A prisión
Fernando Miranda Servín.
Durango es el único estado de la República mexicana colocado en Semáforo Rojo por la secretaría de Hacienda, lo que significa que por el pésimo manejo de sus finanzas el gobierno estatal fue incapaz de cumplir con el pago de sus deudas a corto plazo; por esta razón, esta entidad tampoco tendrá capacidad para contratar financiamiento en 2023. En pocas palabras, la clase política que gobernó Durango los últimos seis años dejó en bancarrota total a este estado norteño, además de hundirlo en la peor crisis de ingobernabilidad de que se tenga memoria.
El saqueo perpetrado por este cartel de bribones fue brutal, tanto que de él emergió una nueva élite de millonarios que hicieron sus fortunas al amparo del poder; es decir, robando el dinero de los contribuyentes.
Entre este peligroso grupo delictivo destacan personajes que, en los hechos, fueron los que encabezaron el atraco más grande que ha habido a las arcas públicas de esta entidad y, sin lugar a dudas, deben ser encarcelados por los graves delitos que cometieron en perjuicio del pueblo duranguense, aquí enumeramos a algunos de ellos:
1.- José Rosas Aispuro Torres, gobernador de Durango. Desde su campaña electoral, este político bribón ya sabía que accedería al poder para saquear el erario duranguense. El haber nombrado como su secretario de Finanzas a un auténtico delincuente como Arturo Díaz así lo confirma. Arturo Díaz, como exapoderado legal de la empresa minera canadiense First Majestic Silver Corporation colaboró en el despojo a ejidatarios coahuilenses de una mina de plata que produce más de mil 200 millones de pesos anuales. De ese tamaño es la capacidad delictiva de este sujeto (ver reportaje Saqueadores de minas con Aispuro).
También, Aispuro Torres, con su esposa Elvira Barrantes, implementó el saqueo sistematizado en todas las dependencias estatales imponiendo a sus incondicionales en las direcciones de administración para realizar adjudicaciones directas de contratos millonarios a empresas de familiares y amigos que financiaron su campaña electoral.
Los atracos más sonados de este mandatario ladrón fueron los perpetrados a los maestros de la sección 44, a quienes les robó más de 500 millones de pesos por retenciones no entregadas a aseguradoras y financieras, y a los 39 municipios de Durango a los que les robó las participaciones federales que les correspondían durante el trienio 2019-2022. Tan solo al municipio de Durango este mandatario le robó más de 470 millones de pesos y al municipio de Gómez Palacio más de 119 millones.
Los actos de corrupción de este gobernador han sido oprobiosos y van desde la venta ilegal de miles de placas de taxis hasta crímenes de lesa humanidad como la protección abierta a secuestradores, despojadores de tierras y agresores sexuales, así como el desalojo violento de cientos de ferrocarrileros que por medio de amenazas de muerte fueron obligados a abandonar sus hogares y terrenos en plena ciudad de Durango.
Amenazas y venganzas personales contra periodistas, y el haber abandonado a la ciudadanía en manos de grupos delincuenciales son actos que también forman parte de las atrocidades que cometió este mandatario de marras.
José Rosas Aispuro Torres es la más clara definición de un criminal dorado, del sujeto que utiliza el poder que le dio el electorado para delinquir y obtener beneficios personales.
José Rosas Aispuro Torres termina su sexenio encabezando a un grupo selecto de millonarios saqueadores y dejando al estado de Durango en la quiebra financiera absoluta, con altos índices de delincuencia y mucho más empobrecido.
2.- Elvira Barrantes, presidenta del DIF. Conocida entre la planta laboral del gobierno estatal como “La Gobernadora”, Elvira Barrantes ejerció un enorme poder fáctico proporcionado por su esposo corrupto, José Rosas Aispuro Torres. Tanto en el DIF como en algunas secretarías estatales (principalmente en Salud y Obras Públicas) no se tomaban decisiones financieras ni se contrataba a ninguna empresa sin el visto bueno de esta protagonista altamente corrupta (ver reportaje “La Gobernadora“).
