces han tenido libre acceso al erario para sustraerlo de manera ilegal (robarlo) sin que ninguna instancia procuradora de justicia los meta al orden, pues para evitar esto el ladronzuelo gobernador se encargó de imponer en las fiscalías anticorrupción y del estado a dos de sus incondicionales: Noel Díaz y Sonia Yadira de la Garza, nombres que casualmente aparecen en los reportes de la SEDENA hackeados por Guacamaya Leaks, vinculados al crimen organizado.
Las otras dos instancias que deberían sancionar actos de corrupción de servidores públicos también están en manos de incondicionales de este político bribón: la secretaría de la Contraloria a cargo de la corruptísima Tania Julieta Hernández Maldonado (exdirectora de Contraloría de Esteban Villegas cuando fue alcalde de Durango) y la Entidad de Auditoría Superior del Estado a cargo de Gabriela Gaitán (exdirectora de Finanzas del municipio de Durango… sí, cuando Esteban Villegas fue alcalde).
Así, sin ningún freno, este ladrón profesional y su célula delictiva se están robando el presupuesto estatal de Durango y también los recursos federales, pues por este mismo pacto de impunidad (Zambada-Villegas-López Obrador) ni el gobierno federal ni la Auditoría Superior de la Federación vigilan, fiscalizan, auditan o sancionan a los responsables de las finanzas del gobierno de Durango.
Por eso en esta entidad norteña la opacidad y la impunidad son totales y una pequeña muestra de esto se da en la dirección de Comunicación Social, en donde su titular, Víctor Hugo Hernández Fuentes, compadre del gobernador bananero priista Esteban Villegas, otorga contratos de 350 mil pesos mensuales a su papá, Víctor Hernández Guerrero, y a pesar de estar denunciados en la “fiscalía anticorrupción”, a cargo de Noel Díaz Rodríguez, el titular de Comunicación Social continúa en su puesto, protegido grotescamente por el empleado del Mayo Zambada, el gobernador Esteban Villegas.
Este saqueo se hace más notorio cuando se visita la Plataforma Nacional de Transparencia y se observa que cientos de contratos celebrados por el gobierno de Durango no han sido subidos o publicados en esta plataforma, especialmente los convenios publicitarios que el gobierno del empleado del Mayo Zambada realiza con medios de comunicación locales y nacionales.
Es tan escandalosa esta opacidad que durante todo el año 2024 esta dirección de Comunicación Social, dependiente del Despacho del Ejecutivo duranguense, no ha subido a la Plataforma Nacional de Transparencia ni uno solo de los cientos de contratos que ha realizado con medios de comunicación.
De esta manera, el gobernador ladrón priista, Esteban Villegas, ha ocultado las decenas de contratos que su director de Comunicación Social le ha otorgado ilícitamente a su papá, así como los montos multimillonarios que ha entregado a algunos medios de comunicación para que promuevan supuestos logros inexistentes de su gobierno.
En este momento, de manera vergonzosa, el Despacho del Ejecutivo duranguense, es decir, el gobernador bananero priista Esteban Villegas, tiene un requerimiento por parte del Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales (IDAIP), pues ha sido denunciado precisamente por no hacer públicos todos los contratos que ha celebrado con medios de comunicación locales y nacionales durante este año.
Estas omisiones, que revelan la ejecución de graves actos ilícitos, no son sancionadas por ninguna instancia local ni nacional, por lo que Durango está convertido en un Estado fallido, en una isleta anárquica, con sus instituciones públicas en manos de un exporro impreparado, déspota e inculto que desde antes de llegar al poder se asumió como empleado de los poderes fácticos en lugar de ser mandatario del pueblo de Durango.