Peña Nieto, peor que Calderón

Cuando muchos imaginaban que no podía haber un mandatario más nefasto que Vicente Fox Quezada, autor de una y mil torpezas, como la tristemente célebre sucedida en el año 2004, en el marco de la Cumbre Extraordinaria de las Américas, antes de la cual le dijo al presidente cubano Fidel Castro: “Comes y te vas”, obedeciendo las órdenes del presidente estadounidense George W. Bush, quien no quería darle encuentro a Castro durante esa cumbre, apareció su sucesor, Felipe Calderón, cuya fama de dipsómano trascendió las fronteras, pero su alcoholismo no fue lo único que nos afectó a todos los mexicanos sino la enorme irresponsabilidad con la que gobernó, ya que en su sexenio lo mismo permitió el enriquecimiento ilícito de sus colaboradores más cercanos como la abierta injerencia del gobierno estadounidense en los asuntos nacionales. Así, a Calderón se le atribuyen las más de 100 mil muertes que sucedieron en el país dentro de su llamada “guerra contra el narcotráfico”, en la que toleró el trasiego de armas provenientes de los Estados Unidos para abastecer de armamento a determinados carteles de la drogas, en el esquema criminal del programa “Rápido y Furioso”, concertado entre su gobierno y el gobierno de Barack Obama, y en el que estuvieron involucrados los actuales ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Eduardo Medina Mora y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, que en el sexenio calderonista fungieron como Procurador General de la República y titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), respectivamente.

En el sexenio de Calderón comenzaron a fraguarse las iniciativas de “reformas” a la Constitución en los aspectos laboral, financiero, educativo y energético, que a la postre nos están empobreciendo aún más a los mexicanos.

Luego de la larga noche que a los ciudadanos nos representó el sexenio de Felipe Calderón, con nulo crecimiento económico, desarrollo social estancado y el país envuelto en la peor ola de violencia y corrupción de toda su historia, los mexicanos pensamos que no podíamos padecer más desgracias… pero llegó Enrique Peña Nieto.

Proveniente de una de las mafias más voraces de la clase política mexicana, el grupo Atlacomulco, fundado por aquél insaciable saqueador mexiquense Carlos Hank González, ex regente de la ciudad de México durante el sexenio lopezportillista que se enriqueció ilícitamente hasta el hartazgo proporcionándose a sí mismo y a sus amigos contratos millonarios de obras públicas, Peña Nieto llegó a la presidencia de México perpetrando el mayor fraude electoral de los últimos tiempos, comprando votos y violando el tope de campaña hasta 10 veces más de lo establecido por la ley electoral.

Sin ninguna preparación académica ni intelectual, Peña Nieto asume la presidencia rodeado de un grupo hamponeril cuyos antecedentes inclusive lo relacionan con el crimen organizado, como el caso del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, citado en varias averiguaciones previas por sus supuestos vínculos con el cartel delictivo llamado Los Zetas, cuando fue gobernador del estado de Hidalgo.

Otro de los principales integrantes de su gabinete, el secretario de Hacienda Luis Videgaray Caso, desde que fuera su secretario de Finanzas cuando ocupó la gubernatura del Estado de México, se caracterizó por sus tratos sucios con empresarios, a quienes otorgaba (y aún otorga) contratos millonarios de obras públicas.

Enrique Peña Nieto es, sin duda, el presidente que más ha enlodado la investidura presidencial con sus escándalos de corrupción, de asesinatos y de ignorancia cultural y política.

Por sus antecedentes de represor por la masacre de Atenco, ejecutada los días 3 y 4 de mayo de 2006, en la que dos estudiantes fueron asesinados y cientos de habitantes de este pueblo fueron heridos de gravedad y privados ilegalmente de su libertad, así como 26 mujeres fueron violadas por las fuerzas policíacas federales y estatales, ya se esperaba este tipo de actuaciones de Peña Nieto como presidente de la República y, a la par que la “guerra de Calderón contra el narcotráfico” no se ha detenido durante su sexenio, este titular del poder Ejecutivo ha aplicado descaradamente una política pública de exterminio, como así lo demuestran los genocidios de Tlatlaya, Estado de México, en donde fueron ejecutados 22 ciudadanos el 30 de junio de 2014 por elementos del Ejército mexicano; de Iguala, Guerrero, en donde 42 estudiantes normalistas de Ayotzinapa fueron desaparecidos forzosamente el 26 de septiembre de 2014 (y 4 más fueron asesinados el mismo día) por integrantes de las fuerzas policiacas federales, estatales y municipales, en complicidad con el Ejército, y de Apatzingán, Michoacán, en donde 16 civiles integrantes de un grupo de autodefensas fueron acribillados por agentes de la policía federal.

