Lopezobradorismo ineficiente y gobernadores saqueadores

Este 15 de septiembre llegamos al 211 aniversario del inicio de la guerra de Independencia, liderada por grandes próceres que dieron su vida para que como sociedad pudiéramos ser un poco mejor.

El avance en materia social de aquellos tiempos a la fecha ha sido significativo, sin embargo muchos logros ganados a base de sangre y sacrificio del pueblo mexicano se han ido perdiendo en el camino.

Con el progreso alcanzado en ámbitos tan importantes como la ciencia y la tecnología, habríamos pensado que a estas alturas seríamos más libres, más productivos, más autosuficientes y menos pobres como nación, pero algo ha fallado en este viaje que nos ha llevado a ser lo que actualmente somos: un país carcomido por la corrupción de nuestros gobernantes y deteriorado en su tejido social, hechos que han derivado una crisis permanente en los principales rubros: salud, educación, seguridad, economía y cultura.

Nunca en nuestra historia habíamos tenido un presidente, gobernadores, diputados, senadores y alcaldes tan impreparados, incultos y hasta abiertamente delincuentes “dirigiendo” nuestra gran nación. Y lo peor de todo es que nosotros con nuestro voto los hemos llevado a esos espacios de poder y les hemos dado las llaves de las arcas públicas para que las saqueen y se enriquezcan ilícitamente.

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El presidente López Obrador, un tercer informe plagado de mentiras y una situación desastrosa en el país sin duda alguna han ensombrecido el 211 aniversario del inicio de la guerra de Independencia de nuestro país.

Hoy, tan mal están las cosas con el régimen pseudoizquierdista de López Obrador que muchos anhelan el regreso de las administraciones corruptas priístas y panistas.

A tres años de este sexenio socialistoide, el festejo de los 211 años del comienzo de la lucha independentista no puede sabernos más amargo. Con más de 500 mil decesos por la pandemia de Covid19; superando la cifra de 100 mil homicidios dolosos; con 10 millones más de pobres y una economía quebrada por la ineptitud del gobierno lopezobradorista y los saqueos millonarios que ha estado perpetrando, no hay nada que celebrar.

Y a esta tragedia se han sumado otras de carácter natural, como el terremoto del pasado 7 de septiembre, que si por fortuna no causó pérdidas de vidas si terminó de deteriorar innumerables edificaciones en la Ciudad de México; la inundación de Tula, Hidalgo, por el desbordamiento del río Tula a consecuencia del desfogue de la presa Danxhó, ubicada en Jilotepec, Estado de México, suceso lamentable que causó la muerte de 17 pacientes del hospital general del IMSS, debido al corte de suministro de electricidad que impidió el funcionamiento de equipo médico; y el desgajamiento del Cerro del Chiquihuite, en Tlalnepantla, Estado de México, que ocasionó un muerto y una decena de desaparecidos. 

Estos graves acontecimientos volvieron a poner en la vitrina pública la desaparición del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) por parte del gobierno que encabeza el presidente López Obrador. Este fondo formaba parte de los 109 fideicomisos que el gobierno federal eliminó y servía para otorgar recursos a las entidades federativas golpeadas por terremotos, inundaciones y huracanes.

Este tipo de recursos, que antes llegaban de inmediato a las poblaciones afectadas, hoy se entregan a cuentagotas a la ciudadanía, “de manera directa” y luego de realizar un tardado censo.

Este tipo de reacciones burocráticas e insensibles, como la sucedida en la tragedia de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México, que provocó 26 muertes (de las que hasta el momento no ha habido ningún responsable consignado ante un juez), han causado indignación general y repudio hacia el gobierno lopezobradorista.

Lo mismo sucede en los gobiernos locales de algunas entidades del país, en donde sus gobernadores se han dedicado junto con sus familiares a saquear el erario sin ningún pudor, como el caso del gobernador de Morelos, el exfutbolista Cuauhtémoc Blanco, quien recientemente fue denunciado por formar parte de una red de lavado de dinero y por desvío de recursos públicos. La denuncia, presentada por el abogado Enrique Paredes Sotelo, incluye a su medio hermano, Ulises Bravo Molina, señalado de ser el encargado de los “moches” para la autorización de contratos de obra pública y concesiones en la entidad. Otro de los involucrados en este entramado es Edgar Riou Pérez, primo del gobernador morelense, quien se desempeña como su secretario particular.

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Cuauhtémoc Blanco, gobernador de Morelos, vergonzosamente denunciado junto con sus parientes por lavado de dinero y desvío de recursos.

En esta misma situación opaca se encuentra el gobernador de Durango, José Rosas Aispuro Torres, y su esposa Elvira Barrantes, señalados por empleados del gobierno estatal de formar una red bien estructurada para saquear el erario a través de las direcciones de administración de las secretarías e institutos estatales, que han otorgado durante su sexenio jugosos contratos a empresas de familiares y amigos formadas al vapor. En este contexto, la mayoría de los contratos de obra pública han sido otorgados a unas cuantas empresas ligadas a funcionarios estatales y a constructores sinaloenses, dándose una fuga de capital que ha perjudicado gravemente el desarrollo económico de la entidad.

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José Aispuro Torres, gobernador de Durango, otro de los mandatarios estatales que llegó al poder para beneficiar a familiares y amigos.

Recientemente ha trascendido otra forma de saqueo a través de los “montos pagados por ayudas y subsidios” a familiares del gobernador Aispuro Torres, clase política duranguense y empresas y ciudadanos que han recibido beneficios en cantidades estratosféricas de dinero.

Esta total impunidad se ha reflejado en una bonanza financiera para la familia Aispuro-Barrantes, que ha adquirido costosas propiedades tanto en el estado de Durango como en otras entidades del país.

Es evidente que la corrupción y enriquecimiento ilícito de las élites políticas de nuestro país, sean de “izquierda” o de derecha, van en aumento debido a la total ausencia de acciones por parte de las instancias que deben investigar y sancionar toda la amplia gama de delitos que se cometen en agravio de los contribuyentes.

En este aspecto a la ciudadanía le toca ser mucho más enérgica, más vigilante e interponer denuncias para llevar ante los tribunales a cuanto servidor público saque provecho personal con el cargo que le confiaron los electores. 


 

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