Peña Nieto: El burro hablando de orejas
No deja de llamarnos la atención el enorme cinismo con el que se conducen nuestros gobernantes, de todos los niveles, principalmente el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, quien el pasado 8 de septiembre se atrevió a exhortar públicamente a todos los sectores del país para “asumir una nueva actitud y más valores éticos para combatir la corrupción, condición a la que no podemos resignarnos ni mucho menos condenarnos”, dijo en el marco de su reunión con Los 300 Líderes Más Influyentes de México.
Peña Nieto, además, comentó: “hoy tenemos nuevas herramientas, nuevos instrumentos que derivan de las reformas alcanzadas. Y me sostengo en este dicho. Estoy convencido de que el problema que tenemos para enfrentar la corrupción parte, primero, de reconocer que es una debilidad de orden cultural… es un problema de orden humano, y para hacerle frente tenemos que partir de reconocer esta debilidad.
Hoy tenemos nuevos instrumentos, que derivan de las reformas alcanzadas”.
El presidente destacó la creación de la Fiscalía Autónoma para Combatir la Corrupción y del Instituto de Transparencia y, adicionalmente, dijo, “los partidos políticos discuten, enriquecen y amplían un tema pospuesto: la Comisión Nacional Anticorrupción”.
Así, Peña Nieto nos pide asumir “nuevas actitudes y valores éticos” olvidándose de los saqueos descomunales que realizó siendo gobernador del Estado de México, saqueos que sirvieron precisamente para comprar los millones de votos que lo llevaron de manera ilegal a la presidencia de la República, violando por lo menos 12 veces el tope de gastos de campaña.
Si Peña Nieto quisiera realmente asumir esas “nuevas actitudes y valores éticos” debería de renunciar a la presidencia de la República, esa presidencia que obtuvo gracias a la práctica extrema de la corrupción, tanto de él como de todo su séquito de colaboradores y personeros incrustados en el gobierno federal, gobiernos estatales e iniciativa privada, principalmente el consorcio televisivo Televisa.
Hoy, Peña Nieto, en su discurso cantinflesco, destaca la “creación” de la Fiscalía Autónoma para Combatir la Corrupción y del Instituto de Transparencia, diciendo también que “los partidos políticos discuten, enriquecen y amplían un tema pospuesto: la Comisión Nacional Anticorrupción”.
Sí, así sin ningún empacho lo dice Peña Nieto: la creación de la Comisión Nacional Anticorrupción “es un tema pospuesto” pues ni a él ni a los partidos políticos, ni al Poder Legislativo les ha interesado legalizar las funciones de esta institución.
Y al paso que vamos, por lo que se ve, ni a Peña Nieto ni a nuestros “brillantes” legisladores les urge mucho trabajar para poner en marcha esta Comisión Nacional Anticorrupción.
Al respecto, el periodista de la revista Proceso, Arturo Rodríguez García, en su reportaje publicado el 7 de septiembre pasado, expone:
“A punto de cerrar su segundo año, el gobierno de Enrique Peña Nieto tiene una ventaja sobre los de sus antecesores: Sin haber creado aún la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA) –prometida en su campaña-, deja en el limbo lo que queda de la Secretaría de la Función Pública (SFP), que ahora carece de marco jurídico.
Con la eliminación del artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que normaba a la SFP, esta ha quedado sin soporte legal y sujeta a un proceso de reestructuración que se ha prolongado casi dos años. Aún si se creara la Comisión Nacional Anticorrupción, por el tiempo requerido para su puesta en marcha se llegaría a la mitad del sexenio en las mismas condiciones”.
Óscar Arredondo Pico, analista de la organización civil Fundar, entrevistado por Arturo Rodríguez García, advierte que a lo anterior se suman una serie de condiciones estructurales en las diferentes funciones de rendición de cuentas, transparencia, auditoría, sancionadoras y penales, que impiden la eficacia del combate a la corrupción.
“Estamos peor que al salir Felipe Calderón: No se ha creado la CNA y la SFP está en el limbo. Al desmantelar a la SFP y eliminarla de la ley dejan en estado de indefinición a los órganos internos de control (OIC), cuyos titulares evitan realizar sus funciones tradicionales pues están trabajando sin base real”.
Y el periodista de Proceso, Arturo Rodríguez García, exhibe en texto resaltado: “Con la SFP paralizada, y la CNA en fase de promesa incumplida no hay instrumentos con capacidad de fiscalización de los recursos públicos ni potestad para sancionar a los funcionarios que se aprovechan del erario. No hay transparencia y por lo tanto no hay castigo”.
Así las cosas, es evidente que a nuestro presidente y a nuestros “eficaces” legisladores les urgía más aprobar las contrarreformas constitucionales que nos despojan de nuestro patrimonio que protegernos de la corrupción extrema que practican ellos mismos, la mayoría de los funcionarios públicos que detentan el poder y los dueños de los partidos políticos que se enriquecen de manera brutal a costa del erario, ya sea saqueando las arcas o haciendo los grandes negocios personales con recursos públicos, asignándose concesiones y contratos millonarios de obras públicas.
¿De qué “nuevas actitudes y valores éticos” nos habla el presidente Enrique Peña Nieto?
Hoy, más que nunca, nos urge a los ciudadanos reflexionar si este es el tipo de “políticos” que queremos que nos sigan “gobernando” o decidirnos de una vez por todas a decirles adiós, a ellos y a sus partidos políticos, proponiendo a nuestros mejores ciudadanos, que estén exentos de la podredumbre partidista, para que sean ellos quienes nos gobiernen.