Síndico de San Dimas, estuvo presa por narcotráfico | Jefa del Departamento Jurídico de la PID, sin cédula profesional | Detenido, apoyo a personas con discapacidad por negligencia del narcogobernador Villegas

  • Síndico de San Dimas, estuvo presa por narcotráfico.
  • Jefa del Departamento Jurídico de la PID, sin cédula profesional.
  • Detenido, apoyo a personas con discapacidad por negligencia del narcogobernador Villegas.

De acuerdo a testimonios de habitantes de San Dimas, Durango, es alarmante el grado de corrupción que existe en la presidencia municipal, a cargo de José Antonio Villegas, alias “El Chéfora”, mera figura decorativa, pues quien realmente gobierna este municipio es el exalcalde panista Alejandro Gurrola, quien gobernó esta demarcación en los trienios 2004-2007 y 2019-2022.

El alcalde de San Dimas, José Antonio Villegas, alias “El Chéfora”, una figura decorativa sin autoridad ni poder de decisión.

“Alejandro Gurrola es el que manda en San Dimas a través de la que fue su Tesorera municipal en el trienio 2019-2022, Mayra Medina Campos, quien ha vuelto a ocupar este mismo cargo con el actual alcalde, José Antonio Villegas, alias ‘El Chéfora'”, revelan las fuentes.

Esta Tesorera es la que decide a quien darle contratos y a quién no; disminuye sueldos a los trabajadores y los despide injustificadamente, a su antojo. “Es déspota y prepotente”, denuncian los sandimenses.

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El panista Alejandro Gurrola, el verdadero alcalde de San Dimas, es quien manda en este municipio a través de la Tesorera Mayra Medina Campos.

Mayra Medina Campos, Tesorera municipal de San Dimas, también ha fungido como “apoderada legal” de la empresa Grupo Decorativo Algro S.A. de C.V., propiedad de Alejandro Gurrola, que durante el sexenio del narcogobernador priista Esteban Villegas ha recibido contratos del gobierno estatal de Durango por más de 200 millones de pesos, “para la adquisición de uniformes”.

Para nadie es un secreto en esta entidad que está empresa está ligada a los poderes fácticos.

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Ofelia Ibargüen Molina, en el trienio 2019-2022 ocupó el cargo de quinta regidora en San Dimas. Ahora es síndico y quiere ser alcaldesa. Estuvo presa en Laredo, Texas, por traficar heroína.

No conformes con lo anterior, este pequeño grupo de bandoleros “tuvo a bien” poner como síndico a Ofelia Ibargüen Molina, quien cuenta con el antecedente de haber sido sentenciada a 50 meses de prisión en una cárcel estadounidense, en Laredo, Texas, por haber pretendido introducir a este país vecino 5 libras de heroína. Ofelia Ibargüen Molina se declaró culpable en la Corte federal norteamericana el 11 de diciembre de 2012.

El portal LMTOnLine, de Laredo, Texas, dio a conocer la noticia de la sentencia de Ofelia Ibargüen el 4 de agosto de 2013, por intentar traficar heroína a los Estados Unidos.

Ofelia Ibargüen, desde el trienio del panista Alejandro Gurrola, 2019-2022, ocupó el cargo de quinta regidora y, al parecer, ya se perfila para ser candidata a alcaldesa en 2028. ¡¡Uff!!

Y donde podría estallar un escándalo mayúsculo es en la Fiscalía General de Durango, a cargo de la corruptísima Sonia Yadira de la Garza, pues, de acuerdo a fuentes internas, la jefa del Departamento Jurídico de la Policía Investigadora de Delitos (PID), Virginia Valenzuela Castañeda, ha ejercido este cargo tan importante sin tener cédula profesional, pues no está titulada. “Virginia Valenzuela Castañeda ya lleva varios años ocupando el puesto de jefa del Departamento Jurídico de la PID, firmando documentos ostentándose como licenciada en Derecho. Con este status falso ha firmado certificaciones que los jueces de distrito solicitan en los informes justificados para resolver demandas de amparo. Firma las puestas a dispocisión de muchos detenidos por orden de aprehensión. Esto es gravísimo y todos los fiscales la han mantenido ahí en ese cargo, sin cédula profesional”, denuncian las fuentes de la Fiscalía General de Durango.

