Aispuro, más de lo mismo
Fernando Miranda Servín.
Un amplio sector de la ciudadanía duranguense no ha dudado en expresar su malestar por los nombramientos de integrantes de su gabinete que ha hecho el gobernador José Rosas Aispuro Torres. En las calles, en las pláticas de café o en las redes sociales, se escuchan y se leen los reclamos de un pueblo que acaba de terminar con 87 años de priísmo corrupto y por ningún motivo está dispuesto a soportar un sexenio más de saqueos, corruptelas e inconsistencias.
En La Laguna, por ejemplo, Aispuro Torres ha recibido fuertes críticas por haber designado al Lic. Manuel Ramos Carrillo como subsecretario de Gobierno en La Laguna. Ramos Carrillo hasta hace poco tiempo se desempeñaba como ejecutivo de recursos humanos de la empresa Chilchota, propiedad de la familia de la alcaldesa priísta de Gómez Palacio, Juana Leticia Herrera Ale, por lo que, consideran los aispuristas laguneros, no tiene el perfil para ocupar este cargo.
Las cuotas de poder y las facturas que está teniendo que pagar Aispuro Torres a los partidos que lo postularon y a aquellos personajes y grupos que de alguna u otra manera lo apoyaron, quizá le salgan demasiado caras al pasar los días.
Hay aciertos, pero desafortunadamente los errores están siendo más notorios.
Otro nombramiento que a simple vista parece anunciar un inmediato conflicto de intereses es el de la periodista Verónica Terrones Romero como directora de Comunicación Social. Verónica Terrones dejó su empleo de conductora de noticias del canal 10 local para inmediatamente tomar posesión de su cargo, aparte de que su esposo, Saúl Maldonado, también periodista, trabaja en el periódico El Siglo de Durango. Otra periodista, Gabriela Gallegos, directora de la revista Contralínea y del portal Yancuic.com, al parecer es la segunda de a bordo o el brazo derecho de Verónica Terrones. ¿Cómo le va a hacer el gobernador Rosas Aispuro para justificar ante la ciudadanía los convenios publicitarios que su gobierno realice con estos medios de comunicación estrechamente relacionados con su directora de Comunicación Social, Verónica Terrones, y su asistente, Gabriela Gallegos?
A estas designaciones contradictorias se suman las de otros directivos y secretarios que han llegado a sus áreas a despedir personal de manera prepotente y déspota, como en el DIF estatal.
Y en este panorama llama la atención la actitud asumida por algunos integrantes del gabinete aispurista que formaron parte del proceso de entrega recepción de las instituciones que hoy dirigen, pues hasta el momento no se han manifestado sobre el estado físico y financiero inmediato en el que encontraron las secretarías e institutos propiedad de los duranguenses; solo uno, el perredista Marcos Carlos Cruz Martínez, secretario de Desarrollo Social, ha manifestado públicamente el “total desastre” en que encontró esta secretaría, dirigida por el priísta Arturo Yáñez Cuéllar en el sexenio pasado. Los demás secretarios del flamante gobierno aispurista brillan por su sepulcral silencio, sobre todo el de Salud, Dr. César Humberto Franco Mariscal, quien hasta el momento no le ha informado a la ciudadanía cómo encontró, por ejemplo, el Hospital 450 y los millonarios fraudes que ahí se cometieron durante el sexenio pasado, como el de las camas inservibles, que la anterior directora de Administración, C.P. María Eugenia Lourdes Díaz Herrera, compró a 10 mil pesos pero nos las cobró a 100 mil, y hoy se encuentran arrumbadas en ese piso que sirve como bodega de cachivaches de este hospital.
Lo mismo el secretario de Obras, Ing. Arturo Enrique Salazar Moncayo y el secretario de Finanzas, Jesús Arturo Díaz Medina, quienes no han notificado ni uno solo de los monstruosos saqueos que en estas secretarías se llevaron a cabo en la administración priísta. ¿Por qué solamente el secretario de Desarrollo Social, Marcos Cruz, encontró de inmediato “aviadores” y contratos millonarios sin licitación? ¿Será que las auditorías que supuestamente se están realizando en todas las secretarías e institutos ya tienen sabor a borrón y cuenta nueva?
Los ciudadanos también queremos saber en qué condiciones encontró el gobierno aispurista el Tribunal Superior de Justicia y la Fiscalía General del estado, cuyos anteriores titulares, Apolonio Betancourt Ruiz y Sonia Yadira de la Garza Fragoso, se caracterizaron no por ser precisamente honestos y transparentes. Al respecto, quizá el Dr. Aispuro Torres deba proponer al Congreso estatal la formación de una comisión especial que investigue y resuelva de inmediato todos esos casos de violaciones a los derechos humanos (confesiones obtenidas bajo torturas y sentencias injustas) perpetradas por este par de ex funcionarios y sus secuaces, a través de las cuales encarcelaron a ciudadanos inocentes que en estos momentos se encuentran cumpliendo condenas por delitos que no cometieron.
Son muchas las expectativas que el pueblo duranguense tiene con el gobernador José Rosas Aispuro Torres, luego de padecer el horror de casi un siglo de gobiernos priístas corruptos, por lo que es innegable que sobre la marcha el mandatario estatal deberá corregir la nota sobre esos nombramientos que la misma vox populi no les da mucha vigencia y en cambio pueden acarrearle más problemas que soluciones.
Hoy, lo que menos necesita el gobernador Aispuro Torres son aduladores que le digan al oído que todo va bien.