Con una declaración patrimonial realizada al inicio del sexenio en la que manifestó tener un ingreso de menos de un millón de pesos anuales, a los tres años de gobierno Elvira Barrantes ya había construido un edificio de más de 30 millones de pesos en la ciudad de Durango (ver nota “El cumpleaños de Doña Elvira“).
Junto con su cónyuge ladrón, Elvira Barrantes operó el saqueo del erario duranguense imponiendo a todos los directores de administración de las dependencias estatales para controlar el manejo del dinero y favorecer a sus parientes y amigos cercanos.
Aparte de su marcado enriquecimiento ilícito, este personaje se caracterizó por su prepotencia y despotismo al ser la principal maquinadora de cientos de despidos injustificados de trabajadores estatales, a quienes despojó de sus plazas con antigüedades de más de 20 años para dárselas a sus incondicionales.
3.- Jesús Arturo Díaz Medina, secretario de Finanzas y Administración. Junto con el gobernador saqueador José Rosas Aispuro Torres, a este funcionario le corresponde la nada honrosa distinción de haber dejado en la bancarrota total al gobierno del estado de Durango. Este sujeto ruin, al mismo tiempo que otorgaba contratos millonarios inflados a empresarios corruptos cercanos al gobernador de marras José Aispuro Torres, desviaba cientos de millones de pesos pertenecientes a las retensiones salariales de los maestros, que debían ser entregadas a aseguradoras y afianzadoras. Jesús Arturo Díaz Medina también es responsable del robo de las participaciones federales que por ley debieron recibir en tiempo y forma todos los municipios de Durango. Este atraco asciende a más de mil millones de pesos.
Adjudicaciones directas de contratos con sobreprecios millonarios y manejo discrecional del dinero público para obtener beneficios personales son solo algunos de los motivos por los que este peligroso sujeto debe ser investigado y encarcelado.
4.- Jaime Rivas Loaiza, secretario de Bienestar. Hermano putativo de José Rosas Aispuro Torres, Jaime Rivas fungió como pésimo “operador político” del gobernador saqueador y uno de los principales orquestadores del asalto a las arcas públicas de Durango.
La secretaría de Bienestar con este personaje se convirtió en refugio de aviadores pertenecientes al círculo cercano del mandatario bribón José Rosas Aispuro.
Al igual que el secretario de Finanzas, Arturo Díaz, este funcionario otorgó contratos de más de cien millones de pesos a dudosas empresas que tenían una planta laboral de solo diez empleados (ver reportaje SEBISED, más de 100 millones para una sola empresa). Este tipo de transacciones fueron frecuentes durante la gestión de Jaime Rivas al frente de la SEBISED.
En el pasado proceso electoral, Jaime Rivas reveló ante integrantes de su círculo cercano que por órdenes del gobernador Aispuro Torres apoyaría con recursos de la SEBISED a la candidata morenista a la gubernatura de Durango, Marina Vitela, quien a la sazón perdería las elecciones frente al candidato priista Esteban Villegas Villarreal.
5.- Adrián Alanís Quiñones, exsecretario General de Gobierno. Este personaje sórdido ocupó la titularidad de la Secretaría General de Gobierno de septiembre de 2016 hasta septiembre de 2020, aprovechando este cargo para traficar influencias y obtener jugosos contratos en las dependencias del gobierno estatal para sus empresas familiares. Adrián Alanís Quiñones fue señalado por el exsubsecretario de Transporte, Lic. Jorge Campos Murillo (fallecido en extrañas circunstancias por un supuesto paro cardíaco), de ser el principal autor intelectual y material de la venta ilegal de miles de concesiones de placas para taxis, en complicidad con el gobernador de marras José Rosas Aispuro Torres; también, Campos Murillo reveló la participación de este funcionario en el despojo violento a ferrocarrileros de la ciudad de Durango de sus casas y terrenos.
