Política Al Margen

Jaime Arizmendi.

Cárcel de hasta 4 años y 300 mil pesos a Cobranza Extrajudicial.

Niega Banobras créditos a ayuntamientos en Buró de Deudores.

Los 43 de Ayotzinapa, ¿víctimas de secuestro o desaparición forzada?

Cobrones, a ver si así entienden… 

Penalizarían con uno a cuatro años de prisión y multa de 50 mil a 300 mil pesos, a quien mediante violencia, engaño, hostigamiento, intimidación o cualquier otro medio ilícito exija de manera extrajudicial el pago de un crédito al deudor, al aval o a cualquiera otra persona vinculada a quien está atrasado en sus pagos.

En la actualidad, los ciudadanos en mora son objeto de presión e intimidación mediante llamados telefónicos a cualquier hora del día, por las noches, incluso en la madrugada, que realizan los operadores del cobro extrajudicial ilegal. Estos medios de coacción causan en los deudores desequilibrios emocionales y daño a su dignidad personal.

Se trata de operadores contratados por despachos jurídicos, de contabilidad o de otra índole, incluso personas de instituciones bancarias, tiendas y, en general, por cualquier persona física, empresa o institución que otorga créditos, que dicen ser sus representantes.

Urgen medidas efectivas para evitar que los gobernantes nos endeuden de manera infame.
Urgen medidas efectivas para evitar que los gobernantes nos endeuden de manera infame.

Más aún, visitan personalmente a los cuentahabientes, por ejemplo en sus domicilios, y llegan a utilizar documentos con sellos falsos e incluso se ostentan como profesionistas o funcionarios públicos, lo cual causa mayor preocupación e intimidación en los deudores y sus familiares que se enteran del acoso.

A fin de tipificar el delito de cobranza extrajudicial ilegal, equiparándolo al de amenazas, la diputada priísta Rocío Adriana Abreu Artiñano propondrá una iniciativa para adicionar el artículo 282 Bis al Código Penal Federal, para advertir además que si los cobradores usan documentos o sellos falsos la pena y la sanción económica aumentará 50%; y si incurren en usurpación de funciones o de profesión se aplicarán las reglas del concurso de delitos.

Para la diputada (y en todo ello coincidimos), el maltrato e insulto a los deudores por parte de los operadores de la cobranza extrajudicial ilegal se han vuelto tan cotidianos que incluso llegan a plantarse con pancartas frente a sus domicilios para desprestigiarlos, lo cual constituye una afrenta y menoscabo de su dignidad humana.

“Poco les importa la existencia de procedimientos legítimos de cobranza. Nada les importa que los jueces y tribunales tengan la atribución de impartir justicia y, en su caso, condenar al pago de lo adeudado conforme a derecho. En suma, soslayan deliberadamente que su gestión de cobranza extrajudicial es ilegal y violatoria de las garantías y los derechos humanos tutelados por la ley fundamental”.

De acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, y el Buró de Crédito, tan solo en lo referente a tarjetas de crédito existen tres millones de personas en situación de mora.

Por todo, la legisladora del PRI considera necesario poner fin y límites a los abusos de la cobranza extrajudicial ilegal, buscando privilegiar el equilibrio y la armonía social que la ley y la autoridad deben preservar.

Cierto, no se trata de aplaudir el incumplimiento a los compromisos económicos contraídos con los actores crediticios, sino de que se respete el Estado de derecho, la legalidad, los derechos humanos y las garantías tuteladas por la Carta Magna. Basta de terrorismo cobrón…

Otro lado de la moneda… El Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) dejó de otorgar créditos a cinco municipios de Oaxaca para el desarrollo de infraestructura, porque aparecen en la lista negra del Buró de Crédito por deudas con el Sistema de Administración Tributaria (SAT), reveló el delegado estatal de la institución oficial, Manuel Esesarte Pesqueira.

Una regla interna de Banobras le impide ampliar u otorgar créditos a un municipio que tiene una deuda de 100 mil udis (400 mil pesos) o más. Y en esa situación están otros cuatro ayuntamientos como San Juan Bautista Cuicatlán, que arrastra una cartera vencida por incumplimiento de pago desde hace varios años, cuya deuda inició en 2005 y a la fecha no ha pagado; y mientras se busca plantear su restructuración para que los plazos de pago sean más ágiles, al municipio de Oaxaca de Juárez, que acaba de concluir el pago de su crédito con Banobras, se le asignó una fuente de financiamiento por un millón de pesos para ahorro de energía y compra de luminarias.

Serán castigados quienes ejerzan actos violentos contra deudores.
Serán castigados quienes ejerzan actos violentos contra deudores.

El funcionario rechazó que haya malos tratos a los ediles por parte de Banobras, como acusó la alcaldesa de Salina Cruz, Rosa Nidia Villalobos. Esesarte Pesqueira aclaró que no se le otorgó financiamiento al municipio porque no cumplieron los requisitos normativos del banco. “No presentó su aprobación del crédito por el Congreso y validado por su cabido”. Y es que nadie quiere más coahuilazos como el de Humberto Moreira…

 ¿Secuestrados o víctimas de desaparición forzada…? Mientras el asunto siga sin respuestas claras no den confianza a familiares, compañeros y a la sociedad entera, las protestas por los tres normalistas asesinados y los 43 llevados por la fuerza a nadie sabe dónde, continuarán por todo el país y aún en el exterior, como ha ocurrido hasta ahora. Pero por otro lado, vale anotar que cuando una persona sale de su casa, escuela o trabajo y no aparece, se le clasifica como desaparecido. Se sabe que los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa que no recibieron balazos de parte de los policías municipales de Iguala, Guerrero, fueron capturados y no se les volvió a ver.

La palabra secuestro tampoco cabe, porque ya pasaron más de 50 días de aquél fatídico 26 de septiembre y a la fecha nadie ha pedido rescate por todos, ni por ninguno de ellos. Así que todo hace presumir que con los 43 estudiantes, los policías municipales de Iguala involucrados en la masacre, además de los homicidios, cometieron el delito de desaparición forzada.

Si la autoridad judicial acusara solamente de secuestro a los detenidos estaría ignorando el artículo 215-A del Código Penal Federal, que ordena castigar hasta con 40 años de prisión al servidor público que cometa el delito de desaparición forzada. Bajo esa tesitura debemos estar todos, aunque no por ello hemos de compartir la comisión de actos violentos que solo desvirtúan el clamor social de ¡Justicia!

(argonmexico.com).

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