Con más de 60 mil muertes relacionadas con el crimen organizado y “daños colaterales”, en menos de la mitad de su sexenio, Enrique Peña Nieto supera a Felipe Calderón con más de 10 mil homicidios dentro de esta estadística. Y por más que destinen miles de millones de pesos de nuestro dinero para manipular y ocultar la información real sobre estos hechos, las evidencias demuestran lo que todo el pueblo sabe: que nuestro país sigue estando en una situación más que grave, con buena parte de su territorio convertido en un infierno y dominado por poderosos grupos del crimen organizado que no tendrían ningún poder si no fuera por la protección que han recibido (y reciben) de no pocos altos funcionarios del gobierno federal que controlan las principales instituciones policiacas del país, y una prueba de ello es lo sucedido en Jalisco el pasado 2 de mayo, en donde grupos de la delincuencia organizada paralizaron esta entidad y cuatro estados vecinos con “narcobloqueos” en 39 puntos estratégicos, tanto en carreteras federales como en las zonas rurales y urbanas de Jalisco, llegando al extremo de derribar un helicóptero del Ejército con artillería pesada, en respuesta a la captura de un capo local, afectando los bienes patrimoniales de centenares de ciudadanos y perjudicando la movilidad de cientos de miles más. ¿Por qué el gobierno de Peña Nieto ha llegado a este grado de descontrol?

Y lo peor de todo es que este descontrol, palpable a todas luces en el rubro de seguridad nacional, se refleja en todos los aspectos de la sociedad, con una economía colapsada y el desempleo y la miseria en aumento, como lo acaba de exponer recientemente el Núcleo Coordinador de la Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, integrado por 50 organizaciones sociales especializadas en estudios de desarrollo social, que coinciden en señalar que las acciones y programas del actual gobierno de Enrique Peña Nieto, tendientes a combatir la pobreza, no dan los resultados esperados pues el gasto público es discriminatorio y, en el colmo, los programas sociales “excluyen al 65% de la población en estado de pobreza”.

Y en la aldea global, según este conglomerado de expertos, somos un país considerado rico, pero con más de 65 millones de sus habitantes viviendo casi en la miseria.

Así las cosas, los ciudadanos lo único que vemos es que nos enfrentamos a una mafia gobernante y a una partidocracia criminal que solo gobiernan para sí mismas, para saquear el erario, amasar enormes fortunas y privatizar el patrimonio nacional para ponerlo en manos del mejor postor, especialmente de esos empresarios nacionales y extranjeros de los que inclusive son socios. A esta partidocracia delincuencial y a estos grupos que conforman los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, que en los hechos son verdaderos carteles del crimen organizado, lo que menos les interesa es el bienestar del pueblo, de ahí que sexenio tras sexenio nuestro país siga apareciendo en los últimos lugares de las estadísticas de desarrollo económico y social a nivel internacional.

Por eso, la única opción que le están dejando a la ciudadanía es desconocerlos y atender el llamado de movimientos auténticamente sociales para reestructurar nuestro país, como el propuesto por el obispo de Saltillo Raúl Vera, en el sentido de formar un nuevo Constituyente que tenga su origen estrictamente en el pueblo, antes de las elecciones presidenciales de 2018, y el que propone el activista regiomontano Gilberto Lozano, líder del Congreso Nacional Ciudadano, de dar término a la partidocracia impulsando gobiernos ciudadanos, como el del municipio de Cherán, en Michoacán. No hay de otra si queremos sacudirnos de una vez por todas a la partidocracia delictiva y a las mafias que emanan de esta, que hoy por hoy han resultado ser muchísimo más peligrosas que cualquier cartel de las drogas.