Otniel García, a juicio por enriquecimiento ilícito; faltan Elvira Barrantes, Víctor Hugo Hernández, Ignacio Orrante, Sandra Amaya y José Aispuro Torres | Colombianos: La guerra que viene y el gobierno permisivo de López Obrador

Otniel García, a juicio por enriquecimiento ilícito; faltan Elvira Barrantes, Víctor Hugo Hernández, Ignacio Orrante, Sandra Amaya y José Aispuro Torres.
Colombianos: La guerra que viene y el gobierno permisivo de López Obrador.

Este fin de semana, al medio día del viernes santo, corrió la noticia como reguero de pólvora en Durango: el Juez Noveno de Control y Enjuiciamiento del Tribunal Superior de Justicia del estado de Durango, Carlos Enrique Guzmán González, había girado orden de aprehensión contra el Secretario General del partido Morena en Durango, Otniel García Navarro.

A las pocas horas, filtrado del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango (IEPC), comenzó a circular en redes sociales el oficio por medio del cual el juez Carlos Enrique Guzmán notificaba a esta institución haber determinado “suspender los derechos político-electorales del indiciado Otniel García Navarro, ello en razón de que actualmente se encuentra prófugo de la justicia al haberse dictado una orden de aprehensión en su contra dentro de la Causa Penal número 81/2024 UC1, esto como AUTOR DIRECTO por la probable comisión del delito de ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO” (sic).

Otniel García Navarro, fue declarado prófugo de la justicia por el Juez Noveno de Control y Enjuiciamiento, Carlos Enrique Guzmán González.

La denuncia contra el dirigente estatal morenista fue presentada en mayo de 2022 por los militantes de este partido, Carlos Medina Alemán, expresidente del Comité Ejecutivo Estatal del partido Morena en Durango, y Emmanuel David Reyes Hernández, “El Termi”.

Llama la atención la antigüedad de esta denuncia y el momento “oportuno” para anunciar la orden de aprehensión contra el morenista Otniel García Navarro, que fue inmediatamente después de haber sido nombrado candidato a diputado local de Durango por la vía plurinominal.

No sería la primera vez que las instituciones impartidoras de justicia y las denuncias legítimas hechas por ciudadanos son utilizadas para ejercer algún tipo de presión o represalia contra algunos adversarios o personajes incómodos para el gobierno estatal en turno.

Elvira Barrantes, la FECCED lleva un año 4 meses “investigándola” por enriquecimiento ilícito. Al igual que Otniel García, ya debió haber sido consignada ante un juez.

Un caso similar es el de Elvira Barrantes, esposa del exgobernador saqueador panista José Rosas Aispuro, quien luego de ser denunciada por el que esto escribe, por el delito de enriquecimiento ilícito, días después el fiscal anticorrupción, Noel Díaz, anunció este hecho en todos los medios de comunicación nacionales, apoyado por la dirección de Comunicación Social del gobierno estatal.

Como se sabe, hasta la fecha funcionarios de esta fiscalía dicen que continúan “investigando” a Elvira Barrantes, aunque lo más probable es que estén esperando la coyuntura política para proceder o simplemente dejar las cosas como están, a conveniencia de quienes detentan el poder en esta entidad.

Lo cierto es que la orden de aprehensión en contra del dirigente estatal de Morena, Otniel García Navarro, obliga a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Durango (FECCED) a proceder también no solo contra Elvira Barrantes, sino contra otros destacados personajes del sexenio pasado y de la actual administración que también han sido denunciados con pruebas documentales por la comisión de delitos graves.

El caso más relevante, sin duda alguna, es el de Víctor Hugo Hernández Fuentes, director de Comunicación Social del gobierno del estado de Durango, quien fue denunciado por el que esto escribe desde diciembre de 2023 por los delitos de conflicto de interés, cohecho, peculado, desvío de recursos públicos, fraude y exacción fraudulenta, uso indebido de atribuciones y facultades, tráfico de influencia, ejercicio abusivo de funciones y enriquecimiento ilícito.

Víctor Hugo Hernández Fuentes, compadre del gobernador corrupto Esteban Villegas, le ha dado contratos a su papá por más de dos millones de pesos. La FECCED, de manera premeditada, dilata las diligencias contra este defraudador.

Víctor Hugo Hernández Fuentes desde el inicio del actual sexenio ha otorgado contratos publicitarios de 350 mil pesos mensuales a su papá, el pseudoperiodista Víctor Hernández (ver reportaje Denuncian en la FECCED a titular de Comunicación Social del estado de Durango).

De no proceder inmediatamente la Fiscalía Anticorrupción de Durango en contra de Elvira Barrantes y de Víctor Hugo Hernández Fuentes poniéndolos a disposición de un juez, estaríamos ante el descarado hecho de tener una justicia marcadamente selectiva.

Otras protagonistas de la corrupción en esta entidad que también han sido denunciadas ente la FECCED por enriquecimiento ilícito son la presidenta del Consejo Estatal del partido Morena en Durango, Marina Vitela, y la presidenta de la JUCOPO del Congreso, la diputada morenista Sandra Amaya, famosa por coleccionar lujosas casas con su cónyuge aviador de la secretaria de Educación.

Hay otros más denunciados en esta fiscalía, que ya deberían estar encarcelados desde hace tiempo, como el exsubsecretario de Administración de la secretaría de Finanzas, Ignacio Orrante; el exsecretario de Educación, Rubén Calderón, y el mismo exmandatario panista José Aispuro.

Mucho trabajo pendiente tiene el fiscal anticorrupción duranguense, Noel Díaz, por lo que el caso de Otniel García es solo la punta del iceberg de lo mucho que este fiscal le está quedando a deber a los contribuyentes.

Muy preocupante el reportaje de la revista Proceso, titulado “Carteles mexicanos reciclan a militares y exguerrilleros colombianos”, del periodista Rafael Croda, publicado esta semana, que revela el reclutamiento que han venido haciendo de exmilitares y exguerrilleros colombianos las principales organizaciones delictivas de nuestro país, como el Cartel Jalisco Nueva Generación; el Cartel de Sinaloa; La Familia Michoacana y Los Caballeros Templarios.

La secretaria de Gobernación, Luisa Alcalde, con su consentimiento o sin el, todo un ejército de mercenarios colombianos ha ingresado a nuestro país para combatir en los carteles con generosas pagas.

Francotiradores, fuerzas especiales, comandos, guías caninos, enfermeros, explosivistas y pilotos de drones de origen colombiano desde hace un buen tiempo han estado ingresando a nuestro país para sumarse a las filas sicarias de estos carteles a cambio de atractivas remuneraciones económicas.

Lo inaudito es que los ciudadanos tenemos que enterarnos de estos hechos graves a través de los medios de comunicación, hechos que revelan la anuencia o total ineficacia de la titular de la secretaria de Gobernación, Luisa Alcalde, y de todo el “gabinete de seguridad” del gobierno lopezobradorista, que parece estar de acuerdo en que la violencia se agudice y se extienda, haciendo de nuestro país un gigantesco escenario de guerra.

Y hasta aquí nuestra Tarde de perros con fiscalías anticorrupción altamente selectivas y titulares de Gobernación ciegas, omisas y peligrosamente torpes.