Gobierno “del cambio” hostiga a sindicato independiente de COESVI
Fernando Miranda Servín.
La historia del Sindicato Independiente de Trabajadores de la COESVI es una historia de lucha que se remonta a las postrimerías del sexenio del ex gobernador duranguense Ismael Hernández Deras, cuando a principios del año 2010 un grupo de empleados de esta dependencia descentralizada encabezados por Raúl Quezada Pacheco, Juan Carlos Galarza, Mario Alberto Gámiz y Arturo Barrios solicitan su registro como sindicato ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y éste les es negado.
“En ese tiempo era el Instituto de Vivienda del Estado de Durango (IVED) y, luego de solicitar nuestro registro, varios de nuestros compañeros, bajo presiones y amenazas, son despedidos injustificadamente y obligados a recibir liquidaciones que no cumplían con lo que establecen las leyes laborales, por lo que al inicio del sexenio de Jorge Herrera Caldera nuestros compañeros Raúl Quezada, Mario Alberto Gámiz y Eduardo Arellano Villa exigen su reinstalación y reposición de sueldos caídos, juicios que hasta la fecha siguen vigentes”, expresa en entrevista exclusiva para razacero el Ing. Juan Carlos Galarza Martínez, secretario general de este pequeño pero valeroso gremio integrado por 22 trabajadores.
En julio de 2011 las convicciones y firmeza de estos trabajadores rinden frutos y la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje les otorga el registro oficial como Sindicato Independiente de Trabajadores del IVED (hoy Comisión Estatal de Suelo y Vivienda, COESVI).
“El gobierno priísta de Jorge Herrera Caldera designa como director del IVED al Lic. Javier Hernández Flores (el tristemente célebre ex delegado de la SEDESOL denunciado en julio de 2016 por los saqueos millonarios que perpetró en esta institución federal en Durango). Javier Hernández Flores, con todo el apoyo del gobierno estatal, forma otro sindicato para quitarnos el Contrato Colectivo. A este sindicato oficialista la JFCA le otorgó el registro en menos de 15 días”, recuerda Raúl Quezada, uno de los fundadores del Sindicato Independiente de la COESVI.
En la entrevista concedida a este medio, Juan Carlos Galarza y Raúl Quezada rememoran:
“En 2010, fastidiados por el hostigamiento del gobierno priísta de Ismael Hernández Deras, nos acercamos al entonces candidato opositor José Rosas Aispuro Torres para informarle nuestra problemática, prometiéndonos que si ganaba la gubernatura nos ayudaría para reinstalar a nuestros compañeros despedidos, pero Aispuro no ganó las elecciones y durante todo el sexenio de Jorge Herrera Caldera estuvimos batallando para que se respetaran nuestros derechos laborales”.
En 2016, cuando finalmente José Aispuro Torres llega a la gubernatura de Durango, los integrantes del Sindicato Independiente de Trabajadores de la COESVI se acercan al recién nombrado Secretario Técnico de esta institución, Lic. Londres Botello Castro.
“Pensamos que por fin se nos haría justicia ya que el Dr. José Rosas Aispuro en el año 2010 prometió ayudarnos, pero con sorpresa vimos que el Lic. Londres Botello en lugar de apoyarnos comenzó una campaña agresiva para amedrentar a nuestros compañeros con el objetivo de obligarlos a abandonar nuestro sindicato y afiliarse al Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Tres Poderes, cuya lideresa es María del Carmen Villalobos Valenzuela”, denuncian los fundadores del Sindicato Independiente de la COESVI.
Así las cosas, y luego de un largo juicio de más de siete años ante la JFCA, Raúl Quezada y Mario Alberto Gámiz Medina son reinstalados en sus trabajos, pero la COESVI se niega a pagarles sus sueldos caídos. El otro empleado despedido injustificadamente en el sexenio de Ismael Hernández Deras, Eduardo Arellano Villa, falleció en el año 2013.
“Hasta la fecha, tanto la COESVI como la Dirección General de Pensiones del estado de Durango se echan la pelota una a otra y se niegan a pagarle la pensión a la viuda de nuestro compañero Eduardo Arellano Villa”, manifiesta el secretario general del Sindicato Independiente de la COESVI, Juan Carlos Galarza.
