El narco-Estado

Poco a poco, la “verdad histórica” del gobierno de Enrique Peña Nieto sobre el brutal genocidio de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa no solo se derrumba sino se está haciendo polvo, y pone al descubierto los nexos vergonzosos que las principales instituciones del Estado mexicano mantienen con el crimen organizado, específicamente con el narcotráfico.

Cuando antes estaban bien definidas las líneas entre los capos de las drogas y nuestros gobernantes, hoy parecen confundirse pues hay ex gobernadores y políticos que actualmente ocupan cargos públicos que abiertamente han pertenecido y forman parte de los diferentes carteles de las drogas que imperan en el país.

Esta filtración aterradora que se ha dado en casi todos los organigramas de los tres niveles de gobierno es lo que ha desatado una guerra absurda entre carteles de las drogas y aún entre instituciones policíacas, guerra que se recrudeció durante el gobierno del ex presidente dipsómano Felipe Calderón y continúa hoy en día, dejando un saldo sangriento de más de cien mil muertes y “daños colaterales” incuantificables.

Y son precisamente esos “daños colaterales” incuantificables los que ya han lesionado severamente a la sociedad mexicana. ¿Por qué tenemos que pagar los ciudadanos por las corruptelas de nuestros gobernantes, de sus policías y sus soldados?

Este esquema putrefacto fue lo que ocasionó la tragedia de Iguala aquella noche del 26 de septiembre de 2014, en la que elementos de la policía municipal de Iguala, de la Policía Federal y soldados del 27 Batallón de Infantería del Ejército se pusieron a las órdenes del crimen organizado para desaparecer forzadamente o asesinar a 43 jóvenes estudiantes que sin saberlo se apoderaron de dos autobuses repletos de droga para trasladarse a la Ciudad de México.

Así las cosas, nuestros gobernantes, sin que lo hayamos sabido hasta ahora, en lo oscuro han establecido que los intereses de los narcotraficantes deben de ser cuidados de manera estricta, y si para ello es necesario ejecutar y desaparecer a 43 estudiantes pues hay que hacerlo.

Lo anterior se deduce de la excelente investigación que en los últimos dos años ha llevado a cabo la extraordinaria periodista Anabel Hernández, cuyos resultados acaba de editar en el libro titulado “La verdadera noche de Iguala. La historia que el gobierno trató de ocultar”. En esta entrega, Anabel Hernández expone con documentos y testimonios fidedignos la manera en que aquél procurador cansado, Jesús Murillo Karam, por órdenes del presidente Enrique Peña Nieto ocultó datos relevantes en las indagatorias que realizó; de la misma manera, la reconocida periodista detalla las inconsistencias que el Visitador de la PGR, César Amador Chávez Flores, encontró en las indagatorias de Jesús Murillo Karam, inconsistencias con las que se pretendió ocultar la intervención del Ejército, por lo que el Visitador Chávez Flores recomendó investigar al capitán José Martínez Crespo, quien la noche de los sangrientos sucesos tuvo una participación más que activa en Iguala. El Visitador César Amador Chávez Flores, luego de haber realizado estas observaciones fue cesado de su cargo por órdenes de Peña Nieto.

“Mi investigación se enfoca en que fue el Ejército principalmente el que actúa esa noche, el que ordenó, el que orquestó, el que organizó, el que coordinó a las demás dependencias para atacar esos camiones y detener a los estudiantes”, precisó Anabel Hernández en entrevista exclusiva con Carmen Aristegui.

“Esa noche, los normalistas, por accidente, sin saberlo, viajaban en al menos dos autobuses que tenían un cargamento de heroína de un valor de 2 millones de dólares.

“El entonces capo que tenía el control de la región, que no es ninguno de los detenidos por el caso Ayotzinapa, se entera de esta situación y, de acuerdo con la información que he recibido, él directamente habla con los mandos militares del 27 Batallón de Infantería, que supuestamente estaban bajo su nómina, y les ordena ir a recuperar los camiones porque en eso les iba la vida”, aseveró la periodista.

“La única intención era parar los autobuses a como diera lugar, bajar a los estudiantes y recuperar la droga. En esa recuperación de la droga de estos dos camiones algunos estudiantes se dan cuenta de que lo que están tratando de recuperar las autoridades es droga. Y en ese momento es cuando súbitamente surge la orden de desaparición, no antes de ese momento, fue supuestamente porque los estudiantes vieron que estaban sacando la droga de los camiones, que dijeron ‘no puede haber testigos’, no fue la orden supuestamente del capo, el capo se molestó bastante porque le arruinó el negocio, le arruinó la plaza”, denuncia Anabel Hernández.

Al menos 19 cartuchos del calibre G3, de uso exclusivo para armas del Ejército, fueron hallados en el lugar de los hechos, comenta la escritora.

Como se ve, el gobierno mexicano jamás va a resolver el caso de los 43 de Ayotzinapa pues hacerlo representaría ponerse en evidencia como un narco-gobierno; por esta razón, es obvio que los familiares de las víctimas y organizaciones no gubernamentales de defensa de derechos humanos tendrán que acudir a instancias internacionales para que se aplique la ley. Esto, indudablemente, pone nuevamente al presidente Enrique Peña Nieto en el aparador mundial como uno de los responsables directos de este genocidio por la sencilla razón de que él es el Comandante en Jefe del Ejército Mexicano.

Así pues, lo que expone Anabel Hernández en su libro no solo exhibe el alto grado de descomposición del gobierno encabezado por Enrique Peña Nieto, sino también nos exhibe como nación pues parece ser que conforme pasan los días olvidamos la desgracia que les tocó vivir a los 43 de Ayotzinapa y a sus familiares. ¿Terminaremos dejándolos solos? ¿Acabaremos siendo cómplices de las atrocidades que cometieron los soldados del 27 Batallón de Infantería del Ejército Mexicano y los policías federales y municipales de Iguala?

Lo deseable es que sigamos manteniendo y elevando nuestras voces de protesta enérgica para que los verdaderos responsables de este crimen de lesa humanidad sean castigados conforme a derecho.