Adrián Alanís Quiñones es corresponsable del alto grado de ingobernabilidad que tuvo este estado durante el sexenio que está por terminar.
6.- Raquel Leila Arreola Fallad, secretaria de Contraloría. Amiga íntima de “La Gobernadora”, Elvira Barrantes, esta funcionaria corrupta utilizó el presupuesto de esta dependencia para comprar joyas y accesorios de uso personal (ver reportaje “Contralora incontrolable“). Como “contralora”, Raquel Leila Arreola Fallad se encargó de encubrir los saqueos de los funcionarios estatales al grado de ocultar por 5 años las indagatorias del caso SEDECOGATE, el fraude de más de 60 millones perpetrado por el ex secretario de Economía, Ramón Tomás Dávila Flores, quien otorgó créditos millonarios a integrantes de la cúpula empresarial duranguense durante la pandemia, relegando a miles de pequeños y medianos empresarios. Otro acto oprobioso de corrupción de esta “servidora pública” fue el encubrimiento descarado del saqueo al Festival Revueltas 2018 perpetrado por el ex director de este evento Daniel Hernández (ver reportaje “Festival Revueltas: Los contratos millonarios“), “investigación” que todavía se encuentra archivada en las oficinas de esta funcionaria inmoral.
7.- Verónica Terrones Romero, directora de Comunicación Social. Cercana al gobernador ladrón José Rosas Aispuro Torres y a su esposa voraz Elvira Barrantes, Verónica Terrones tuvo un papel relevante en el saqueo del erario que se llevó a cabo para favorecer a determinados medios de comunicación con convenios millonarios estratosféricos a cambio de guardar silencio sobre las corruptelas y atrocidades cometidas por el gobernador Aispuro Torres y su esposa Elvira Barrantes. Esta funcionaria de marras ordenaba a directores de medios eliminar notas de sus portales digitales que no eran del agrado de la pareja gobernante, así como también practicaba la censura ordenando a los directivos de medios de comunicación que no publicaran denuncias en contra de algunos titulares de secretarías estatales. La desobediencia a estas órdenes traía como consecuencia la pérdida de convenios publicitarios realizados con el gobierno estatal. Hoy, esta “servidora pública” corrupta ya tiene asegurada una regiduría dentro del cabildo del municipio de Durango para el trienio 2022-2025.
Hay otros funcionarios del gobierno encabezado por el mandatario ladrón José Aispuro Torres que también deben ser investigados. La lista es extensa, pues Aispuro Torres lideró un auténtico cartel delictivo. Entre los bribones de menor rango figuran los nombres de Arturo Salazar Moncayo, señalado en el Congreso de Durango por otorgar a diestra y siniestra contratos millonarios de adjudicación directa a empresarios de la construcción sinaloenses; Ramón Tomás Dávila Flores, ex secretario de Economía, autor material del SEDECOGATE quien, al igual que Adrián Alanís Quiñones, utilizó el cargo para beneficiar a sus empresas familiares; y el diputado federal panista Carlos Maturino Manzanera, ex “coordinador general del gabinete”, cargo inventado por el gobernador de marras Aispuro Torres. Este personaje, muy cercano a la pareja gobernante saqueadora, se ha enriquecido ilícitamente al amparo del poder, tanto que su fortuna difícilmente podría ser justificada ante instancias judiciales.
A grandes rasgos, estos son algunos de los personajes del sexenio aispurista que en un Estado de derecho pleno serían fuertes candidatos para ser investigados y encarcelados por el gobierno entrante del priista Esteban Villegas Villarreal y por el gobierno federal, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues lo que le hicieron al pueblo de Durango simplemente es imperdonable. A Esteban Villegas Villarreal y al presidente de la República les toca la responsabilidad de jugar el papel de representantes de la ciudadanía o cómplices de los latrocinios cometidos por este grupo delictivo, dirigido por el gobernador más ladrón que ha tenido Durango en toda su historia: José Rosas Aispuro Torres.