Hostigador sexual en SEBISED
Fernando Miranda Servín.
El 8 de julio pasado, Lucía Isabel Álvarez Ramírez, de 31 años de edad, comenzó a trabajar en la librería de la UJED, ubicada en la Av. 20 de Noviembre esquina con Victoria, en el centro de la ciudad de Durango. Su jefe inmediato, Gamaliel Ochoa Serrano, desde el primer día que llegó a laborar comenzó a asediarla. Primero fueron piropos, y a medida que pasaban los días los comentarios hacia su persona fueron subiendo de tono con frases vulgares y ofensivas.
Así, expresiones como “qué bonita te ves, me gusta mucho tu cuerpo y tu cara” degeneraron en abiertas propuestas indecorosas como invitaciones a un hotel y hasta sorpresivos tocamientos físicos ofensivos, agresiones que por supuesto no estuvo dispuesta a tolerar Lucía Isabel Álvarez Ramírez.
“El lunes 12 de agosto, aproximadamente a las 12 del día, estando en el interior de la librería de la UJED le pregunté al señor Gamaliel Ochoa si esa quincena me llegaría mi pago, porque desde que ingresé a trabajar no me habían pagado, a pesar de haber presentado toda mi papelería y de que me abrieron una cuenta de nómina en Banamex, a nombre de la UJED. La respuesta que recibí del señor Gamaliel Ochoa fue una invitación para ir a un hotel. Le contesté que estaba equivocado respecto a mi persona y que yo no me prestaba para ese tipo de cosas. Al día siguiente, el martes 13 de agosto, aproximadamente a las 13:00 horas, al encontrarme trabajando me llamó la contadora de la librería, Miriam Jonguitud, para avisarme que estaba despedida ‘porque no era el perfil que el jefe de la librería, Gamaliel Ochoa, buscaba para su personal’”, comenta Lucía Isabel Álvarez.
El 14 de agosto, Lucía Isabel Álvarez Ramírez se presentó en la Fiscalía General del estado de Durango a interponer una denuncia por el delito de hostigamiento sexual en contra de Gamaliel Ochoa Serrano, cuya carpeta de investigación quedó registrada con el número de expediente JPR/FGE/R1/DGO/02605/19; también, el día 5 de septiembre Lucía Isabel Álvarez acudió a la Procuraduría Local de la Defensa del Trabajo para presentar una demanda por despido injustificado en contra de Gamaliel Ochoa Serrano. De la misma manera, la agredida acudió a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Durango, en donde su queja quedó bajo el número de expediente 2019/679.
Posterior a estos hechos, Gamaliel Ochoa Serrano fue nombrado Subsecretario de Desarrollo Productivo, Rural y Regional de la Secretaría de Bienestar Social del gobierno del estado de Durango por el gobernador José Aispuro Torres y por el titular de esta dependencia, Lic. Jaime Rivas Loaiza, cargo desde el cual Gamaliel Ochoa se ha dedicado a desprestigiar en las redes sociales a Lucía Isabel Álvarez Ramírez acusándola de “haber robado dinero de la librería de la UJED” y de “querer dañar su imagen”.
La Contraloría de la UJED, a pesar de haber tenido conocimiento de estos hechos pues Lucía Isabel Álvarez también presentó su queja ante esta dependencia, nunca realizó las diligencias necesarias para sancionar a este pésimo “servidor público”, además de que la UJED se niega a atender los citatorios de la Procuraduría Local de la Defensa del Trabajo, por el despido injustificado de Lucía Isabel Álvarez y la ausencia de pago por los días laborados en la librería de esta institución educativa.
Es necesario que las instancias que tienen conocimiento de este caso actúen de inmediato apoyando a Lucía Isabel Álvarez, quien ha tenido el valor de encarar a su presunto agresor y denunciarlo. También es necesario que las organizaciones sociales de Durango especializadas en la defensa de derechos humanos y equidad de género abriguen legalmente a Lucía Isabel Álvarez, pues es inaceptable que este tipo de hechos sigan permaneciendo impunes en una entidad en la que se ha declarado Alerta de Género por las agresiones constantes que sufren sus mujeres.
Por otro lado, y para finalizar, este tipo de presuntos perfiles depredadores como el de Gamaliel Ochoa Serrano poco ayudan a la imagen del gobierno estatal de Durango, encabezado por José Aispuro Torres, por lo que, quieran o no, las autoridades de la Secretaría de Bienestar Social deberán sopesar la conveniencia de mantener en su cargo a este “servidor público”.