Las “feministas” gubernamentales. Hay algo que nunca se escucha en las consignas del 8M en Durango: el nombre del gobernador.
Erick Miranda Gamboa
Cada marcha del 8M revela con mayor claridad el papel del “feminismo” gubernamental. Desde el inicio de la administración del exgobernador corrupto José Rosas Aispuro Torres cobró mayor fuerza y visibilidad la manifestación del 8M, intensificándose notablemente a partir de 2018.
En ese momento llamaban mucho la atención dos personajes que encabezaban la marcha y que, al mismo tiempo, todos los días estaban en el despacho del gobernador, en el Centro de Convenciones Bicentenario: Mar Grecia, quien ocupó un cargo de primer nivel con Aispuro como directora de Comunicación Social, y su asistente, Jennifer de la Torre. Otras más, con perfil bajo, orbitaban el Congreso.
Las marchas feministas se intensificaron en 2018 por una combinación de factores sociales y políticos que coincidieron en ese momento, tanto a nivel nacional como internacional: el aumento visible de la violencia feminicida; la indignación pública al conocerse cifras y casos; el nivel de impunidad galopante en México, así como la influencia del movimiento #MeToo y el uso de redes sociales para informar y difundir casos rápidamente.
También comenzaron a realizarse formas de protesta más visibles para ejercer presión sobre los gobernantes omisos: consignas más fuertes; iconoclasia bien dirigida hacia el Estado y sus instituciones y la presencia del llamado Bloque negro.
Pero en Durango la clase política vio un espacio de influencia. Actores políticos comenzaron a involucrarse impulsando a sus huestes con dos objetivos: proyectarlas políticamente y proteger la imagen pública del gobernador y del estado.
Durante el sexenio de Aispuro la intromisión del gobierno y de actores políticos fue más estratégica y moderada, aunque ya se notaba en la logística de los eventos y en el apoyo que recibían los colectivos dirigidos por sus allegadas.
Años después comenzaron a ser más identificables otros personajes con ligas en la política.
Hoy, todas ellas han recibido retribuciones en cargos públicos y políticos.
¿Está mal que sean activistas y tengan cargos públicos y políticos?
El problema no es que consigan un trabajo siendo activistas, sino quién les da esos trabajos y por qué razón.
Es el caso de Paloma Barraza, quien el 8 de marzo de 2023 se subió al templete de la marcha del 8M para difamar a un periodista crítico del gobernador Esteban Villegas. Recientemente ha sido exhibida por tener un cargo directivo en la Universidad Juárez del Estado de Durango, con un sueldo cercano a los 50 mil pesos mensuales. El nombramiento se lo dio el rector Ramón García Rivera, quien a su vez fue impuesto en 2024 por su compadre, el gobernador Esteban Villegas. Nadie duda de su capacidad para ocupar el puesto, pero su nombramiento no es casualidad: es política.
Y es que cuando eres un verdadero opositor, ciudadano o activista que ejerce presión y denuncia al gobierno corrupto de Durango, encabezado por Esteban Villegas, no hay premios ni reconocimiento, hay represalias.
Un ejemplo es el caso de Paloma Pizarro, joven que fue despedida de la Dirección de Pensiones después de que su padre, el licenciado Carlos Pizarro Maa, denunciara al secretario de Finanzas del estado, Franklin Corlay —el de la quinceañera millonaria— por haber defraudado a su despacho jurídico con 364 millones de pesos. Por esta venganza del gobernador solo algunos periodistas alzaron la voz.
Jennifer de la Torre también ocupa actualmente un cargo en la UJED como investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas, junto con Paloma Barraza.
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Durante las marchas del 8M es muy notable el papel que juegan las “feministas” gubernamentales. A lo largo de la manifestación evitan pronunciar el nombre del gobernador Esteban Villegas en sus consignas para no dañar su imagen. Y mucho menos dirigen la marcha a las puertas del Bicenterario, pues si una cosa les molesta a los gobernantes, es que la ciudadanía les vaya a reclamar sus corruptelas y actos de corrupción a las puertas de sus oficinas. Tampoco lo critican en discursos o entrevistas, y lo mismo ocurre con los nombres de los titulares de las dependencias encargadas de la impartición de justicia, a quienes ni por equivocación mencionan.
Invisibilizan a los servidores públicos que, desde el poder, dañan a la sociedad y prefieren hacer declaraciones tibias para no incomodarlos.
Una manifestación no necesariamente tiene que ser “violenta” para incomodar al poder. Existen protestas pacíficas que sacuden a toda la clase política de un país, pero se caracterizan por discursos combativos y críticos, no por mensajes tibiesotes.
En el templete de la manifestación, Julieta Hernández Camargo indicó a las asistentes que, “como acto de desobediencia civil”, gritaran “presente” y alzaran una flor cada vez que nombrara a una víctima de feminicidio.
