Ladrón a la vista. La caquistocracia de Durango
Fernando Miranda Servín
“La caquistocracia es el gobierno de los peores, de los menos capacitados, ignorantes o corruptos. Este término, que proviene del griego kakistos (el peor) y kratos (poder), describe un sistema donde las personas menos aptas ocupan cargos públicos, mientras que los más competentes son excluidos. Un gobierno de este tipo se caracteriza por la falta de transparencia, el nepotismo y la prevalencia de intereses personales sobre el bien común”.
La anterior es una de varias definiciones de la palabra caquistocracia, que hoy le quedan como anillo al dedo al remedo de gobierno encabezado por el narcomandatario priista saqueador Esteban Villegas Villarreal.
Llegado a la gubernatura de Durango en 2022 no por el voto popular sino por las componendas entre el expresidente morenista Andrés Manuel López Obrador y el capo sinaloense Ismael “El Mayo” Zambada, el narcoporro sanjuanero se ha dedicado desde el primer minuto de su gobierno a sustraer el erario con su pequeño séquito de ladrones.
Al respecto, este narco”cantante” podrá ser improvisado para gobernar, pero no para robar, pues desde el inicio de su sexenio tuvo la “precaución” de apoderarse de todas las instituciones fiscalizadoras e impartidoras de justicia, poniendo al frente de estas a sus incondicionales que lo han acompañado a saquear erarios desde que fue alcalde de Durango, en el trienio 2013-2016.
Así, en la Contraloría estatal impuso al comienzo de su sexenio a su antigua contralora municipal, Tania Julieta Hernández, a quien sustituyó recientemente por Isolda del Rosario González; en la Auditoria Superior del Estado colocó a su exdirectora de Finanzas, Diana Gaitán; en la Fiscalía Anticorrupción puso a su personero, Noel Díaz Rodríguez, vinculado al crimen organizado, y en la Fiscalía General tiene a la más que impresentable Sonia Yadira de la Garza.
Como se aprecia, el gobierno del narco”doctor” Villegas no está diseñado para gobernar al pueblo de Durango sino para saquearlo y mantener impunes a sus servidores públicos ladrones.
Uno de esos saqueadores, de los más voraces que integran el cartel del narcogobernador priista, es su director de Comunicación Social, Víctor Hugo Hernández Fuentes, exhibido el día de ayer por el comunicador Rafael Herrera Piedra, quien reveló en el programa Tres en Punto (que transmite en compañía del periodista Rubén Cárdenas y el especialista en análisis financieros Leonardo Álvarez), solo una parte de los bienes millonarios que este bribón ha adquirido durante los primeros tres años de este sexenio.
La exposición del comunicador Rafael Herrera Piedra es escandalosa y, forzosamente, debería prender los focos de alerta en el Congreso de Durango para que sus diputados integren de inmediato una comisión que investigue el origen de los recursos con los que este servidor público ha adquirido esos costosos bienes.
Se trata de una enorme residencia en construcción; tres vehículos de alta gama; tres costosos caballos y el exorbitante alquiler de la casa que actualmente renta este rufián; bienes que de ninguna manera podría adquirir con su sueldo bruto de director de Comunicación Social, que asciende a los 74 mil 750 pesos mensuales, y que con sus deducciones, su sueldo neto queda en 48 mil 978 pesos mensules.
La residencia en cuestión está ubicada en la calle Quinta Jazmines número 100, fraccionamiento Las Quintas Residencial y, de acuerdo a testimonios de personas especializadas en bienes raíces, tiene un costo de entre 7 y 8 millones de pesos. Esta mansión es de dos plantas y está edificada en una superficie de 400 metros cuadrados. La construcción de este palacete, informó el comunicador Rafael Herrera Piedra, estuvo a cargo de la empresa Once Arquitectura Construcción, ubicada en el Local 22 de la Plaza Centauro, Nueva Vizcaya, en la ciudad de Durango.
Herrera Piedra menciona en su reportaje que el vivales director de Comunicación Social del gobierno duranguense también contrató a una empresa de Guadalajara, Jalisco, para comprar el menaje y realizar los trabajos de decoración de interiores de la lujosa residencia.
Además de esto, Herrera Piedra detalla la posesión que tiene este rufián de tres vehículos de alta gama: dos camionetas de lujo Grand Cherokee y una BMW, con un valor de más de un millón de pesos cada una; tres caballos: dos españoles y un cuarto de milla, de por lo menos 200 mil pesos cada uno; y el pago de 35 mil pesos mensuales de renta de la residencia que actualmente ocupa en el fraccionamiento Privanzas, uno de los más exclusivos de la ciudad de Durango. Como lo mencionamos arriba, el sueldo neto de este bribón es de 48 mil 978 pesos mensuales.
Como ya es del dominio público, Víctor Hugo Hernández Fuentes está denunciado en la Fiscalía Anticorrupción del estado de Durango por darle contratos de 350 mil pesos mensuales a su papá, el pseudoperiodista Víctor Hernández, pero es obvio que el saqueo que está perpetrando este servidor público corrupto va mucho más allá de esto, por lo que es necesario y obligatorio que los diputados del Congreso de Durango formen una comisión investigadora que determine cuántos millones ha sustraído del erario este funcionario ladrón. Esto, por la sencilla razón de que el “fiscal anticorrupción”, Noel Díaz Rodríguez, a pesar de que tiene facultades de autonomía para emprender cualquier tipo de investigación que involucre a un servidor público, no lo va a hacer porque es extremadamente corrupto y está a las órdenes del narcogobernador Esteban Villegas.
Por lo anterior, es a los diputados duranguenses a quienes les corresponde realizar una investigación rigurosa sobre estos hechos, a reserva de que queden exhibidos como vergonzosa servidumbre del narcomandatario tricolor, Esteban Villegas.
Lo que sucede con el director de Comunicación Social del gobierno de Durango es simplemente inaceptable, y más cuando esta entidad atraviesa por una de sus peores crisis económica y social de su historia, crisis provocadas precisamente por su clase política corrupta.
La ciudadanía duranguense no puede ni debe permitir que un servidor público saquee el erario sin ninguna consecuencia, sabedor de que las principales instituciones públicas fiscalizadoras e impartidoras de justicia están secuestradas por su jefe, el narcogobernador priista Esteban Villegas.
En Durango no hay generación de empleos; no hay inversión; no hay obra pública; no hay crecimiento económico y la pobreza extrema va en aumento. No podemos ni debemos cometer la grave omisión de saber que un servidor público se está robando el erario y no exigirle a las autoridades que se le aplique todo el peso de la ley.
Ya es hora de que los duranguenses le marquemos un alto a la caquistocracia que nos gobierna y a sus ladrones que todos los días nos meten las manos en los bolsillos.