Fernando Miranda Servín.

El ex priísta José Aispuro Torres es un político muy especial, desde su primer intento para llegar a la gubernatura de Durango como flamante panista, en 2010, explotó el discurso de la honestidad señalando a gritos en sus mítines las corruptelas cometidas por el gobierno priísta en turno, logrando convencer a buena parte del electorado duranguense con sus histriónicas actuaciones.

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El gobernador de Durango, José Aispuro Torres, flanqueado por su secretario de Finanzas, Jesús Arturo Díaz Medina, y el ex titular de la SEDECO, Ramón Tomás Dávila Flores, dos de los principales protagonistas de la corrupción que ha padecido Durango durante este sexenio.

Como se sabe, en 2010 fue derrotado por el ex gobernador Jorge Herrera Caldera y al poco tiempo obtuvo la senaduría por Durango. Ahí, en el Senado de la República, fue beneficiado en esos oscuros tratos que la dirigencia nacional del PAN hizo con el ex presidente Enrique Peña Nieto para obtener algunas gubernaturas a cambio de que sus legisladores votaran a favor de la reforma energética. Aispuro, por supuesto, fue uno de los senadores que votó a favor de esta reforma para posteriormente ser ungido sin problema alguno como gobernador de Durango en septiembre de 2016.

Desde la conformación de su gabinete, Aispuro Torres dio muestras de que su gobierno sería tremendamente depredador designando en la secretaría de Finanzas al representante legal de la empresa minera contaminante First Majestic Silver Corporation, Jesús Arturo Díaz Medina, con pésimos antecedentes en el despojo de minas a ejidatarios de Coahuila. 

En la secretaría de Desarrollo Económico Aispuro nombró como titular a Ramón Tomás Dávila Flores, ex director de la misma empresa minera canadiense. Ramón Tomás Dávila Flores renunció a mediados de 2020 por el escándalo del SEDECOGATE, en el que otorgó créditos millonarios en plena pandemia a conocidos personajes pudientes pertenecientes a las principales cámaras empresariales de Durango, así como a familiares de políticos, servidores públicos estatales y funcionarios del municipio capitalino.

El gobierno de Aispuro, a su manera, inició una “investigación” para sancionar a este funcionario opaco y a otros dos directivos de la SEDECO, indagatoria que hasta la fecha se encuentra archivada en la secretaría de la Contraloría, a cargo de Raquel Leila Arreola Fallad, esa corrupta “servidora pública” que utiliza el erario de esta dependencia para comprarse alhajas en la Ciudad de México.

Pero un personaje clave en la corrupción rampante que ha agobiado a Durango durante todo este sexenio es la esposa del gobernador, Elvira Barrantes, quien ha dejado sentir su peso mediante el tráfico de influencias que ha practicado para colocar en la nómina gubernamental a una veintena de sus parientes, mientras a otros más les han otorgado jugosos contratos por adjudicación directa en las secretarías estatales.

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Elvira Barrantes Velarde, pieza clave de los saqueos que se han dado en el gobierno estatal, es candidata a ser investigada por el temible titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo. La esposa del mandatario duranguense podría superar en tropelías a la ex primera dama veracruzana, Karime Macías.

Elvira Barrantes, desde que comenzó el sexenio, impuso a todas las directoras de administración de las secretarías del gobierno del estado de Durango, creando una red de corrupción ahí precisamente donde están los recursos financieros, decidiendo sobre los titulares de las secretarías a qué proveedores y prestadores de servicios se les debe otorgar contratos, la mayoría de las veces con sobreprecios y por la vía de la adjudicación directa. Al respecto, un alto funcionario de la secretaría de Salud, que pide omitir su nombre por razones obvias, detalla: “El ex secretario de Salud, César Franco Mariscal, tuvo varios desacuerdos con Elvira Barrantes, quien le exigía que otorgara contratos por adjudicación directa a determinadas empresas que venden medicinas, productos y equipos médicos con excesivos sobreprecios. Al final de cuentas, ante este tipo de presiones César Franco Mariscal prefirió renunciar, no sin antes reclamarle al gobernador el turbio proceder de su esposa”, revela la fuente.

El saqueo que ha perpetrado Elvira Barrantes, su parentela y su séquito de directoras de administración de las secretarías estatales, principalmente en Obras Públicas, Salud y en el DIF, es inimaginable. Por ejemplo, revelan fuentes fidedignas del mismo gobierno estatal: “su hermana, Laura Mercedes Barrantes Velarde, ‘Asesora Externa’ del DIF, es la directora de facto de los Servicios de Administración y Recursos Humanos de esta dependencia. En lo que va del sexenio ha comprado tres casas en el fraccionamiento Privanzas, el más exclusivo de Durango luego del Campestre, y un terreno en las cercanías de la principal zona turística de la ciudad de Durango conocida como El Pueblito. Las casas en el fraccionamiento Privanzas oscilan entre los 7 y 8 millones de pesos cada una, mientras el terreno en El Pueblito cuesta la friolera de más de 3 millones de pesos”.

Así, en las secretarías estatales, de acuerdo al testimonio de trabajadores gubernamentales, no se mueve nada ni se toman decisiones sin el consentimiento de Elvira Barrantes, quien a estas alturas del sexenio ya se perfila para superar en fechorías a Karime Macías, la celebérrima esposa del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa.

