El asesino de Los Pinos

En un Estado de Derecho pleno, al presidente Enrique Peña Nieto no le alcanzarían los años que le quedan de existencia para pagar con cárcel las atrocidades que ha cometido, desde saqueos indiscriminados y fraudes electorales hasta genocidios.

Cómplice y partícipe del enriquecimiento ilícito de su pariente, el ex gobernador del Estado de México, Arturo Montiel Rojas, para el que sirvió como su secretario de Finanzas durante su gobierno, Peña Nieto hereda la gubernatura de esta entidad el 16 de septiembre de 2005 y al año siguiente, el 3 de mayo de 2006, realiza su primera masacre colectiva agrediendo al pueblo de San Salvador Atenco, que se oponía a la construcción del aeropuerto internacional en la zona de Texcoco. Ahí, bajo el consentimiento y las órdenes del gobernador mexiquense, Enrique Peña Nieto, las policías federal, estatal y municipal realizaron un operativo de dos días reprimiendo a este heroico pueblo, matando a dos de sus jóvenes habitantes, hiriendo a un centenar, deteniendo arbitrariamente a más de 300 y violando a 26 mujeres.

Desde este momento quedó definido el estilo de “gobernar” de este “político”, razón por la cual no sorprendió mucho su designación como candidato del PRI a la presidencia de la República el 17 de diciembre de 2011.

Impecable en su aspecto, pero sucio en sus quehaceres públicos, Peña Nieto resulta triunfador en las elecciones del 1 de julio de 2012 violando por el equivalente a 14 veces el tope de gastos de campaña, haciendo evidente su precaria preparación política y cultural y dejando tras de sí una larga cauda de corruptelas realizadas en contubernio con poderosos grupos financieros y televisoras.

Y parte de esos contubernios pronto quedarían al descubierto con el reportaje de La Casa Blanca, realizado por el equipo de investigadores de la periodista Carmen Aristegui y publicado a finales de 2014, que reveló las componendas que Peña Nieto ha tenido con por lo menos uno de sus contratistas favoritos, el dueño del Grupo Higa, Juan Armando Hinojosa Cantú, a quien ha dado contratos millonarios de obras públicas desde que era gobernador del Estado de México.

A los saqueos que Peña Nieto ha cometido con este empresario y con otros funcionarios de su gabinete, como el ex procurador Jesús Murillo Karam, a cuyas empresas constructoras de sus familiares el gobierno federal peñanietista ha otorgado contratos por varios miles de millones de pesos, se han sumado ya varios genocidios en los que el presidente de la República ha tenido responsabilidad oficial por acciones y omisiones cometidas durante el desempeño de sus funciones.

Así, al caso Tlatlaya, del Estado de México, en donde el 30 de junio de 2014 fueron ejecutados 22 ciudadanos por soldados del Ejército mexicano, le siguió el genocidio de Iguala, llevado a cabo el 26 de septiembre de 2014, en el que 3 estudiantes normalistas de Ayotzinapa fueron asesinados y 43 desaparecidos forzosamente por policías federales, estatales y municipales en complicidad con soldados del Ejército.

En estos crímenes de lesa humanidad la constante ha sido la protección abierta del gobierno de Peña Nieto a las fuerzas policíacas y a los soldados del Ejército aún con las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y las condenas de organismos internacionales como la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Ahora, a estos baños de sangre se ha sumado la matanza de Nochixtlán, acaecida el pasado domingo 19 de junio cuando las fuerzas policíacas federales del gobierno de Enrique Peña Nieto desalojaron violentamente un bloqueo a la carretera a Oaxaca que los habitantes de este poblado y profesores de la CNTE realizaban en protesta por la reforma educativa. 13 muertos y más de 100 heridos fue el resultado de la represión ordenada por este presidente de la República infame que se ha prestado, como ningún otro, para aplicar las “reformas estructurales” impuestas por la oligarquía internacional, es decir, por los dueños del dinero, para agudizar el saqueo de nuestras riquezas naturales y mantener al pueblo sometido e ignorante.

La matanza de Nochixtlán, una masacre más en el expediente genocida de Enrique Peña Nieto.
La matanza de Nochixtlán, una masacre más en el expediente genocida de Enrique Peña Nieto.

Pero la imposición a sangre y fuego de estas políticas depredadoras, lejos de amedrentar a esos sectores sociales que están siendo directamente afectados, está provocando respuestas de resistencia inusitadas que pueden desembocar en amplios movimientos sociales armados, como ya ha sucedido en varias regiones del país con las llamadas autodefensas, solo que en este caso serían de dimensiones mucho mayores, como en su momento lo fue (y lo es) el EZLN.

Repudiado en nuestro país y en el extranjero, en donde habitualmente es recibido por activistas con el grito de “¡Asesino!”, Enrique Peña Nieto también se ha caracterizado por utilizar las instituciones públicas encargadas de aplicar la ley y la justicia para protegerse a sí mismo y proteger a sus incondicionales en momentos en que la sociedad ya exige castigos ejemplares y el encarcelamiento de gobernantes ladrones.

Las elecciones del pasado 5 de junio, en las que el priísmo fue derrotado, no por los partidos políticos sino por la ciudadanía, son el mensaje claro de lo que le espera a este partido político en las elecciones presidenciales de 2018 y lo que le espera a quienes lleguen al poder, pues a estas alturas de nuestra historia ya les debe de quedar muy claro a nuestros gobernantes que

NO SE PUEDE NI SE DEBE GOBERNAR EN CONTRA DEL PUEBLO.

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