La Dirección Municipal de Seguridad Pública de Durango fabrica delincuentes

De la redacción de raza cero.

El jueves 19 de febrero de este año 2015, a las 16:00 horas, el señor Gerardo Benjamín Vargas Serrano acudió a su cita de convivencia familiar para ver a su pequeña hija en el Centro de Psicoterapia Familiar del DIF, ubicado en el boulevard Felipe Pescador, casi esquina con la calle Zaragoza. Gerardo Benjamín Vargas acude a estos encuentros periódicamente, luego de divorciarse de su ex esposa, la señora Beatriz Leonarda Mireles Hernández.

Gerardo Benjamín Vargas Serrano, exhibido ante los medios de comunicación por la DMSP de Durango, sin siquiera haber sido presentado ante el ministerio público.
Gerardo Benjamín Vargas Serrano, exhibido ante los medios de comunicación por la DMSP de Durango, sin siquiera haber sido presentado ante el ministerio público.

Al salir ese día del Centro de Psicoterapia Familiar del DIF, Gerardo Benjamín Vargas abordó su vehículo marca Ford Focus, modelo 2006, y circuló por el boulevard Felipe Pescador dando vuelta a la izquierda, en la calle Zaragoza, esquina en la que se encontraban sobre la banqueta su ex esposa acompañada de su pareja, Mauro Sosa Amador, y su hija de dos años de edad, a quien su ex esposa tenía en brazos. A un lado de ellos se encontraba una motocicleta propiedad de Mauro Sosa Amador.

“Todos los automovilistas de Durango saben que en las calles perpendiculares al boulevard Felipe Pescador no se puede dar vuelta a alta velocidad porque los ángulos son muy cerrados; sin embargo, la pareja de mi ex esposa me acusó de haber dado vuelta en la calle Zaragoza ‘con intenciones de atropellarlo’, según él, y le llamó a la policía de inmediato”, manifiesta el señor Vargas Serrano, y agrega:

“Sin saber esto, continúo mi camino para ser detenido en la esquina de las calles Hernández y Juárez por dos elementos de la Dirección Municipal de Seguridad Pública, quienes con lujo de violencia me arrestan y me llevan a la Delegación Norte, en donde sin más me presentan ante los medios de comunicación para que me fotografíen y me filmen como presunto responsable del delito de tentativa de homicidio en agravio de mi ex esposa.

“A las doce de la noche estos policías, cuyos nombres son José Luis Luna Chávez y José Juan Velázquez, me trasladan a la Fiscalía General del Estado de Durango; en el trayecto, me amenazaron poniéndome una pistola en el estómago y apretándome en exceso las esposas. Ya en la Fiscalía, el ministerio público en turno determinó que no había delito que perseguir, pero los agentes municipales, haciendo caso omiso de este ordenamiento, me volvieron a privar de mi libertad afuera de la Fiscalía y me llevaron a encerrar de nuevo a la Delegación Norte. Ahí, estos policías municipales le llamaron a la pareja de mi ex esposa diciéndole que acudiera a la Fiscalía a acusarme de lesiones dolosas”, expone el señor Gerardo Benjamín Vargas Serrano.

Noel Díaz Rodríguez, titular de la DMSP de Durango. Más de 2 mil ciudadanos al mes detenidos por faltas administrativas. ¿Acaso urge recabar fondos para financiar la campaña electoral priísta?
Noel Díaz Rodríguez, titular de la DMSP de Durango. Más de 2 mil ciudadanos al mes detenidos por faltas administrativas. ¿Acaso urge recabar fondos para financiar la campaña electoral priísta?

Y efectivamente, la averiguación previa Núm. 154/2015 está solicitada por Mauro Sosa Amador, por el delito de lesiones dolosas, “porque sufrió un esguince”, según el parte médico. Pero la Dirección Municipal de Seguridad Pública de la ciudad de Durango, a cargo de Noel Díaz Rodríguez, presentó al señor Gerardo Benjamín Vargas Serrano ante los medios de comunicación argumentando que “embistió a su ex pareja sentimental con un vehículo oficial”.

El señor Gerardo Benjamín Vargas Serrano presentó su queja en la oficina de Asuntos Internos de la DMSP con el número de folio AI/08/15, así como también denunció estos hechos ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, presidida por el Lic. Felipe de Jesús Martínez Rodarte, ya que, expresa: “No agredí a mi ex esposa ni a su pareja, y no es la primera vez que estas personas me inculpan falsamente ante las autoridades, y estas, por razones muy explicables, les siguen el juego. En el Segundo Juzgado de lo Familiar, del Tribunal Superior de Justicia, el juez Alejandro Estrada me negó el derecho de ver a mi hija por considerar que soy ‘un violador en potencia’, sin haberme realizado ningún estudio psicológico, solamente por las declaraciones falsas de mi ex esposa; por esta razón es que tengo que acudir al Centro de Psicoterapia Familiar del DIF para poder estar con mi hija unos cuantos minutos”, finaliza el señor Gerardo Benjamín Vargas Serrano, quien el pasado martes 10 de marzo, con una premura sorprendente, fue aprehendido por agentes de la Dirección Estatal de Investigaciones de la Fiscalía General del estado de Durango y recluido en el Centro de Rehabilitación Social (CERESO), en donde estuvo privado de su libertad durante 48 horas. “El juez me cambió el delito, primero me acusaron de lesiones dolosas y ahora me acusan de lesiones calificadas y violencia familiar, siendo que yo ya no vivo con mi ex esposa”, argumenta el señor Gerardo Benjamín Vargas, y concluye: “Ahora tampoco me quieren devolver mi auto, que está a ‘disposición’ de la Fiscalía encerrado en un predio propiedad de las Grúas Dasa”.

Sonia Yadira de la Garza Fragoso, Fiscal General de Durango, y Apolonio Betancourt, Presidente del TSJ. Sin control sobre ministerios públicos y jueces corruptos.
Sonia Yadira de la Garza Fragoso, Fiscal General de Durango, y Apolonio Betancourt, Presidente del TSJ. Sin control sobre ministerios públicos y jueces corruptos.

La exhibición de ciudadanos en los medios de comunicación por parte de las dependencias policíacas municipales y estatales de Durango sin haber sido remitidos con el ministerio público ni mucho menos consignados ante un juez, es una práctica común que viola los derechos humanos de las personas que sufren estos atropellos, ya que buena parte de estos ciudadanos suelen ser víctimas de imputaciones falsas de sus acusadores, quienes, repartiendo dádivas, se coluden con elementos corruptos de estas corporaciones, así como con ministerios públicos y jueces, para fabricar delitos, por lo que los cursos de “respeto a los derechos humanos” que reciben los integrantes de estas instituciones y que tanto cacaraquean sus titulares parecen ser gastos inútiles del dinero de los contribuyentes.

A todo esto se suma el muro de impunidad al que se enfrentan los ciudadanos que intentan denunciar estos abusos, pues en la mayoría de los casos los encargados de las oficinas de Asuntos Internos de estas dependencias protegen a los denunciados.