La fiscal de Durango, Sonia Yadira de la Garza, su jefa del Departamento Jurídico de la PID, Virginia Valenzuela Castañeda, puede causar un terremoto legal pues no tiene cédula profesional.

Lo anterior no es asunto menor, pues, precisan las fuentes, “esto afecta el debido proceso de muchas personas detenidas. Si se enteran los abogados defensores de la usurpación de profesión que ha hecho Virginia Valenzuela, la mayoría de la población interna del CERESO podría salir libre”.

Pues así están las cosas en la Fiscalía General de Durango, institución que con Sonia Yadira de la Garza está convertida en un mercado negro en donde todos los días se trafica y se vende la procuración de justicia al mejor postor.

Virginia Valenzuela Castañeda, jefa del Departamento Jurídico de la PID, no aparece en el Registro Nacional de Profesionistas. Muchos internos del CERESO podrían quedar en libertad por esta grave violación al debido proceso.

Pasando a otro tema también escabroso, el narcogobernador priista Esteban Villegas sigue sin cumplir con la parte que le toca para que las personas con discapacidad en Durango de 30 a 64 años puedan recibir el apoyo económico que ya reciben sus homólogos en la mayoría de las entidades federativas del país.

Fuentes de la delegación federal de los Programas para el Bienestar en Durango informan que son más de 240 millones los que el gobierno estatal, encabezado por el narcoporro tricolor sanjuanero Esteban Villegas, debe aportar para que el gobierno federal ponga su parte y haga la entrega inmediata de estos recursos a las personas discapacitadas. A la fecha, más de 3 mil personas discapacitadas que presentaron sus solicitudes en la secretaría de Bienestar Social del estado de Durango (SEBISED) están a la espera de este recurso y muchas de estas personas ya están interponiendo amparos ante el Poder Judicial de la Federación, para que un juez de distrito ordene al gobierno del narco”cantante” que cumpla con la parte que le corresponde y el gobierno federal pueda entregarles las tarjetas plásticas para que comiencen a retirar el recurso que les corresponde, que es de 3 mil 300 pesos bimestrales.

El narcogobernador priista Esteban Villegas, su gobierno sigue negándose a aportar el recurso que le corresponde para que el gobierno federal entregue apoyos de 3 mil 300 pesos bimestrales a las personas discapacitadas de 30 a 64 años.

Este apoyo a personas discapacitadas de 30 a 64 años está detenido desde hace 7 años: los últimos 4 años del sexenio del panista saqueador, José Rosas Aispuro, y estos 3 primeros años del gobierno fallido del narcogobernador priista Esteban Villegas, por la corrupción y desinterés de estos mandatarios prianistas.

Cabe destacar que, de acuerdo a las fuentes de la delegación federal de los Programas para el Bienestar en Durango, el narco”doctor” Villegas ha querido condicionar la entrega de recursos que le corresponden a su gobierno proponiendo excluir a personas con discapacidades “menores” que no les impidan trabajar. Esta propuesta fue apoyada por la misma delegada de los Programas para el Bienestar, Catalina García Quintero, identificada con el priismo duranguense, por lo que ha sido fuertemente criticada tanto al interior de esta delegación como en el gobierno de Claudia Sheinbaum. Catalina García Quintero ha estado incrustando en la nómina de la delegación de los Programas para el Bienestar a muchos priistas y panistas incondicionales del narcogobernador Esteban Villegas y del narcoalcalde José Antonio Ochoa, causando molestia a la militancia morenista de esta entidad.

Catalina García Quintero, delegada federal de los Programas para el Bienestar en Durango, está metiendo en la nómina de esta delegación a prianistas incondicionales del narcogobernador priista Esteban Villegas y del narcoalcalde panista José Antonio Ochoa. Hay malestar en el morenismo duranguense.

Así las cosas, mientras el narcogobernador Villegas sigue negando este apoyo a las personas con discapacidad, su gobierno continúa dándole contratos millonarios a sus amigos y a empresas ligadas al crimen organizado. Estas son las verdaderas prioridades de este sátrapa priista.

Y hasta aquí nuestra Tarde de perros con síndicos sandimenses de negro pasado; peligrosas usurpadoras de profesión y narcogobernadores ladrones del erario y tremendamente abyectos.