Fiscal torturadora recibe recomendación de la CEDH

Fernando Miranda Servín.

El 1 de abril de 2013, la Fiscal General del Estado de Durango, Lic. Sonia Yadira de la Garza Fragoso, presentó ante los medios de comunicación locales de esta entidad a siete ciudadanos de Santiago Papasquiaro, dando por hecho que eran los responsables del secuestro y homicidio de las señoras Teresa Botello Contreras y María Isabel Mejorado Soto, originarias de este municipio, desaparecidas el 11 de noviembre de 2012.

Los siete detenidos, aparte de ser empleados de instituciones públicas, son músicos que integran el grupo musical llamado Banda Vagos y fueron privados ilegalmente de su libertad el 14 de febrero de 2013.

Sin orden de aprehensión, sin flagrancia y sin establecer la existencia legal de caso urgente ya que los hechos de los que eran acusados habían sucedido tres meses antes, Miguel Ángel García, Luis Alberto Posada, José Alberto Gutiérrez Torres, Humberto Reyes Cásares, Adrián Reyes Posada, Pedro Damián García Solís y Anastasio Arenas fueron detenidos arbitrariamente en sus casas y centros de trabajo, y sometidos a salvajes torturas en las instalaciones de le DEI de Santiago Papasquiaro; posteriormente, fueron arraigados 45 días en un hotel de la ciudad de Durango, tiempo durante el cual los agentes de la DEI y de la Unidad Especializada en Secuestro continuaron aplicándoles crueles golpizas para obligarlos a que se confesaran culpables y a que les dijeran en dónde habían enterrado los cuerpos de las ciudadanas secuestradas. Y aquí cabe una pregunta: ¿por qué daban por hecho los agentes de la DEI que las señoras Botello y Mejorado estaban muertas?

“Los llevaban a Santiago y les preguntaban que dónde habían enterrado a las señoras, y ellos, para que ya no los siguieran golpeando, señalaban cualquier lugar; luego, los agentes los obligaban a cavar hoyos, pero cómo iban a aparecer los cuerpos si ellos no secuestraron a las señoras”, denunciaron en su momento los familiares de los músicos, a quienes los ministeriales, bajo las órdenes de la Fiscal General del Estado de Durango, Lic. Sonia Yadira de la Garza Fragoso, colocaban bolsas de plástico en sus cabezas para asfixiarlos y golpeaban en todo el cuerpo provocándoles notorios hematomas. “A uno de ellos lo colgaron con unas cuerdas de la parte alta de la Fiscalía General, por la parte de atrás, amenazándolo con dejarlo caer si no se declaraba culpable y les decía en dónde habían enterrado a las señoras”, refirieron.

Finalmente, los integrantes de la Banda Vagos se declararon culpables de delitos que no cometieron y están recluidos en el penal de Santiago Papasquiaro, en donde esperan su sentencia por secuestro y homicidio, a pesar de que los verdaderos secuestradores ya se encuentran presos. “Aprehendieron a un sujeto de nombre Kevin Martín Valenzuela Ruiz, jefe de una banda de secuestradores, e inmediatamente después de esta aprehensión aparecieron los cadáveres de las secuestradas”, denunció en abril de 2013 uno de los familiares de los detenidos.

Ante esto, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Durango, a cargo del Lic. Felipe de Jesús Martínez Rodarte, no está conforme con esta grave y evidente violación a los derechos humanos por lo que el pasado 18 de diciembre de 2013, bajo el Expediente Núm. CEDH/3/085/13, emitió la Recomendación Núm. 29/13 a la Fiscal General del Estado de Durango, Lic. Sonia Yadira de la Garza Fragoso, en la que documenta todas las violaciones a la ley en que incurrió esta institución en agravio de los detenidos, particularmente del señor Miguel Ángel García, director de la banda musical.

Según el documento en mi poder, la Fiscalía General violó todas las leyes nacionales, así como todos los acuerdos, tratados y convenciones internacionales que nuestro país a firmado referentes a la protección de los derechos humanos “por negar el Derecho a la seguridad jurídica de los detenidos, Efectuar detenciones sin contar con la orden correspondiente, Retención ilegal, Diferir la presentación de los detenidos ante la autoridad competente, Violar el derecho a la integridad y seguridad personal, y  -la más delicada- Obtener información o la confesión de los detenidos a partir de sufrimientos graves, físicos o psíquicos”, y conmina a la Fiscal a que inicie el procedimiento administrativo y las averiguaciones previas en contra de los agentes de la DEI y de la Unidad Especializada en Secuestro que intervinieron en estos oprobiosos hechos.

Pero en el apartado sexto de esta Recomendación la CEDH parece ser muy benévola con los agentes ministeriales violadores de los derechos humanos, al apuntar: “Que usted, Fiscal General del Estado, gire sus respetables instrucciones a quien corresponda a efecto de que se lleven a cabo acciones inmediatas para que el personal de la DEI que participó en los hechos, materia de la presente Recomendación, sea instruido y capacitado respecto de la conducta que deben observar en el desempeño de sus funciones”.

Luego entonces, se entiende que estos ministeriales, responsables de graves violaciones a los derechos humanos, en vez de ser cesados de inmediato podrían seguir laborando en la Fiscalía General del Estado de Durango, representando un peligro potencial para la ciudadanía.

La CEDH solicita a la Fiscal que gire instrucciones a quien corresponda para que se repare el daño ocasionado a los detenidos y se les dé atención psicológica, especialmente al señor Miguel Ángel García, y advierte a la Fiscal que de no ser cumplida esta Recomendación dará vista al Congreso del estado “para que sea citada a comparecer para que explique las razones de su conducta o justifique su omisión”.

En la Recomendación, la CEDH revela que el 20 de febrero de 2013 su personal acudió al inmueble en donde tuvieron arraigados a los detenidos y levantó un acta circunstanciada en la que consta que el señor Miguel Ángel García presentaba lesiones severas en todo el cuerpo.

Así mismo, la CEDH presenta como una de las evidencias comprobatorias de estos abusos el resultado favorable del Procedimiento para la Investigación Legal de Casos de Tortura o Protocolo de Estambul, realizado al señor Miguel Ángel García por personal de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a cargo del Dr. Raúl Plascencia Villanueva.

“La Fiscal sabía que los detenidos estaban siendo torturados, pero no hacía nada para impedirlo, parece ser que lo único que le importaba era salir en los medios anunciando la detención de una banda más de secuestradores”, comenta un empleado de la misma Fiscalía.

Según trabajadores de esta dependencia y ciudadanos que han tenido la desgracia de ser aprehendidos “por error” o ilegalmente “es en los separos, en la parte trasera de las instalaciones de la Fiscalía, en donde los agentes de la DEI torturan a los presuntos infractores de manera cotidiana”, pero esto al parecer no le importa demasiado a la Fiscal, Lic. Sonia Yadira de la Garza Fragoso, quien si desempeñara sus funciones de manera profesional bajaría a estos separos a ver las condiciones en las que se encuentran los detenidos… y si lo hace pues es cómplice de estos hechos, como cómplice es de las brutales torturas a que fueron sometidos los músicos de la Banda Vagos.

Ahora, corresponde al Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia, Lic. Apolonio Betancourt Ruiz, tomar cartas en este asunto y, en base a esta Recomendación de la CEDH, girar instrucciones para que estos ciudadanos, encarcelados injustamente, sean liberados de inmediato.