Se consolida el NarcoEstado
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) recientemente dio a conocer su informe de la Medición de la Pobreza en México a nivel nacional en el que revela que en 2012 habían 53.3 millones de personas en pobreza, mientras que para este año ya suman 55.3 millones.
Durante la presentación, el Secretario Ejecutivo del CONEVAL, Gonzalo Hernández Licona, dijo que “la pobreza es el resultado de que haya carencias de derechos sociales y bajen los ingresos”.
Con Peña Nieto, 2 millones más de pobres.
La medición de pobreza la integran dos elementos que han tenido evoluciones contrarias: la cobertura de servicios básicos (educación, salud, seguridad social, vivienda, alimentación y servicios elementales) y el ingreso de las familias. Esta precisión se basa en los datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), recolectados entre agosto y noviembre del año pasado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Apenas a mediados de julio pasado la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) advirtió que México es el único país latinoamericano que registra una tendencia regresiva en reducción de la pobreza.
Mientras esto sucede el gobierno de Enrique Peña Nieto sigue anunciando recortes presupuestales que afectan principalmente a las mayorías, pues estas reducciones se dan en áreas sensibles como Desarrollo Social, Educación y Salud, más no en otros rubros como las Secretarías de la Defensa y Marina, que permanecen casi intocables, así como la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Congreso de la Unión, cuyas mafias “sufrirán” descuentos en sus ingresos de 700 pesos al mes y ¡50 pesos en sus aguinaldos!, como es el caso de los ministros de la Suprema Corte.
Así mismo, en medio de esta crisis aguda, esa pequeña élite de empresarios corruptos ligados al poder Ejecutivo sigue incrementando sus fortunas a pesar de los escándalos y acusaciones de delitos graves que han cometido en contubernio con el presidente de la República, como por ejemplo el Grupo Higa, de Juan Armando Hinojosa, que fue el constructor de La Casa Blanca y ha sido el contratista favorito de Enrique Peña Nieto desde que este fuera gobernador del Estado de México, y la empresa constructora trasnacional OHL con el ex secretario de Estado José Andrés de Oteyza como su presidente del consejo de administración, instrumentos con los que el cartel delictivo que encabeza Peña Nieto han saqueado las arcas de varios estados de la República y del gobierno federal.
A todo esto se suma el ambiente de inseguridad total que se vive en la nación y que ha arrojado hasta estos momentos del sexenio más de 70 mil homicidios relacionados con el crimen organizado, muchísimos más que en la administración calderonista.
Y por si lo anterior fuera poco, a principios de este mes el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dio a conocer su informe respecto a la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa Raúl Isidro Burgos, en el que revela muchas inconsistencias, inexactitudes y mentiras en las “investigaciones” de la Procuraduría General de la República bajo el mando del procurador cansado Jesús Murillo Karam.
Lo más trascendente de este informe es que echa por tierra la “verdad histórica” de la PGR en el sentido de que los 43 normalistas fueron incinerados en el basurero de Cocula, ya que según los estudios científicos realizados por estos expertos esto no sucedió, y expone el posible móvil de este crimen de lesa humanidad señalando la existencia de un quinto autobús que en el expediente de la averiguación previa fue omitido u ocultado por la PGR. Dicho autobús, secuestrado por los estudiantes para trasladarse a la ciudad de México para asistir a la marcha del 2 de octubre, habría contenido droga o dinero del cartel Guerreros Unidos, lo que explica y pone al descubierto la reacción brutal y la complicidad de los cuerpos policíacos federal, estatal y municipal, así como del Ejército mexicano con este grupo criminal.
Así las cosas, el Estado mexicano, representado por la mafia que encabeza Enrique Peña Nieto, al ocultar la existencia de este quinto autobús en las indagatorias de la PGR queda posicionado como protector y patrocinador del crimen organizado, en este caso de un cartel, el de los Guerreros Unidos.
Ahora, ya para nadie es un secreto en nuestro país que la presidencia de la República, los gobiernos estatales, las policías de los tres niveles, el Ejército y la Marina están totalmente coludidos y/o forman parte de los carteles de las drogas, enriqueciéndose y contribuyendo a la destrucción de la juventud mexicana pues muy buena parte de ese trasiego de estupefacientes a los Estados Unidos se queda en nuestro país, de ahí que día con día aumente alarmantemente el número de víctimas de drogadicción.
Por mucho menos que todo esto el ahora ex presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, fue depuesto y encarcelado por el pueblo guatemalteco. ¿Qué más necesitamos los mexicanos para hacer lo propio y deshacernos de este presidente hamponeril, de su séquito de saqueadores y de la partidocracia criminal?