Ahora, en el gobierno “del cambio” panista-perredista, las cosas lejos de mejorar para los integrantes de este sindicato independiente están empeorando:
“Recientemente, el director de la COESVI, Ing. Raúl Flores Hernández, y el Secretario Técnico, Lic. Londres Botello Castro, comenzaron a orquestar el desmantelamiento de los dos sindicatos, el oficialista formado por Javier Hernández Flores y el nuestro, para afiliar a los trabajadores de estos sindicatos al Sindicato de los Tres Poderes, ofreciéndoles, a unos con engaños y a otros con amenazas, prestaciones que supuestamente son mejores, pero en los hechos son las mismas que ahora tienen. De esta manera once de nuestros compañeros fueron coaccionados para afiliarse al Sindicato de los Tres Poderes, por lo que ahora quedamos veintidós”, denuncian Juan Carlos Galarza y Raúl Quezada.
Estos directivos de la COESVI arriba mencionados ya solicitaron ante la JFCA la cancelación del registro del Sindicato Independiente de Trabajadores de la COESVI, “pero lo hicieron bajo la vía administrativa y no bajo la vía legal”, expone el secretario general de este sindicato, Juan Carlos Galarza, y abunda: “Según la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no es legal que el Sindicato de los Tres Poderes represente a trabajadores de dependencias descentralizadas ya que estas no pertenecen a ningún poder”.
Hoy, ante la resistencia de los 22 trabajadores de este sindicato independiente que ha advertido ampararse ante la justicia federal, los directivos de la COESVI, encabezados por el Secretario Técnico, Lic. Londres Botello Castro, que en los hechos es el auténtico director de esta dependencia, han intensificado el hostigamiento laboral en contra de estos empleados en particular.
“Nos están negando prestaciones de ley aún con el convenio, no hacen los descuentos de cuotas sindicales vía nómina, no recibimos ayuda de transporte y renta, que es de 750 pesos al mes, e inclusive niegan apoyo para gastos funerarios. Tenemos que reclamar todas estas prestaciones por medio de oficios mientras los empleados que ilegalmente han sido afiliados al Sindicato de los Tres Poderes reciben todas sus prestaciones sin ningún problema”, denuncia el dirigente Juan Carlos Galarza.
El pasado 25 de abril, el trabajador Javier Garza Siller, integrante del Sindicato Independiente, fue despedido injustificadamente. Javier Garza se atrevió a solicitar el pago del porcentaje que le correspondía por la recuperación de las carteras vencidas de varios créditos hipotecarios.
“En el contrato laboral se establece que la COESVI pagará al trabajador el 1% de comisión por cada cartera vencida recuperada”, explican los líderes del Sindicato Independiente. “Los directivos de COESVI se negaron a pagarle a Javier Garza el porcentaje de las carteras vencidas que había recuperado argumentando que no tenían ninguna obligación legal de hacerlo, por lo que Javier Garza Siller pidió que le entregaran su contrato laboral, en el que se especifica esa obligación por parte de la COESVI. Al verse acorralados, los directivos encabezados por el Lic. Londres Botello inmediatamente decidieron despedir de manera injustificada a Javier Garza”, relatan los dirigentes sindicales.
Todos estos abusos laborales, se sabe, son protegidos por la presidenta de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, Lic. Marcela Quiñones.
Otro detalle que raya en lo absurdo e inverosímil es que los trabajadores de la COESVI no tienen derecho a la vivienda a través del FOVISSSTE.
Por todo lo anterior, los integrantes del Sindicato Independiente de Trabajadores de la COESVI solicitan por este conducto la intervención inmediata del gobernador José Rosas Aispuro Torres.
“Queremos creer que el gobernador Aispuro Torres no está enterado de lo que realmente sucede en la COESVI y de las ilegalidades en las que están incurriendo el director general, Ing. José Flores Hernández y el Secretario Técnico, Lic. Londres Botello Castro”, finalizan.
Este es el panorama al que se han enfrentado los integrantes del Sindicato Independiente de Trabajadores de la COESVI, que en los sexenios de los priístas Ismael Hernández Deras y Jorge Herrera Caldera fueron hostigados y reprimidos; y hoy, bajo el gobierno “del cambio”, de tendencia panista-perredista, lejos de recibir el apoyo esperado simplemente quieren desaparecerlos.
Así se las gastan los funcionarios de esta dependencia que en los últimos cinco años, incluyendo los 19 meses que lleva el actual gobierno, no han construido una sola vivienda para la ciudadanía duranguense.