El papel que ha desempeñado el gobernador duranguense que no se ha robado ni un centavo, pero ha sido altamente permisivo y omiso para sancionar a sus colaboradores cercanos que han cometido saqueos e infinidad de actos de corrupción e ineptitud es muy discutible, pues las últimas estadísticas del INEGI de 2019 colocan al estado de Durango en el primer lugar a nivel nacional en cuanto a Tasa de Prevalencia de Corrupción y Tasa de Incidencia de Corrupción, por encima de la Ciudad de México que tiene una densidad poblacional de más de 9 millones de habitantes, mientras Durango tiene un millón 800 mil habitantes.

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De acuerdo a la última Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental, realizada por el INEGI en 2019, Durango ocupa el primer lugar a nivel nacional en Tasa de Prevalencia de Corrupción y Tasa de Incidencia de Corrupción, superando a la Ciudad de México.

Sí, en el sexenio de José Aispuro la corrupción se disparó a niveles nunca antes vistos en la historia de esta entidad norteña, con él, por supuesto, a la cabeza como principal garante de la impunidad y encubridor de altos funcionarios de su gabinete transgresores de la ley. El mejor ejemplo de esto, además de la primera dama duranguense, lo representa la Fiscal General, Ruth Medina Alemán, quien saltó a la fama nacional e internacional no precisamente por su buen desempeño profesional sino por haber mandado secuestrar y torturar a la Dra. Azucena Calvillo Carrillo, el 7 de diciembre de 2020, para obligarla a declararse culpable de intentar asesinar al ex magistrado Héctor Emmanuel Silva Delfín. A pesar de la clara desaparición forzada y amenazas sufridas por la Dra. Azucena Calvillo por parte de elementos de la Fiscalía bajo las órdenes de Ruth Medina Alemán y de la mayor marcha que ha habido en los últimos tiempos en Durango, de ciudadanos que exigieron la destitución inmediata de la Fiscal de marras, el gobernador Aispuro, de manera más que vergonzosa, la mantuvo en su cargo, y hasta la fecha ahí sigue a pesar de ser señalada en otros casos similares como cómplice de tortura, secuestro y despojo de enormes extensiones de tierras.

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La Fiscal General de Durango, Ruth Medina Alemán, famosa por haber mandado secuestrar y torturar a la Dra. Azucena Calvillo, es uno de los ejemplos más claros de corrupción e ingobernabilidad en el sexenio de Aispuro Torres.

Ya en las postrimerías de su sexenio, Aispuro Torres sigue entregando malas cuentas a la ciudadanía con tasas negativas, inferiores a la media nacional, en Crecimiento Económico, Empleos Formales, Productividad y Deuda Pública, de acuerdo a la prestigiada organización denominada “México, Cómo Vamos” (https://mexicocomovamos.mx).

En lo que se refiere a la Deuda Pública, el periodista Rodrigo Rosales, del periódico El Economista, el 2 de junio pasado reveló: “Al cierre del primer trimestre de 2021 Durango fue la única entidad que registró cambios en el Sistema de Alertas respecto al mismo período del año pasado, al pasar de endeudamiento sostenible (semáforo verde) a endeudamiento en observación (amarillo), es decir, empeoró en este indicador”.

En cuanto a la pandemia de COVID19, aunque la responsabilidad es compartida con el gobierno federal, el grave deterioro del sistema de salud estatal, producto de la enorme corrupción que se ha dado en este sector, y las pésimas estrategias de prevención de contagios implementadas por Aispuro Torres han contribuido para que más de 2 mil quinientos duranguenses hayan perdido la vida hasta el momento, conforme a los últimos registros.

A un año de dejar el poder, Aispuro se va con más pena que gloria, rubricando su administración con la construcción del puente del Boulevard Francisco Villa, una obra plagada de actos de corrupción cometidos desde antes de que iniciara su construcción, como la emisión de licencias violatorias de los reglamentos municipales y la carencia de un estudio serio de impacto ambiental que provocó la tala irracional de cientos de árboles y la muerte de infinidad de tordos de pecho amarillo que perdieron su hábitat.

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El puente del Blvd. Francisco Villa, monumento a la corrupción con el que José Aispuro Torres se despide como el gobernador más corrupto del país.

Con el priísmo duranguense como gran ganador en el último proceso electoral, dentro de su alianza con el PAN y el PRD, y los posibles candidatos del partido Morena a la gubernatura acechando el poder como hienas, Aispuro Torres ya se proyecta como un político débil, sin poder suficiente para imponer a un sucesor de su confianza, cómplice, que le cubra la espalda de manera efectiva por la infinidad de tropelías y atrocidades que ha cometido junto con su esposa, su parentela y su séquito de incondicionales saqueadores.

Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la secretaría de Hacienda del gobierno lopezobradorista, por obligación debe investigar al gobernador de Durango, José Aispuro Torres, y a su esposa, Elvira Barrantes.

Aispuro Torres y su cónyuge, Elvira Barrantes, sin lugar a dudas, son candidatos a ser investigados por ese temible titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo, quien no tendrá ningún problema para seguirle la huella a cada centavo mal habido que hayan obtenido durante estos últimos seis años.

Tomando en cuenta las estadísticas del INEGI y lo que los ciudadanos hemos observado, Aispuro se está yendo como el gobernador más corrupto de México.


 

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