Durango, el morenismo cómplice del panismo corrupto
De la redacción de razacero.
¿Quién no ha comprado un producto que aparentemente es original, pero resultó ser una vil falsificación? ¿Quién no ha sido estafado recibiendo un billete falso? Sin lugar a dudas este tipo de experiencias causan frustración y enojo. Esto fue lo que les sucedió a los electores duranguenses que en 2018 votaron por los candidatos de Morena que acompañaron en las fórmulas electorales al entonces candidato de este partido a la presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador.
Fue el famoso efecto cascada, por el que millones de simpatizantes de López Obrador votaron también por los demás candidatos de Morena sin reflexionar que muchos de ellos tenían antecedentes nefastos y apenas unos días o meses antes habían abandonado las filas del PAN, del PRI o del PRD para integrarse al hoy partido oficialista.
En Durango, los sufragistas llevaron al Congreso local a media decena de priistas y panistas disfrazados de morenistas, pues desde 2015 López Obrador vendió la franquicia de su partido Morena al ala priísta que gobernaba esta entidad norteña. Así llegaron a la máxima tribuna duranguense personajes opacos y de mala fama pública ampliamente conocidos, y si la ciudadanía que votó por ellos pensó en un momento dado que estos flamantes morenistas serían un verdadero contrapeso para el gobierno corrupto del mandatario estatal panista, José Aispuro Torres, muy pronto sufrirían una penosa decepción.
Con amplia mayoría, los diputados morenistas y petistas que llegaron en coalición al Congreso de Durango inmediatamente dieron muestras de sometimiento al gobernador panista saqueador aprobando las Cuentas Públicas sin ningún tipo de observaciones. En el primer año de la LXVIII Legislatura pudimos ver cómo los dos diputados morenistas que presidieron la Junta de Coordinación Política, Sandra Amaya Rosales y Pablo César Aguilar Palacio, fueron comparsas no solo de la corrupción del gobierno estatal sino también de los saqueos perpetrados por varios alcaldes.
La actual diputada plurinominal morenista, Sandra Amaya Rosales, y el ex diputado Pablo César Aguilar Palacio, durante el primer año de la LXVIII Legislatura del Congreso como presidentes de la JUCOPO fueron comparsas de los atropellos cometidos por el gobierno estatal en contra de la ciudadanía duranguense.
Hacia la mitad del sexenio aispurista comenzó a estallar la crisis de ingobernabilidad en esta entidad, tanto por la carencia total de impartición de justicia como por los saqueos brutales al erario que realiza la mafia que dirige José Aispuro Torres.
Uno de los momentos álgidos en el que los diputados morenistas brillaron por su ausencia y le dieron la espalda al pueblo duranguense se dio en el caso del secuestro y tortura de la Dra. Azucena Calvillo, perpetrado por agentes ministeriales subordinados a la Fiscal General Ruth Medina Alemán. Luego de la marcha multitudinaria realizada el 13 de diciembre de 2020 en la capital duranguense, que fue la manifestación más grande que ha habido en la historia de Durango, para exigirle al gobernador Aispuro Torres la destitución inmediata de la Fiscal Ruth Medina Alemán, el mandatario de marras ignoró la voz del pueblo y decidió mantener en su cargo a la funcionaria violadora de derechos humanos, sin que los diputados morenistas condenaran de manera enérgica la protección delincuencial que el mandatario panista otorgó a esta “servidora pública”, y mucho menos promovieran un juicio político en contra de la peligrosa fiscal. Por el contrario, los más protagonistas, Sandra Amaya, Pablo César Aguilar, Iván Gurrola y Otniel García Navarro, fueron tan permisivos que inclusive dispensaron la comparecencia de Ruth Medina ante el Congreso por el resto de la Legislatura, pues en ningún momento se les escuchó en la tribuna de este recinto exigir que esta funcionaria se presentara para ser cuestionada sobre su desastroso papel.
Los ex diputados morenistas Iván Gurrola Vega y Otniel García Navarro, dos de los principales integrantes de la bancada morenista de la LXVIII Legislatura, que de 2018 a 2021 facilitaron la corrupción practicada por el gobierno estatal panista, encabezado por el gobernador saqueador José Rosas Aispuro Torres.
En 2021 se vino encima la pandemia y con ella los ignominiosos saqueos orquestados por el gobernador Aispuro Torres desde la secretaría de Finanzas y la secretaría de Desarrollo Económico, repartiendo estratosféricas sumas de dinero a la élite empresarial y política de Durango, relegando a los pequeños y medianos empresarios, en un hecho conocido públicamente como el SEDECOGATE. Y fueron los diputados morenistas quienes solo mediáticamente señalaron este atraco sin fincar responsabilidades penales y administrativas a los autores de estos desvíos millonarios. Posteriormente, el gobernador bribón simuló ordenar una investigación en la Contraloría estatal para luego anunciar de manera vergonzosa e insultante la “reservación” u ocultamiento de las “investigaciones” del SEDECOGATE ¡por 5 años!
Es por demás decir que ante la actuación opaca del gobernador Aispuro los diputados morenistas, como en ocasiones anteriores, guardaron silencio sepulcral en la tribuna del Congreso.
En los últimos días de la LXVIII Legislatura, los diputados morenistas se hicieron de la vista gorda ante el escándalo de las listas de “ayudas y subsidios” otorgados por el gobierno estatal, dadas a conocer por este medio informativo, en las que aparecen familiares del gobernador Aispuro Torres y políticos recibiendo sumas millonarias de dinero, así como ciudadanos que jamás han solicitado esos beneficios ni recibido dinero alguno.
Y para cerrar con broche de oro su total complicidad con el gobierno panista, los diputados morenistas, en su último día de funciones, le aprobaron al gobernador corrupto Aispuro Torres su solicitud para endeudar al estado, es decir a los contribuyentes duranguenses, con un préstamo de 7 mil millones de pesos.
A grandes rasgos, este fue el papel de los diputados morenistas Sandra Amaya Rosales, Pablo César Aguilar Palacio, Iván Gurrola Vega, Otniel García Navarro, Alejandro Jurado Flores, Karen Fernanda Pérez Herrera, Nanci Carolina Vázquez Luna y Ramón Román Vázquez, además de haber convertido al Congreso de Durango en uno de los más opacos y corruptos de la República mexicana.
Hoy, algunos de estos personajes nefastos ya están prestos para “apoyar” y salir en las fotos con quien sea el próximo candidato del partido Morena a la gubernatura de Durango, y otros como Sandra Amaya e Iván Gurrola han manifiestado sus intenciones de obtener la candidatura de su partido para contender por la alcaldía de la capital de esta entidad norteña, pensando que el electorado duranguense olvidará en 2022 todas las traiciones y ofensas que le hicieron los últimos tres años.