Gobernantes delincuentes y legisladores cómplices
Las nuevas evidencias que ha presentado el periodista Mark Stevenson a través de la agencia noticiosa Associated Press, sobre la masacre de Tlatlaya, Estado de México, vuelven a desnudar la corrupción criminal que existe dentro del Estado mexicano, en el que la mayoría de sus instituciones y gobernantes están involucrados en hechos delictivos.
Y es que Mark Stevenson dio a conocer el último día de 2014 una entrevista realizada a una de las dos sobrevivientes de esta matanza artera de 22 personas por parte de elementos del Ejército mexicano, perpetrada el 30 de junio de 2014.
En dicha entrevista la testigo de este genocidio manifiesta que fue torturada por funcionarios de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México para obligarla a declarar que los 22 supuestos integrantes de un grupo de narcotraficantes habían muerto en un enfrentamiento con el Ejército mexicano.
“Le pusieron una bolsa sobre la cabeza, la metieron en un excusado y la golpearon tan fuerte que seis meses después aún tiene problemas para ver y oír”, refiere Mark Stevenson.
De la misma manera, la testigo posteriormente fue trasladada a la Procuraduría General de la República en donde volvieron a torturarla para forzarla a firmar la declaración falsa. Finalmente, esta y la otra sobreviviente fueron encarceladas durante seis meses en una prisión de máxima seguridad hasta que fueron liberadas por la presión de los medios de comunicación nacionales y extranjeros.
Este testimonio, que consta en el expediente de este caso y fue corroborado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, nos revela la posible y casi segura participación del actual gobernador del Estado de México, el sátrapa Eruviel Ávila Villegas, y del procurador cansado, Jesús Murillo Karam, en este vergonzoso encubrimiento. Y nos convence aún más del papel nada decoroso que viene haciendo el secretario de la Defensa Nacional, General Salvador Cienfuegos Zepeda, ya que, según las investigaciones de Mark Stevenson, tanto funcionarios de la procuraduría mexiquense como de la PGR supieron que la escena de la masacre de Tlatlaya había sido alterada por integrantes del Ejército mexicano para aparentar que los 22 presuntos delincuentes habían muerto en un enfrentamiento.
Tres meses después de estas ejecuciones extrajudiciales, el 26 de septiembre de 2014, sucedería el genocidio de Iguala, en el que fueron asesinados tres estudiantes normalistas de Ayotzinapa y tres ciudadanos, además de haber sido desaparecidos de manera forzosa 43 estudiantes normalistas de los que hasta la fecha se desconoce su paradero, e igualmente, como en el caso Tlatlaya, fue una investigación periodística realizada por Anabel Hernández para la revista Proceso la que, en base a testimonios y videos, vuelve a poner en tela de juicio al Ejército mexicano y a la PGR pues se confirma la participación de sus elementos en este crimen de lesa humanidad.
Y como ni policías ni soldados se ordenan solos ya que siempre actúan obedeciendo las instrucciones de sus altos mandos, estas revelaciones nos dejan claro que estamos siendo gobernados por mafias delictivas altamente peligrosas que han implementado en las instituciones policíacas y en el Ejército prácticas de represión y exterminio nunca antes vistas en la historia contemporánea de nuestra nación. Y lo mismo sucede en la capital del país, gobernada por la “izquierda” fascista representada por Miguel Ángel Mancera, en donde los ciudadanos pacíficos que se atreven a protestar en las calles son atacados por los grupos de choque policíacos y militares, pagados con nuestro dinero, y vilmente encarcelados por la policía del gobierno perredista, acusados de delitos que no cometen.
Ante este panorama, el presidente Enrique Peña Nieto, muy lejos de ser un estadista, rompió el trozo de papel que la valiente socióloga Erika Barrón le entregó durante su visita a la Asamblea General Ordinaria del Consejo Nacional Agropecuario, en la Expo Bancomer Santa Fe, el 17 de diciembre de 2014. El papel tenía escrita la frase: “Pida perdón”, refiriéndose al asesinato y desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. Pero nuestro presidente, en lugar de actuar como un verdadero jefe de Estado, rompió el papel en presencia de los asistentes a este evento, demostrando su visceralidad y total falta de cultura política, y ordenando que su Estado Mayor sacara del recinto por la fuerza a Erika Barrón. ¿Por qué? Porque así actúan los mafiosos, anteponiendo la violencia a la razón.
Y ante las condiciones que guarda el país, Peña Nieto no solo debería pedir perdón sino renunciar por las matanzas de Tlatlaya e Iguala, los más de 40 mil ejecutados que ha habido durante sus dos años de gobierno y la total falta de expectativas económicas que tiene nuestra nación, en la que la pobreza ha aumentado dramáticamente.
Este año 2015, debe ser forzosamente el año en que los ciudadanos nos liberemos de esta parasitosis mortal que ya nos está representando la partidocracia criminal, cuyos integrantes, tanto gobernantes como legisladores, se han complotado para saquear el erario, vender lo que no les pertenece, enriquecerse ilícitamente haciendo negocios privados con recursos públicos y volverse cómplices de estos y otros crímenes atroces que nos han puesto en el aparador internacional como uno de los pueblos más pusilánimes del mundo. Es urgente pues, que nos deshagamos de esta partidocracia sucia y atendamos el llamado de Javier Sicilia, de no asistir a las casillas electorales para no seguir legitimando con nuestro voto a estos carteles delincuenciales en que se han convertido los partidos políticos; no depositar nuestros votos en las urnas hasta que este sistema hamponeril flexibilice los registros de las candidaturas independientes y podamos darnos una nueva forma de gobierno que nos aleje por completo de la barbarie y la corrupción extrema en la que nos tienen hundidos estos gremios “políticos” delictivos.