Pero surge una pregunta: ¿qué ley o norma están incumpliendo al realizar esa acción? ¿Conoce realmente el significado de “desobediencia civil”? Si Rosa Parks hubiera escuchado eso, seguramente le habría dado un torzón en el estómago ante semejante pifia.
En lugar de eso, al menos pudieron haber gritado “¡justicia!” por cada asesinada y exigir al gobernador Esteban Villegas que se ponga a trabajar para implementar de una vez la Declaratoria de Alerta de Género por Violencia Feminicida contra las Mujeres en 16 municipios del estado, como medida para prevenir tantos casos trágicos.
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En el Congreso está la diputada morenista Delia Enríquez, quien ha sido fuertemente criticada por ciudadanas. Ayer declaró: “Somos mujeres políticas algunas, y por estar en un espacio así no significa que vendamos el movimiento que tanto nos ha dado”. Y vaya que les ha dado bastante.
Desde el Congreso nunca la hemos visto subir a tribuna para asumir una postura enérgica dirigida al gobernador Esteban Villegas para exigir la implementación de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres. Al gobernador corrupto ya solo le quedan dos años y medio de administración y no ha hecho absolutamente nada para implementarla.
La diputada de oposición ha tomado una postura muy complaciente hacia el gobernador. Y no solo en este tema: tampoco la vemos denunciando actos de corrupción del grupo cercano al mandatario, que se ha estado enriqueciendo ilícitamente.
Este año muchas ciudadanas han mostrado su rechazo hacia las “feministas” organizadoras del 8M. Algunas apenas comienzan a darse cuenta de cómo se han movido todos estos años.
Otra de estas organizadoras es la regidora emecista Gloria Arreola, la “feminista” provida. Hace unos días fue entrevistada sobre las declaraciones del arzobispo Faustino Armendáriz Jiménez, quien recientemente ha dicho que el aborto es como contratar a un sicario para matar a un ser humano y que no se puede defender a quien aboga por la muerte.
Arreola respondió que ella es provida y que entiende la ideología y percepción del arzobispo —incluso dijo compartirla—, pero que ya se verá qué decisiones toma el Congreso, pues hay un amparo de por medio y ya no es un tema ideológico, sino legal.
Luego de ser duramente criticada, junto con las demás “líderes feministas”, Gloria declaró que la marcha del 8M fue 100% “autónoma”, que las decisiones se tomaron en asambleas colectivas y que las mujeres tenían la libertad de hacer iconoclasia, pero que simplemente decidieron no hacerlo.
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Sin embargo, en esas “asambleas” —según relatan asistentes— cuando algunas mujeres planteaban cuestionamientos totalmente válidos, la respuesta era:
“Ya son muchas preguntas, ¿ustedes vienen en buen plan o qué?”.
Porque, al final, quienes tienen la última palabra son ellas.
Sobre la iconoclasia ocurrió algo aún más revelador: las “feministas” oficialistas se encargaron de difundir mensajes exhortando a no realizarla, mientras que el gobierno hizo lo propio al anunciar que habría policías, incluso vestidas de civiles, listas para intervenir si era necesario.
Es decir, cada quien jugó su papel.
El resultado fue evidente: muchas asistentes se sintieron vigiladas e inhibidas. “Se sentía como si la policía te respirara en la nuca”, han comentado algunas de las mujeres que asistieron.
Es de sobra decir que Gloria Arreola ha tomado una postura indulgente en la administración de José Antonio Ochoa.
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Y así como estas “organizadoras”, hay muchas más detrás de la marcha del 8M: mujeres pertenecientes a la partidocracia que cuidan sus intereses entre ellas.
Por eso no hubo pronunciamientos enérgicos contra Aispuro Torres, ni los hay ahora contra Esteban Villegas.
Ha habido iconoclasia con mensajes genéricos que, si uno ve una foto aislada, podría pensar que fueron escritos en otro estado o incluso en otro país y este año ya ni siquiera eso.
Todo muy bien calculado.
Por eso impiden a ciertas mujeres tomar el micrófono en la manifestación o incluso las han bajado del templete. Este 8M 2026 la activista Gaby Campillo quiso tomar el micrófono para decir unas palabras luego de que “feministas” que organizan la marcha preguntaran quién más quería participar, pero le fue negado pues querían saber primero sobre qué iba a hablar; en eso le pasaron el micrófono al encargado del sonido y a Gaby Campillo le dijeron que ya no podía hacer uso de la palabra. Porque les asusta que algo se les pueda salir de control, ya sea un discurso contra el gobierno o la quema de una institución pública, como ocurrió el año pasado en el Congreso. Muy contadas ocasiones se les llega a colar alguien con un discurso disruptivo a pesar de sus filtros y reglas prohibitivas.
Todo esto es una estrategia del sistema y tiene un nombre: “disidencia controlada”.
Lo que hacen estas actoras políticas no es feminismo incómodo para el poder, es feminismo administrado por el poder.