Fiscal de Durango: Torturas e ineficacia -CASO BANDA VAGOS-
Los integrantes de la banda musical Vagos, a prisión por un delito que no cometieron.
Fernando Miranda Servín.
El 1 de abril, la Fiscal General de Durango, Lic. Sonia Yadira de la Garza Fragoso, apareció en los medios de comunicación locales dando a conocer la noticia de la detención de una banda de secuestradores de Santiago Papasquiaro, integrada por Miguel Ángel García, Luis Alberto Posada, José Alberto Gutiérrez Torres, Humberto Reyes Cásares, Adrián Reyes Posada, Pedro Damián García Solís y Anastasio Arenas, llevada a cabo por la Unidad Especializada del Grupo Antisecuestro. Al final de su declaración la Fiscal apunta: “Con esto no se descarta la participación de más personas y se continúa con la búsqueda de los cuerpos de las víctimas”, refiriéndose a las hermanas Botello, que fueron privadas de su libertad el 9 de noviembre de 2012, en el camino que conduce a la presa denominada La Máquina.El 2 de abril, el periódico El Siglo de Durango publicó en el ángulo superior derecho de su primera plana la noticia que un día antes anunciara la Lic. Sonia Yadira de la Garza Fragoso: “Caen 7 secuestradores, se les atribuye el plagio de dos mujeres”. Se trataba de los integrantes del grupo musical llamado Banda Vagos, y en realidad no eran siete sino nueve y habían sido aprehendidos desde el pasado 14 de febrero en el municipio de Santiago Papasquiaro.
“A dos los dejaron libres porque habían sido torturados y estaban graves, el 14 de febrero en la noche los detuvieron y al día siguiente se los entregaron a los familiares de las víctimas ‘para que hicieran lo que quisieran con ellos’”, acusan los familiares de los integrantes de la Banda Vagos que el pasado 22 de abril se presentaron a las afueras de Centro Distrital de Reinserción Social Núm. 2, en Santiago Papasquiaro, para solicitar información sobre el expediente del caso, pero las autoridades del Centro se las negaron argumentando que “no tenían el expediente”.
Eran alrededor de cincuenta los familiares de los inculpados que exigieron a las más altas autoridades del estado justicia y realizar su trabajo de manera profesional y no a base de torturas. “Es inaceptable que con golpes hagan confesar a las personas crímenes que no cometen”, acusó uno de los familiares de los músicos cuyos videos de sus actuaciones se pueden ver por internet, en la página de YouTube.
Los 9 integrantes de la banda musical fueron arraigados de manera irregular en el hotel Gabyota, ubicado en la calle Mamey 210 de la Col. Valle Verde, al sur de la capital de Durango, desde el 15 de febrero pasado; sin embargo, la Fiscal General del estado dio a conocer la noticia de su detención hasta el 1 de abril, es decir, 45 días después de ser aprehendidos por la Unidad Especializada del Grupo Antisecuestro.
Todo ese tiempo, acusan los familiares, fueron sometidos a torturas físicas y psicológicas y obligados a cavar infinidad de hoyos en las inmediaciones de Santiago Papasquiaro para localizar a las víctimas. “Les preguntaban que dónde las habían enterrado, y ellos, cansados de tantos golpes, señalaban cualquier lugar y los agentes de la Fiscalía los obligaban a cavar”, denuncian los familiares indignados luego de conocer las declaraciones de los inculpados en el expediente que ahora se encuentra desaparecido.
“A uno de ellos lo colgaron con unas cuerdas de la parte alta del edificio de la Fiscalía General, por la parte de atrás, amenazándolo con dejarlo caer si no se declaraba culpable y les decía en dónde habían enterrado a las señoras, pero cómo iba a saber si ellos no fueron, ellos no son secuestradores, son músicos”, apuntan.
Los cuerpos de las hermanas Botello, finalmente aparecieron el pasado 12 de abril en un paraje de Santiago Papasquiaro.
Según en testimonio de los familiares de los inculpados, fueron los familiares de las señoras secuestradas los que detuvieron a uno de los verdaderos secuestradores cuatro días después del secuestro, el día 13 de noviembre de 2012, “pero los agentes de la Fiscalía lo dejaron ir y, según la investigación forense, las señoras fueron asesinadas más o menos el 17 de noviembre, es decir, 4 días después de que los agentes de la Fiscalía dejaron libre al verdadero secuestrador, que fue reaprehendido el pasado 11 de abril.
“Ya detuvieron a los verdaderos secuestradores, están en la ciudad de Durango, no sabemos en dónde los tienen, el jefe de la banda se llama Kevin Martín Valenzuela Ruiz”, dicen. “Nos traen dando vueltas y nos niegan información sobre la situación jurídica de nuestros parientes. Queremos que todo se aclare, ya estuvo bueno de tanta injusticia, si ya tienen a los culpables queremos que liberen ya a nuestros familiares”, reclaman.
Así se las gasta la Fiscal General de Durango, Lic. Sonia Yadira de la Garza Fragoso, y su “Unidad Especializada del Grupo Antisecuestro”, así como los agentes de la Dirección Estatal de Investigaciones que el año pasado torturaron física y psicológicamente a los empleados del CBTIS 110 durante las “investigaciones” de un robo de 70 mil pesos.
¿Cuántos inocentes habrán sido consignados ya de manera injusta ante un juez por esta Fiscalía que con bombo y platillos promociona en los medios locales de comunicación la detención de presuntos delincuentes? práctica ilegal a todas luces ya que al momento de aparecer en las pantallas de televisión y medios impresos y digitales los acusados no han sido todavía declarados culpables por ningún juez.
Lo cierto es que los índices de delincuencia no bajan en el estado de Durango, sobre todo en la capital, y la Fiscal atribuye este hecho a la falta de prevención del delito por parte de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, a cargo de Gerardo Heraclio Godínez García. Pero en los hechos, es decir, en las experiencias que viven los ciudadanos, tanto la prevención como la persecución de los delitos son ineficaces en ambas corporaciones policíacas.
Algún personaje poderoso ha de estar protegiendo a la Fiscal General del estado ya que es inconcebible que con los resultados tan magros que ha obtenido en su gestión y con las evidencias de torturas a los detenidos siga al frente de esta institución.
Y al respecto, ¿qué hace la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a cargo del Lic. Felipe de Jesús Martínez Rodarte? “El presidente de esta comisión sabe muy bien lo que está pasando con nuestros familiares pues ya pusimos la queja, pero no ha tomado una actitud enérgica para defenderlos”, dicen.
Quizá la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos deban tomar cartas en este asunto ante la falta de compromiso del titular de la CEDH duranguense.
Así gobierna el PRI en Durango, así gobierna Jorge Herrera Caldera, con una Fiscalía General convertida en fábrica de “chivos expiatorios”, muy semejante a cualquier cuartel del crimen organizado.
Luego de haber liberado al General de División Tomás Ángeles Dauahare, acusado injustamente a finales del gobierno panista por presuntos vínculos con el narcotráfico, ¿qué pensará el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, sobre las atrocidades que comete el gobierno de Durango?
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