Congreso de Durango, la batalla entre pandillas políticas
De la redacción de razacero.
Lo sucedido el pasado 14 de agosto en las afueras del Congreso de Durango, en donde se enfrentaron grupos de militantes priístas y panistas con integrantes del partido Morena, no es más que un fiel reflejo de la putrefacción política que se vive en esta entidad.
El toque vandálico lo dio ese personaje nefasto de la política mexicana, el ex panista Manuel Espino, Comisionado del Servicio de Protección Federal, órgano desconcentrado de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), con el pretexto de que esta dependencia proporciona servicios de seguridad y vigilancia en instalaciones estratégicas del Estado, en dependencias y organismos de la Administración Pública Federal y a “servidores públicos de alto nivel”.
En el exterior del recinto legislativo, elementos de esta corporación bajo las órdenes de Manuel Espino arremetieron con gases en contra de los militantes priístas y panistas que supuestamente intentaban entrar al Congreso para impedir el albazo que estaban perpetrando los diputados morenistas y petistas, que en ese momento modificaban la Ley Orgánica del Congreso duranguense para que los diputados de estos partidos mantengan en su poder el control de la Junta de Gobierno y Coordinación Política en la siguiente legislatura, que comienza en septiembre próximo. El alegato de los diputados ex priístas y ahora morenistas, Otniel García Navarro e Iván Gurrola, fue que su partido Morena fue el partido que más votos obtuvo en el pasado proceso electoral. Y así, a capricho, este grupo inescrupuloso de “legisladores” va a tener un año más para hacer y deshacer en el Congreso de Durango, sobre todo en lo que a manejos financieros de esta institución se refiere.
Como se sabe, violando acuerdos realizados entre las fracciones partidistas, los diputados morenistas tuvieron bajo su mando la JUCOPO dos de los tres años de esta LXVIII Legislatura que está por concluir. Durante este tiempo, de acuerdo a investigaciones realizadas por el Colectivo Ciudadanos por Municipios Transparentes (CIMTRA), el Congreso de Durango fue calificado como uno de los congresos más opacos de la República mexicana.
De los 300 millones que anualmente han manejado los diputados del Congreso duranguense, ni siquiera han justificado el 5% de estos recursos en la Plataforma Nacional de Transparencia y sus “revisiones” de las Cuentas Públicas al gobierno estatal, municipios y organismos autónomos han dejado mucho qué desear pues jamás han derivado en ningún tipo de sanción para ningún servidor público, a pesar de ser evidentes en muchos casos las comisiones de actos delictivos en el manejo del erario.
Corruptos y conservadores a más no poder, los diputados morenistas duranguenses, en su mayoría ex priístas y panistas, en complicidad con los diputados del PT han bloqueado iniciativas de ley importantes como la legalización del aborto y el matrimonio igualitario, además de ser cómplices con los diputados del PRI y del PAN de las corruptelas y atrocidades que ha cometido el gobierno estatal de Durango, especialmente los saqueos perpetrados en las secretarías de Obras Públicas, Salud y Desarrollo Económico, así como de las graves violaciones a los derechos humanos que se han dado en la Fiscalía General de Durango, a cargo de Ruth Medina Alemán.
Así las cosas, la penosa trifulca que los ciudadanos vimos en las afueras del Congreso de Durango entre militantes priístas, panistas y morenistas no fue más que una pelea callejera entre pandillas políticas que se disputan el control del poder y del dinero que se maneja en esta institución, para ponerlos al servicio de sus próximos candidatos a la gubernatura de esta entidad, pues ya se ha visto que lo que menos les interesa a estos partidos y a sus representantes es servir al pueblo de Durango.