Cuando el gobierno mexicano todavía no sale del grave conflicto de la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, ya se le acaban de presentar otros dos casos de igual dimensión con la denuncia que el pasado 28 de octubre le hiciera en la ciudad de Nueva York, E.U., el director de la División de las Américas de la prestigiada organización internacional no gubernamental Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, al exponer las evidencias que apuntan a que el 6 de enero y el 22 de mayo de 2015, en Apatzingán y Tanhuato, Michoacán, respectivamente, la Policía Federal realizó ejecuciones extrajudiciales de al menos 50 civiles: 8 en Apatzingán durante el desalojo de un plantón de un grupo de autodefensas y 42 en un rancho de Tanhuato presuntamente ocupado por la delincuencia organizada.

Estas prácticas genocidas se han convertido en el sello que ha caracterizado a la administración del presidente Enrique Peña Nieto: ejecutar a ciudadanos indefensos sin importar si son delincuentes o no, asesinar a los que toman las armas para repeler los ataques del crimen organizado, apoyando sesgadamente a determinados grupos delictivos, y encarcelar a todos aquellos que se opongan a algún proyecto depredador o expropiador de sus tierras. En este contexto, también se incluye la privación de la libertad de los principales líderes del magisterio, de la CNTE, de la sección 22 de Oaxaca, apresados por supuestamente haber cometido delitos federales durante las marchas de protesta que han realizado.

Así gobierna la poderosa mafia de “políticos” altamente peligrosos que sexenio tras sexenio se han apropiado de las instituciones públicas para saquear nuestro país y asesinar y encerrar a todo aquél que se oponga a sus retorcidos fines.

Otra variante de esta política de exterminio es la criminalización de las víctimas, dando por hecho de manera anticipada a las averiguaciones previas que son delincuentes y por eso los mataron. Así, la bajeza de ignorar miles de casos de personas desaparecidas y asesinadas es otra postura con la que nuestros gobernantes hamponeriles se lavan las manos y esquivan la responsabilidad que tienen de proporcionarnos seguridad y justicia pronta y expedita.

No por nada muchos analistas reconocidos a nivel mundial expresan que en estos momentos la única opción que nos queda a los ciudadanos mexicanos es la de acudir a tribunales internacionales para solicitar justicia ya que en nuestro país los tres poderes se encuentran totalmente permeados por la corrupción y perversidad de quienes forman parte de estos.

Por otro lado, los ciudadanos seguimos esperando los “beneficios” de las reformas constitucionales que, a lo que hemos visto de acuerdo a las denuncias publicadas en los principales medios de información realmente independientes, solo están favoreciendo a un pequeño grupo de empresarios ligados al gabinete presidencial.

Policías asesinos y gobernantes sátrapas y ladrones. El pesado lastre del que ya debe liberarse la sociedad mexicana.
Policías asesinos y gobernantes sátrapas y ladrones. El pesado lastre del que ya debe liberarse la sociedad mexicana.

Los ingresos producto de la venta de petróleo han bajado dramáticamente hasta en un 180% debido a la devaluación del peso frente al dólar y, para colmo, ya en breve comenzará la invasión de empresas transnacionales que instalarán sus gasolineras en nuestro país compitiendo con los concesionarios nacionales. Y nuestros gobernantes dicen una y otra vez que el precio de las gasolinas no aumentará, que “solo fluctuará de acuerdo a los índices de inflación”, “los precios subirán y bajarán de acuerdo a estos índices”, dicen, cuando todos sabemos que esos índices de inflación siempre le llevarán la delantera a los bolsillos de los ciudadanos. Así, la reforma energética ha sido simple y llanamente una tomadura de pelo al pueblo de México.

Lo cierto es que la economía se encuentra estancada, sin crecimiento, a la deriva, con menos circulante de dinero y más desesperanza para alcanzar los objetivos cotidianos de satisfacer las necesidades primordiales: comer, vestirse y pagar los servicios elementales.

Pero nuestros gobernantes están muy lejos de practicar la misma austeridad ciudadana impuesta a base de políticas públicas erróneas o miserablemente planeadas, y algunos, sabiéndose totalmente impunes, hasta hacen uso de nuestro dinero para realizar proselitismo político a su favor y conseguir candidaturas de sus partidos para contender por cargos de elección popular, como es el caso del alcalde corrupto de la ciudad de Durango, el priísta Esteban Villegas Villarreal, quien una y otra vez ha sido denunciado por la ciudadanía y militantes de diferentes partidos políticos por utilizar recursos públicos para promover su imagen con fines electorales pero, como siempre sucede en estos casos, no pasa absolutamente nada.

Este solapamiento de actos delictivos perpetrados por nuestros gobernantes es lo que nos ha desacreditado como nación a nivel internacional. Y a todo esto se suman los intentos aberrantes de no pocos legisladores obtusos que pretenden callar las voces de protesta de la sociedad mexicana presentando “iniciativas” en el Congreso de la Unión para penalizar la libertad de expresión en las redes sociales de internet.

Por todo lo anterior, hoy se torna mucho más urgente que la sociedad entera actúe ya para contrarrestar el golpeteo constante de la mafiosa clase política que nos desgobierna, y en los próximos procesos electorales mande a sus casas con cajas destempladas a estos hampones de cuello blanco que se hacen llamar “políticos” y a la partidocracia que los protege, para comenzar a darnos una verdadera democracia.

Las candidaturas independientes, a pesar de los ataques que están teniendo y de las desviaciones que pretenden darles algunos políticos oligarcas, son la mejor opción para deshacernos de los carteles criminales en que se han convertido los partidos políticos.

Otra opción quizá más auténtica son los candidatos no registrados, que en algunos lugares de la República ya han logrado triunfos electorales amparados en el artículo 35 de nuestra Constitución Política. Cualquiera de estas dos opciones son la vía para que los ciudadanos comencemos a reestructurar nuestra nación y a recuperar lo que nos han robado.

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