La antena espía del gobernador malandro Esteban Villegas
De la redacción de razacero
“Ya no queremos esa antena en nuestra propiedad, ya les cancelamos el contrato pero el titular del Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Jesús Manuel Cabrales Silva, se niega a retirarla”, denuncia la familia Córdoba Avitia, propietaria del predio conocido como Altura del Pinacate, en el municipio de Lerdo, Durango.
La familia Córdoba Avitia relata a razacero que desde el año 2015 realizaron un contrato con el gobierno de Durango para rentarle dicho predio. “Ahí instalaron esa antena y aunque en el contrato no se especificaba qué uso le darían al predio supimos que supuestamente lo querían para instalar una antena de microondas para los servicios del 911 y el C4”, comentan los propietarios del predio Altura del Pinacate.
En ese mismo predio, la empresa Ferromex también alquila un terreno a la familia Córdoba Avitia, en donde tiene instalada una antena para sus comunicaciones. “En 2025, revela la familia Córdoba Avitia, los representantes de Ferromex nos notificaron que desde hace más de 20 años realizaron un contrato de comodato para permitirle al gobierno de Durango instalar platos en su antena para proporcionar los servicios del 911 y C4”, manifiesta la familia Córdoba Avitia.
Por la razón anterior, la familia Córdoba Avitia no se explica qué uso le ha dado el gobierno de Durango a la otra antena que instaló en su propiedad.
Enterada de la existencia del contrato de comodato que la empresa Ferromex firmó con el gobierno de Durango desde hace más de 20 años para permitirle instalar un equipo receptor del gobierno de Durango en el terreno que le rentan, para proporcionar los servicios del 911 y C4, y sospechando el uso indebido que el gobierno de Durango le estaría dando a la otra antena que tiene instalada en el mismo predio, la familia Córdoba Avitia decidió dar por terminado el contrato con el Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública, a finales de 2025.
“Rescindimos el contrato a finales de 2025 y le dijimos al representante del gobierno de Durango que retiraran su antena de nuestra propiedad, pero este tipo, de nombre Óscar Jáquez Sepúlveda, nos amenazó diciéndonos que el contrato se tenía que renovar sí o sí, razón por la que interpusimos una denuncia en la Fiscalía General del estado de Durango por el delito de amenazas”, expone la familia Córdoba Avitia.
“Desde hace más de 20 años, el gobierno de Durango tiene instalado un equipo en el predio que nosotros le arrendamos a Ferromex y ese equipo tenemos entendido que lo usan para proporcionar los servicios del 911 y el C4. Lo que no sabemos es qué uso le da el gobierno de Durango a la otra antena que está instalada en el predio que les habíamos estado arrendando desde 2015 hasta 2025”, reitera la familia Córdoba Avitia.
El último contrato anual de arrendamiento de dicho predio, realizado en 2025, especifica que el gobierno de Durango le pagó a la familia Córdoba Avitia 105 mil pesos.
De acuerdo a ciudadanos de Lerdo “esa antena la utiliza el gobierno de Esteban Villegas para espiar las comunicaciones de ciudadanos, periodistas, empresarios y ganaderos de esta región”.
Y aunque la familia Córdoba Avitia desde diciembre de 2025 dio por terminado el contrato de arrendamiento del predio llamado Altura del Pinacate, el gobierno de Durango se niega a abandonar esta propiedad y mantiene en pie la antena espía, que ya ha sido desconectada en varias ocasiones por los propietarios del predio.
En esta región de La Laguna, los ciudadanos saben perfectamente lo que sucede con esa antena: “No podemos hacer llamadas de emergencia al 911 o a las autoridades federales porque sabemos que desde esa antena el gobierno de Esteban Villegas nos espía”.
Por lo anterior, es urgente y necesario que el Gabinete de Seguridad del gobierno federal encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum realice una investigación exhaustiva para determinar qué uso le ha dado el gobierno de Durango a esa antena y exhorte al titular del Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Jesús Manuel Cabrales Silva, para que retire de inmediato esa antena y abandone la propiedad de la familia Córdoba Avitia.