Villa Ocampo, Durango. La justicia al mejor postor
Fernando Miranda Servín.
La pesadilla de Doña Elpidia Carrillo Portillo, de 67 años de edad, comenzó en el año 2013, cuando falleció su esposo, Carlos Soto Cañas, poseedor del predio conocido como “Agua Puerca”, de 119 hectáreas de extensión, localizado en la comunidad llamada Providencia, en el municipio de Villa Ocampo, ubicado al norte del estado de Durango, colindante con Chihuahua.
Al poco tiempo de la muerte de Don Carlos Soto Cañas, en 2014, Armando Soto Cañas, su hermano, reclamó la posesión del predio “Agua Puerca” con una escritura apócrifa. En 2015, luego de un Juicio Sucesorio llevado a cabo en el Tribunal Unitario Agrario del estado de Durango, Doña Elpidia Carrillo Portillo obtiene la posesión legal del predio “Agua Puerca”.
Pero la justicia en Durango, en el sexenio panista “del cambio”, siempre ha estado al alcance del mejor postor, y a la pesadilla de Doña Elpidia Carrillo le siguió un auténtico calvario, pues el 20 de abril de 2017 su hijo Mario Arnoldo Soto Carrillo, de 47 años de edad, fue secuestrado por elementos de la Policía Investigadora de Delitos bajo las órdenes del agente del ministerio público Emmanuel Cardiel Hernández, patrocinados por Armando Soto Cañas.
De acuerdo a las declaraciones de testigos y de la víctima, contenidas en la Carpeta de Investigación Núm. 3MRV7/2018, los elementos de la PID y el agente del ministerio público, Emmanuel Cardiel Hernández, primero privaron de su libertad al señor Martín Antonio Herrera Cano, de 37 años de edad, empleado de la familia Soto Carrillo, quien, esposado, fue llevado a la casa de Armando Soto Cañas, en la comunidad Providencia, y obligado a estar bajo el sol durante cinco horas mientras el anfitrión y sus captores comían y bebían bebidas alcohólicas.
Ahí, desde la casa de Armando Soto Cañas, un elemento de la PID le llamó por teléfono a Mario Arnoldo Soto Carrillo diciéndole que habían detenido a su empleado y que querían hablar con él en el predio “Agua Puerca”. Alrededor de las 8 de la noche, Mario Arnoldo Soto Carrillo llegó al predio “Agua Puerca”, propiedad de su madre Doña Elpidia Carrillo, e inmediatamente fue secuestrado por el grupo de elementos de la PID y el ministerio público Emmanuel Cardiel Hernández, quienes fuera de su jurisdicción y sin orden de aprehensión alguna trasladaron a Mario Arnoldo Soto Carrillo a la ciudad de Bermejillo, en el municipio de Mapimí.
Al día siguiente, 21 de abril de 2017, Sandra Soto Carrillo, hermana de Mario Arnoldo Soto, recibe una llamada de un agente de la PID no identificado, quien le dice que su hermano está “bajo su resguardo”, exigiéndole la entrega de 15 mil pesos para dejarlo en libertad, de lo contrario lo pondría a disposición del juez penal que “lo estaba requiriendo”.
A la ciudad de Bermejillo se presentó Doña Elpidia Carrillo, quien fue citada por un elemento de la PID que se identificó como “comandante de la PID adscrito en la ciudad de Bermejillo”; ahí, en los separos de la PID, ubicados a un costado de la policía municipal, Doña Elpidia Carrillo fue presionada por el comandante de la PID y el ministerio público Emmanuel Cardiel Hernández: “Me dijeron que para liberar a mi hijo era necesario que les firmara un documento cediéndole todos los derechos del predio ‘Agua Puerca’ al señor Armando Soto Cañas y a su esposa, Ivonel Olivas Muñoz. Minutos antes ya les había entregado los 15 mil pesos que nos exigieron para liberar a mi hijo, y como me negué a firmarles el documento no me devolvieron el dinero y enviaron a mi hijo ante el juez penal de Gómez Palacio, acusado de despojo”, declaró Doña Elpidia Carrillo en octubre de 2018 en la Fiscalía General del estado de Durango.
El 23 de abril de 2017, con el apoyo de elementos de la PID y del ministerio público Emmanuel Cardiel Hernández, Armando Soto Cañas invadió el predio “Agua Puerca” y metió a su ganado en esta propiedad.
Doña Elpidia Carrillo y sus hijos, Mario Arnoldo, Sandra y Araceli, fueron acusados de despojo y absueltos en junio de 2018, fecha en que acudieron a la Fiscalía General del estado de Durango para poner su denuncia en contra de Armando Soto Cañas por el delito de despojo y lo que resulte (Causa Penal 814/2018). En diciembre de 2018 Armando Soto Cañas fue detenido y liberado de inmediato y, hasta el momento, continúa ocupando ilegalmente el predio “Agua Puerca”.
“En marzo de este año 2020, el juez Carlos Reséndiz se negó a dictar las medidas cautelares para que pudiéramos recuperar el predio ‘Agua Puerca’, y el 2 de octubre pasado, de manera inverosímil, la Fiscal Ruth Medina Alemán solicitó al Juez de Control el sobreseimiento de la causa”, manifiesta Sandra Soto Carrillo.
El sobreseimiento, como se sabe, es una resolución judicial que dicta un juez para suspender un proceso por falta de causas que justifiquen la acción de la justicia.
Así, de manera olímpica, la Fiscal Ruth Medina Alemán, sin dar a conocer las razones específicas para solicitar el sobreseimiento de esta causa penal, pretende perjudicar a las víctimas y beneficiar al despojador Armando Soto Cañas, cómplice de los elementos de la PID y del agente del ministerio público Emmanuel Cardiel Hernández, que privaron de la libertad y secuestraron a los señores Martín Antonio Herrera Cano y Mario Arnoldo Soto Carrillo.
A través de este conducto, la familia Soto Carrillo solicita la intervención inmediata del gobernador de Durango, José Aispuro Torres.
“Queremos que se nos haga justicia y que el gobernador sepa cómo actúa su Fiscal, Ruth Medina Alemán”, concluyen.