Continúa impune el juez voraz. El alcalde priísta de Durango, Esteban Villegas, lo protege

De la redacción de razacero.

El pasado miércoles 17 de junio fue suspendida de sus funciones una secretaria de acuerdos del Juzgado Administrativo del municipio de Durango, ya que varios ciudadanos la denunciaron ante la Contraloría Municipal por haberles incrementado una multa de 600 a 800 pesos, además de no expedirles recibos oficiales de la Tesorería.

Al día siguiente, apareció en los medios de comunicación locales el titular del Juzgado Administrativo de la ciudad de Durango, el juez Juan Mejorado Oláguez, anunciando la suspensión de la servidora pública, de la cual se reservó revelar su identidad.

Como se recordará, en la edición número 72 de la primera quincena de junio de este año, nuestro medio informativo publicó el reportaje titulado UN JUEZ VORAZ, en el que un grupo de secretarios de acuerdos del mismo Juzgado Administrativo del municipio de Durango, en entrevista exclusiva con nuestro director denuncian al Juez Juan Mejorado Oláguez por presionarlos para que multen al mayor número de ciudadanos que son remitidos a las delegaciones aun cuando no haya elementos para hacerlo. También, los secretarios de acuerdos señalaron que son extorsionados por este juez, quien les impone una cuota semanal de 3 mil pesos y de 6 mil pesos cuando trabajan los fines de semana.

Otra de las denuncias que hicieron los secretarios de acuerdos fue que por órdenes del Juez Juan Mejorado Oláguez no entregaban a los ciudadanos remitidos recibos de la Tesorería Municipal, solo pedazos de papel sellados como “comprobantes de pago” de las multas. “El Juez Juan Mejorado Oláguez se queda con el 90% del importe de las multas que no ingresan a la Tesorería, que son un promedio de 600 multas a la semana que oscilan entre 400 y 600 pesos”, manifestaron los secretarios de acuerdos.

Hoy, una secretaria de acuerdos de este Juzgado Administrativo está suspendida por ejercer actos de corrupción pero, inexplicablemente, el Juez Juan Mejorado Oláguez, que es quien ordena a los secretarios de acuerdos cometer estos actos de corrupción, permanece impune.

“Es el alcalde Esteban Villegas quien protege abiertamente al juez Juan Mejorado Oláguez por las fuertes cantidades de dinero que le aporta semana tras semana y que, al igual que los recursos ilegales obtenidos por los saqueos que se cometen en casi todas las direcciones municipales, serán utilizados para financiar la campaña electoral de Esteban Villegas para la gubernatura del estado”, comentan mismos empleados del municipio que se reservan sus identidades por razones obvias.

Y a tal grado llega la voracidad de estos “servidores públicos” que este juez, Juan Mejorado, y el director de la Dirección Municipal de Seguridad Pública, Noel Díaz Rodríguez, con el consentimiento del alcalde priísta Esteban Villegas, han formado un comando paramilitar de civiles armados que recorren las calles de Durango levantando ciudadanos vulnerables, como jornaleros y menores de edad, a los que privan ilegalmente de su libertad llevándolos a las instalaciones de la Dirección Municipal de Seguridad Pública y a los juzgados administrativos de las 4 delegaciones de esta ciudad, fabricándoles faltas administrativas que no han cometido, por lo que las remisiones a estas delegaciones han aumentado de manera alarmante, ya que, según declaraciones a los medios del mismo Juez corrupto Juan Mejorado Oláguez, la cifra de ciudadanos que son detenidos por cometer supuestas faltas administrativas ha aumentado de 600 hasta 800 a la semana.

Así se las está gastando este presidente municipal priísta, quien un día después del proceso electoral del pasado 7 de junio se “destapó” públicamente como aspirante a la gubernatura de Durango, hecho que causó malestar no solo entre la clase política duranguense sino entre los mismos militantes de su partido, el PRI, y entre algunos políticos que también aspiran a este cargo pero habían guardado las formas.

Ahora, la actitud ambiciosa de este político ha provocado cierto divisionismo al interior del PRI duranguense, y su forma gangsteril de gobernar al imponer un régimen policíaco en el municipio de Durango está causando el repudio de la ciudadanía hacia este partido, que solo obtuvo el 18% de votos del total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral de este estado norteño.