Más corrupción con Apolonio
Fernando Miranda Servín.
Para los ciudadanos duranguenses ya no es un secreto a voces lo que sucede al interior del Poder Judicial del Estado de Durango, en donde cotidianamente la justicia se imparte bajo criterios muy peculiares. Así, ya no resulta novedoso, pero sí indignante, que ciudadanos inocentes se encuentren en la cárcel pagando por delitos que no cometieron y cuyas confesiones fueron arrancadas a base de torturas, pues para los jueces que conforman el Tribunal Superior de Justicia este tipo de pruebas integradas en los expedientes y expedidas inclusive por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, no cuentan. En contraste, delincuentes peligrosos y estafadores profesionales gozan de libertad por tener la suerte de poseer recursos y/o amigos o familiares políticos que interceden a su favor ante el principal jefe de esta instancia: el Lic. Apolonio Betancourt Ruiz, Presidente Magistrado del Poder Judicial del Estado de Durango.
¿Pero qué o quiénes son los responsables de vigilar el desempeño de este funcionario en la delicada tarea de impartir justicia con imparcialidad a la ciudadanía duranguense? ¿Quién fiscaliza o controla el buen desempeño del presidente de este Tribunal y los jueces que lo conforman? Porque aparentemente existe el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Durango, que debería de atender las quejas de los ciudadanos y corregir el proceder anómalo en que pudieran incurrir algunos jueces, pero de todos es sabido en los corrillos sociales y políticos de Durango la nociva influencia que ejerce sobre este Consejo el Lic. Apolonio Betancourt Ruiz, quien aparte de ser el Presidente Magistrado del Poder Judicial del Estado de Durango también es el presidente de este Consejo.
Así las cosas, una “chicanada” o marrullería jurídica que parece ser el sello característico de la administración del Lic. Apolonio Betancourt, es la de acusar a los solicitantes de justicia de falsificar firmas de terceros, y se ha llegado a la aberración de señalar a no pocos abogados de falsificar las firmas de sus clientes para que estos, por supuesto, pierdan los casos en los que son la parte acusadora.
Esta triquiñuela, ya muy conocida y por ende ya desgastada que se practica con frecuencia en los juzgados del Tribunal Superior de Justicia de Durango, se dio a conocer en el año 2010, cuando fue violada la autonomía de la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED). Este Poder Judicial estatal, encabezado por el Lic. Apolonio Betancourt Ruiz, rechazó el amparo solicitado por el abogado del ex rector depuesto, Rubén Calderón Lujan, en contra de las reformas ilegales a la Ley Orgánica de la UJED, realizadas por el Congreso local, argumentando que la firma de la solicitud de amparo, presentada por Rubén Calderón Luján, era falsa; y así, olímpicamente, retorció la ley para salir del paso, permitiendo esta maniobra sucia la imposición de una rectora interina en la UJED, la Dra. Elvia Patricia Engracia Herrera Gutiérrez, actual delegada del ISSSTE en Durango, quien recientemente acaba de acusar a los más de 3,500 jubilados y pensionados que están demandando a esta institución el pago de diferencias de incrementos salariales de falsificar sus firmas en las solicitudes de juicios que han presentado ente el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, con sede en esta ciudad norteña.
Por lo que se ve, lo más probable es que la delegada del ISSSTE haya recibido “asesoría profesional” del Lic. Apolonio Betancourt.
Hoy, un ciudadano más es víctima de esta “tesis jurídica” betancouriana, que bien podría titularse “Procedimiento Jurídico para Romperle la Madre a un Ciudadano Indefenso Acusándolo de Falsificar Firmas”, y aguas porque esta tesis ya está alcanzando el grado de jurisprudencia en Durango, y de un momento a otro podría convertirse en ley. Se trata del señor Vicente Lira Bretado, quien el 14 de agosto de 2009 tuvo la mala fortuna de prestarle 120 mil pesos a la ciudadana Dalila Espino Ravelo, quien le firmó cuatro pagarés con fecha de vencimiento, por lo que, al obtener respuestas negativas de pago por parte de la deudora, el 23 de marzo de 2012 endosó los pagarés al Lic. Rafael Omar de la Cruz Sánchez, para que realizara el cobro judicial correspondiente. La demanda de pago cayó en el Juzgado Cuarto de lo Mercantil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Durango, bajo el expediente número 285/2012.
“Al momento de llevar a cabo la diligencia de emplazamiento, notificación y señalamiento de bienes de la demandada Dalila Espino Ravelo, esta manifestó y reconoció que la firma que se encontraba en los pagarés fue puesta de su puño y letra, y reconoció también que tenía una deuda conmigo”, manifiesta el señor Vicente Lira Bretado.
Pero Dalila Espino Ravelo posteriormente se desdijo, por lo que el Juez Cuarto de lo Mercantil nombró al perito Carlos Ernesto Aguilar Pérez para que determinara la autenticidad de las firmas en los pagarés. Así, el 5 de julio de 2013 este perito rindió su dictamen manifestando que las firmas de Dalila Espino Ravelo fueron falsificadas.
“La sentencia recientemente emitida, que se encuentra en el expediente, dice que la demandada no firmó los pagarés, dando a entender que yo los falsifiqué, por lo que ya solicité un amparo para protegerme de este atropello”, denuncia el señor Vicente Lira.
“Una vez que se le notificó la sentencia a Dalila Espino Ravelo, esta le manifestó a los vecinos que en Durango más valía tener un pariente político que un buen abogado ya que su tío es el ex secretario nacional del PAN, Manuel Espino, quien con una sola llamada arregló el asunto a su favor”, remarca el señor Vicente Lira, y concluye: “Ya he recibido amenazas, pero aunque me maten voy a seguir denunciando este acto de corrupción hasta sus últimas consecuencias”.
Este es el panorama nada transparente y poco confiable que se vive en Durango, en donde los ciudadanos tienen que pensar más de dos veces si acuden al Poder Judicial a solicitar justicia, ya que corren el riesgo de pasar de acusadores a acusados de un plumazo, y más si se atraviesan en el camino de un político amigo del Presidente del Tribunal Superior de Justicia de este estado.