El presidencialismo delincuencial (o el derrumbe del PRI rumbo al 2018)

[dropcap]D[/dropcap]esde tiempos inmemoriales, si una característica han tenido casi todos los presidentes de nuestro país ha sido la de ser extremadamente corruptos. A excepción de Benito Juárez, todos los mandatarios han dejado a sus familias fastuosas fortunas, suficientes para que hasta sus nietos y bisnietos vivan en la opulencia. Por supuesto, esas riquezas siempre han sido mal habidas.

La corrupción presidencial siempre ha existido, pero fue a partir de la era postrevolucionaria que sus escándalos comenzaron a hacerse más notorios con el primer presidente civil, Miguel Alemán Valdés, quien gobernó de 1946 a 1952. Como tal, Miguel Alemán no perdió ni un segundo para hacer negocios particulares con recursos públicos haciéndose uno de los principales socios de Telesistema Mexicano, que posteriormente sería Televisa. También, Alemán Valdés, luego de dejar la presidencia, ocuparía durante 25 años la presidencia del Consejo Nacional de Turismo, cargo mediante el cual se acaudaló a más no poder haciendo transacciones ventajosas relacionadas con este rubro.

En esta época, no dejaban de ser secretos a voces las enormes mansiones que Adolfo Ruíz Cortines, Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz mandaron construir (con el dinero del pueblo) para sus amantes, por lo general integrantes del ambiente de la farándula.

Posteriormente, José López Portillo daría su penoso espectáculo de corrupción con su palacete construido en La Colina del Perro, en Cuajimalpa, y a partir de este momento la figura presidencial se fue desprestigiando con mandatarios cada vez más saqueadores, entreguistas y cínicos hasta llegar al actual que padecemos, Enrique Peña Nieto.

Con Enrique Peña Nieto no solo la alta corrupción y la inmoralidad se empoderaron en el país, sino también la peligrosa inexperiencia política, la omisión y la negligencia que han provocado que en lo que va del sexenio la pobreza y la miseria extrema vayan en alarmante aumento a la par que la impunidad esté reventando el índice de homicidios con más de 20 mil muertes anuales relacionadas con el crimen organizado, factor nocivo que ya tiene bajo su dominio amplias regiones del país en contubernio con fuerzas policíacas estatales y federales empudrecidas.

Por otro lado, la total falta de pericia en el manejo de la política interna está derivando ya en estallidos sociales que cada vez alcanzan proporciones mayores, sobre todo en el sur de nuestra patria, en donde no pocos poblados han comenzado a aplicar la ley por su propia mano ejecutando a presidentes municipales prepotentes y corruptos.

Este es el México de Enrique Peña Nieto, el presidente que prometió que en este año 2016 no habría “gasolinazos” y sin embargo ya ha aplicado cuatro, siendo este último uno de los más abusivos que seguramente impactará los bolsillos de las clases más necesitadas.

Este es el México de Enrique Peña Nieto, el presidente que pide perdón por las corruptelas que cometió para hacerse de su palacio, La Casa Blanca, pero lejos de renunciar a su cargo sigue promoviendo tras bambalinas su venganza contra Carmen Aristegui, la periodista que encabezó el equipo de investigadores que reveló la relación desaseada de este político nefasto con su contratista favorito, Juan Armando Hinojosa Cantú, el constructor de la monumental mansión.

Miguel Alemán Valdés, Ernesto Zedillo, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, presidentes que se han enriquecido saqueando el erario y haciéndose socios de empresas extranjeras a las que favorecieron con sus políticas depredadoras.
Miguel Alemán Valdés, Ernesto Zedillo, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, presidentes que se han enriquecido saqueando el erario y haciéndose socios de empresas extranjeras a las que favorecieron con sus políticas depredadoras.

Hoy quizá los mexicanos tengamos que agradecer las torpezas y ladronerías del presidente Peña Nieto, de los integrantes de su gabinete y de la mayoría de los gobernadores de su partido, el PRI, pues gracias a estas estamos despertando y comenzando a exigir de manera enérgica a nuestros gobernantes que cumplan con el papel que les hemos conferido, que es el de ser mandatarios y obedecer a sus mandantes, que somos nosotros, sus patrones, quienes les pagamos sus generosos sueldos no para que nos roben y agredan sino para que nos sirvan.

Por todo lo anterior, a estas alturas y ya encaminados a la sucesión presidencial, Peña Nieto ha convertido al PRI en un auténtico cadáver político, que si bien jamás le ha ofrecido nada a la ciudadanía ahora ya ha perdido por completo la milimétrica credibilidad que podría conservar.

Por desgracia, en nuestro país la “izquierda” no ha sido lo que esperábamos con los liderazgos caciquiles y oprobiosos de los santones Cuauhtémoc Cárdenas y Andrés Manuel López Obrador que, a la larga, por mucho que se desgarren las vestiduras y digan lo contrario, terminaron siendo comparsas y muros de contención de las oligarquías depredadoras que manejan a los gobiernos de derecha (PRI y PAN), hecho que quedó más que comprobado con la alianza incongruente del PRD con el PAN y las cooptaciones de que fueron objeto la mayoría de los dirigentes estatales de Morena por los gobiernos priístas de los estados en donde se celebraron elecciones el pasado 5 de junio.

A los ciudadanos ya no se les engaña fácilmente, por lo que nuestros gobernantes ya saben o deben de saber que si roban y hacen un papel deplorable, luego del siguiente proceso electoral ellos y sus partidos se irán a sus casas o a la cárcel, porque esa es la exigencia social que cada vez está tomando más fuerza en el país ante los saqueos criminales de sátrapas como el presidente Enrique Peña Nieto y gobernadores como el veracruzano Javier Duarte, el chihuahuense César Duarte y otros que se han enriquecido y han enriquecido a sus familiares de manera insultante mientras sus pueblos sobreviven desesperados por la pobreza extrema y la miseria que sufren.

Al parecer, esta es la dinámica política que el pueblo de México les está imponiendo ya a sus gobernantes y, en el 2018, quien asuma el poder deberá de atenerse a las condiciones que la ciudadanía le dicte.