EDITORIAL: El callejón sin salida de Peña Nieto

Desde antes de que tomara posesión de su cargo como presidente de México ya se preveía que Enrique Peña Nieto no estaría a la altura de semejante puesto, un tanto por su marcada falta de preparación intelectual y académica y otro tanto por sus pésimos antecedentes de corrupción como ex secretario de finanzas del ex gobernador saqueador del Estado de México, Arturo Montiel, y como gobernador de esta misma entidad, cargo en el que se caracterizó por enriquecerse ilícitamente y ejercer actos brutales de represión, como el más conocido inclusive a nivel internacional: el de Atenco, en el que perdieron la vida dos jóvenes habitantes de este municipio y fueron violadas 26 mujeres por las fuerzas policíacas estatales y federales enviadas bajo sus órdenes.

Llegado al poder a través de un monumental fraude electoral consistente en la compra de votos a través del reparto de las ya célebres tarjetas Soriana y de la violación del tope de gastos de campaña que excedió más de diez veces el monto establecido en la ley electoral, a Peña Nieto los grupos de poder fácticos mafiosos que controlan este país lo hicieron presidente a fuerzas, transgrediendo el Estado de derecho y atendiendo las instrucciones del gobierno estadounidense, que ya con mucha antelación venía “sugiriendo” realizar las iniciativas de reformas constitucionales que se aprobaron desde el inicio del sexenio peñanietista.

Así, el desmantelamiento de las instituciones del país, iniciado desde la década de los años ochenta en el sexenio de Miguel de la Madrid, llegó a su última etapa con la apertura “legal” que significó la reforma energética para que empresas particulares nacionales y extranjeras exploten nuestros recursos naturales, principalmente el petróleo y la electricidad.

Sin embargo, los cacareados beneficios de las reformas fiscal, laboral, de comunicaciones y energética no han llegado a la ciudadanía, pero sí han enriquecido a los selectos grupos relacionados y pertenecientes al primer círculo del gabinete presidencial.

Y las denuncias en algunos medios de comunicación importantes, tanto mexicanos como extranjeros, sobre los conflictos de intereses en el otorgamiento de contratos millonarios a determinados empresarios por parte del gobierno de Peña Nieto, no paran en  reportajes que documentan y desmenuzan la manera ilegal en que este presidente y sus principales colaboradores integrantes de su gabinete se han hecho de faraónicas propiedades que cuestan enormes fortunas.

Pero en un país como el nuestro en el que las instituciones encargadas de impartir justicia están en manos de los mismos clanes gangsteriles que nos “gobiernan”, es prácticamente imposible que estos funcionarios públicos sean severamente sancionados o destituidos. Por el contrario, los periodistas que descubren las fechorías de estos políticos ladrones y las dan a conocer son perseguidos y retirados de los medios de comunicación en los que trabajan, como es el caso de la periodista Carmen Aristegui, recientemente despedida de la empresa MVS por órdenes de Enrique Peña Nieto, en venganza por haber dado a conocer el escabroso asunto de La Casa Blanca, que trascendió a nivel internacional.

Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, con Andrés Chao. Acuerdos mafiosos.
Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, con Andrés Chao. Acuerdos mafiosos.

Y una vez más las manos de Peña Nieto se ensucian de materia fétida al enterarnos que a cambio de este despido nuestro presidente promovió como subsecretario de Normatividad y Medios de la Secretaría de Gobernación a Andrés Chao Ebergenyi, hermano de Felipe Chao, Vicepresidente de Relaciones Institucionales de MVS. ¿Qué otras prebendas que desconocemos habrá otorgado Peña Nieto al propietario de este consorcio, Joaquín Vargas?

Lo más probable es que nos enteremos dentro de poco, pero nada podamos hacer, como nada podemos hacer ante las medidas ilegales que el gobierno federal y los gobiernos estatales y municipales practican cuando nos ocultan y nos niegan información pública a los ciudadanos sobre los contratos millonarios que realizan con sus empresarios favoritos, de muchos de los cuales inclusive son hasta socios. Y a tal grado llega la impunidad de estos gremios políticos delictivos que hasta determinan “por ley” no proporcionar información pública a la ciudadanía sobre algunas transacciones hasta por más de una década. Más claros los robos no pueden ser.

Y al lado de esta corrupción que ya mantiene a la ciudadanía fastidiada, Peña Nieto no se sacude ni podrá sacudirse nunca, aun cuando ya no sea presidente, la desaparición forzada (o lamentablemente genocidio) de los 43 normalistas de Ayotzinapa, acaecida el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, ya que cada día surgen más y más pruebas documentales y testimoniales de la participación por acción y omisión del Ejército mexicano en este crimen de lesa humanidad.

En medio de esta crisis política, que es la más aguda que ha presentado nuestro país en los últimos tiempos, se avecina un proceso electoral con una sociedad desalentada, desmotivada y agredida precisamente por la ausencia de representación de una partidocracia que forma parte de esos poderes fácticos y mafiosos que mantienen a nuestro país en las condiciones en las que se encuentra: sin un proyecto político definido, sin crecimiento económico, con un aumento dramático de la pobreza, con una delincuencia organizada protegida por la clase política gobernante, con inseguridad y, lo peor, con violaciones atroces a los derechos humanos más elementales.

Después de  mantener al país en este penoso estado ¿podrán los partidos políticos convencer a la ciudadanía de acudir a las casillas electorales a votar por ellos el 7 de junio próximo?

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