43 años atracando

Fernando Miranda Servín.

En agosto de 1997, los taxistas duranguenses Alfonso Espino Verdín y Juan Manuel Morales Meza decidieron dejar de pertenecer al Sindicato de Choferes y Trabajadores Conexos de Durango, perteneciente a la CTM, para formar una organización independiente pues estaban fastidiados de la corrupción extrema que se practicaba (y practica) al interior de este sindicato.

Al conocer sus planes, el secretario general de este sindicato de choferes, Javier Covarrubias Vázquez, de inmediato le solicitó por escrito al entonces gobernador Maximiliano Silerio Esparza que a través del Lic. Víctor Manuel Arrieta, Director General de Transporte, les cancelara o revocara sus permisos para prestar el servicio público de pasajeros porque según él “faltaron a los estatutos de lealtad y fidelidad a nuestro sindicato”.

Así, Alfonso Espino Verdín y Juan Manuel Morales Meza fueron despojados de sus placas de taxis 1572-DYA y 1787-DYA, respectivamente.

“Javier Covarrubias de inmediato negoció nuestras placas con el mejor postor, en contubernio con las autoridades de la Dirección General de Transporte de ese tiempo”, acusa Alfonso Espino Verdín.

Y en un ir y venir haciendo reclamos a infinidad de funcionarios para que sus placas de taxi le sean devueltas, Alfonso Espino Verdín ha pasado 16 años denunciando el hecho sin que ningún gobernante le resuelva su problema.

“El 1 de abril de este año 2013 solicité a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje que me dieran una copia de los estatutos del Sindicato de Choferes y Trabajadores Conexos de Durango para saber en qué clausula establecen despojar a sus miembros de sus permisos personales para prestar el servicio público de pasajeros, pero resulta que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje no tiene en sus archivos los estatutos de este sindicato”, manifiesta don Alfonso Espino Verdín.

Y por si lo anterior fuera poco, en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje tampoco se encuentra ningún documento relativo a la asamblea de reelección del Comité del Sindicato de Choferes de la CTM, ni del acta de la última reelección y demás documentos que acompañan los estatutos vigentes, por lo que en los hechos la dirigencia de este sindicato es ilegal.

Pero en Durango este tipo de atropellos son cotidianos ya que sus gobernantes practican la corrupción de manera extrema, comenzando por el gobernador, Jorge Herrera Caldera, quien sabiendo los abusos y violaciones a las leyes que cometen infinidad de funcionarios públicos y líderes sindicales, se muestra complaciente y cómplice, y más cuando se trata de un sindicato que está bajo la protección mafiosa de la CTM, que en esta entidad está bajo en mando vitalicio del ex gobernador saqueador José Ramírez Gamero, muy conocido por chantajear a los gobiernos priístas para obtener cargos públicos para su vástago, José Antonio Ramírez Guzmán.

Así las cosas, el líder del Sindicato de Choferes, Javier Covarrubias Vázquez, “desde 1970 ha venido enriqueciéndose con la venta de concesiones de transporte robadas; actualmente, su fortuna es incalculable”, acusa el señor Alfonso Espino Verdín, por lo que ya está solicitando a la PGR una averiguación previa en contra de este personaje sórdido por el delito de enriquecimiento ilícito.

La decisión de acudir a esa instancia federal la toma Espino Verdín por el hecho de que en Durango acudir a la Fiscalía General no sirve de nada ya que es una dependencia que siempre actúa en defensa de las mafias afines a los grupos priístas que ostentan el poder, además de estar totalmente controlada por el crimen organizado.

Y si ni la PGR ni la Junta Local de Conciliación y Arbitraje ni los gobiernos corruptos priístas duranguenses han tenido la voluntad de resolver el problema de Alfonso Espino Verdín, ¿a quién deberá de acudir en un país en el que sus gobernantes prestan oídos sordos a estos casos y solo se dedican a hacer negocios personales?