Los despilfarros de Doña Tere

Fernando Miranda Servín.

 

Una práctica corrupta que ya se volvió costumbre en los gobiernos estatales duranguenses es el arrendamiento de inmuebles particulares para instalar oficinas públicas. El ejemplo más vergonzoso de este saqueo encubierto del erario en esta entidad norteña es el ya denunciado innumerables veces del Instituto de Cultura del Estado de Durango, cuyas oficinas ocupan, desde hace por lo menos 6 años, un par de inmuebles propiedad del empresario local Sergio Arturo Campillo Carrete, y por las cuales el gobierno estatal paga más de 100 mil pesos mensuales de renta, cantidad muy superior a las tarifas que regularmente cobran arrendadores que ofrecen propiedades de las mismas dimensiones y más céntricas que los inmuebles que ocupa el ICED. Así, durante 6 años, los últimos dos gobiernos estatales han pagado más de 6 millones de pesos por concepto de renta al empresario Sergio Arturo Campillo Carrete, cuando con esta misma cantidad de dinero ya habrían adquirido un inmueble para alojar al ICED.

Hoy, esta misma práctica depredadora se está llevando a cabo en el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, el DIF, cuya presidenta es la señora Teresa Álvarez del Castillo, esposa del gobernador Jorge Herrera Caldera.

Despensas y más despensas, la política social del DIF.
Despensas y más despensas, la política social del DIF.

Todo comenzó con el derrumbamiento sorpresivo que el gobierno estatal llevó a cabo de la antigua sede de esta institución, que se ubicaba en la Av. Colegio Militar esquina con el Blvd. Francisco Villa, en abril de este año 2013, para vender el terreno a una cadena hotelera en 24 millones de pesos, según informó en su momento el gobernador Jorge Herrera Caldera en los medios de comunicación locales.

A partir de este momento, y “para servirle mejor a la ciudadanía”, la presidenta del DIF estatal, Teresa Álvarez del Castillo, decidió alquilar siete inmuebles en varios puntos de la ciudad capital de Durango.

Luego de solicitar la información relacionada con estos arrendamientos a través de la Comisión Estatal para la Transparencia y el Acceso a la Información Pública, el DIF respondió que celebró un contrato con la INMOBILIARIA ANEROL, S.A DE C.V., por $100,920.00 mensuales por 9 meses, de las siguientes propiedades:

1.- Propiedad ubicada en Negrete 805 Oriente con una superficie construida de 1218.20 m2 y una superficie total de 1523.20 m2, que es donde se encuentra la Dirección General.

2.- Terreno marcado con el Núm. 804 Oriente de la calle Negrete con una superficie de 363.20 m2.

3.- Inmueble ubicado en calle Aquiles Serdán 702 Oriente, con una superficie total de 512.85 m2 y una superficie construida de 208.02 m2, que alberga a la Procuraduría de la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia, todos ellos localizados en la ciudad de Durango, Dgo., y otro contrato con la Sra. Magdalena de la Parra Romo por $52,200.00 mensuales por 9 meses del inmueble ubicado en el número 807 de la calle Negrete Oriente Zona Centro, Durango, Dgo., con una superficie construida de 678.10 m2 y una superficie total de 996.35 m2, en la que están la Dirección de Atención al Desarrollo de la Comunidad y la Dirección de Rehabilitación y Programas Asistenciales.

Sin embargo, el DIF omite en su respuesta  proporcionar información sobre otras tres propiedades que arrienda a particulares y que se ubican en las calles Alberto Terrones 207 Sur, en donde se localizan la Subdirección de Planeación y Modernización, la Dirección de Comunicación Social, Asistencia Jurídica, Contraloría Interna y Departamento de Adopciones; Volantín 310 Barrio de Analco, que aloja a la Dirección de Atención al Desarrollo Familiar y Humano, y Andrés Leyva S/N colonia Luis Echeverría, en donde se encuentra el Comedor Estudiantil, y que podrían superar el monto informado a la CETAIP.

Según trabajadores del DIF, los socios de la INMOBILIARIA ANEROL S.A. DE C.V., la señora Magdalena de la Parra Romo y los propietarios de los inmuebles de los cuales el DIF se negó a proporcionar información sobre los contratos de arrendamiento, son personas cercanas y familiares de altos funcionarios del gobierno del estado de Durango.

“Las rentas que se pagan por estos inmuebles son exageradas y las condiciones en las que trabajamos no son las más óptimas”, acusan empleados de esta dependencia.

“Si ya sabían que se iba a derrumbar la antigua sede del DIF, el gobierno estatal debió de haberse anticipado para construir las nuevas instalaciones y evitar el despilfarro del erario alquilando propiedades particulares”, reclama otro trabajador.

Hoy, 153 mil 120 pesos mensuales de renta (declarados por el DIF a la CETAIP), más una cantidad desconocida por los contratos de arrendamiento de los que el DIF se negó a entregar información y que podría ser mayor a la manifestada, son dilapidados  impunemente sin que ninguna autoridad sancione a los responsables de lesionar el erario de esta manera, en este caso a la presidenta del DIF estatal, Teresa Álvarez del Castillo, cuya labor al frente de esta institución deja mucho qué desear ya que desde que tomó posesión el gobernador Jorge Herrera Caldera solo se ha dedicado a la entrega de despensas, intensificando esta actividad durante los procesos electorales, con escaso o nulo trabajo de campo en las comunidades marginales, que abundan en el estado de Durango.